El pago más esperado

Al mediodía del 5 de febrero de 1998, poco más de un centenar de trabajadores del hoy desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) protestaban frente a la sede principal de la institución en la avenida Justo Arosemena, para exigir el pago de “una indemnización justa” frente a la inminente privatización de la entidad estatal.

La administración de Ernesto Pérez Balladares se había embarcado en un proceso de privatización de grandes entidades estatales, como el propio IRHE y el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel). Los trabajadores presentían que el proceso sería traumático para ellos.

Año y medio después, los exfuncionarios estaban enfrascados en un lío que se iba a prolongar por muchos años.

Tras una ardua negociación, los obreros habían logrado el compromiso para el pago de sus indemnizaciones.

Pero los trabajadores, el abogado y la dirigencia que llevó a cabo las gestiones se enfrascaron después en una agria disputa que desembocó en un juicio en el que el letrado reclamaba 3.6 millones de dólares como honorarios. El dinero fue congelado.

En diciembre de 2000 los trabajadores se manifestaron frente a la Corte Suprema de Justicia para que fallara en favor de los aproximadamente 3 mil 500 trabajadores del antiguo IRHE, y se les hiciera efectivo el pago.

DESAFÍO

En abril de 2002, los trabajadores presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías contra el embargo decretado por el Juzgado Séptimo de Circuito, ramo civil, sobre el citado monto.

Una semana después emplazaron al entonces ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, para que se pronunciara.

Delgado, en julio del mismo año, decidió desafiar una orden judicial de entregarle los más de 3.6 millones de dólares al abogado Santana. Argumentaba el jefe de la cartera de Finanzas que ese dinero representaba las prestaciones laborales de los trabajadores del antiguo IRHE. De hacerlo, argumentaba Delgado, “estaría incurriendo en la comisión de un delito”.

Posteriormente, Santana promovió una “querella de desacato” contra el titular del MEF. Sin embargo, el proceso fue revocado por un juez.

´MALA LIQUIDACIÓN´

En 2006 saldría a relucir un problema mayor: el 6 de mayo de 2006, la Corte Suprema de Justicia reconoció “la mala liquidación a los extrabajadores al momento de la privatización del IRHE”. Los exfuncionarios habían sido indemnizados según el Código de Trabajo y no con la legislación especial que se le aplicaba a este sector, argumentaba la Corte. El Estado era responsable.

Bajo esta nueva luz, a los exfuncionarios se les adeudaban ahora 33.2 millones de dólares.

Extrabajadores del IRHE anunciaron entonces una demanda contra el Estado para acelerar el pago.

Un año después, los trabajadores seguían reclamando la indemnización. Nada se había movido. Protestas, recursos legales se sucedieron sin mayor resultado.

El 14 de julio de 2009, el Gobierno solicitó al Consejo Económico Nacional (Cena) la aprobación de un crédito extraordinario de 70 millones para el pago de vigencias expiradas (deudas de vieja data).

Allí se incluyó una partida de cerca de 5 millones de dólares para el pago a los trabajadores del antiguo IRHE.

En junio de 2011, un peritaje fijó en 42 millones de dólares la indemnización que debería pagar el Estado a al menos 2 mil 299 extrabajadores del IRHE, dentro de una demanda contencioso administrativa que databa del año 1997, uno de los tres procesos sobre la misma situación que, para la fecha, se encontraban en la Corte Suprema sin aparente resolución.

El pasado 1 de abril de 2012, el Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (Sitiespa) había anunciado la realización de una serie de reuniones con los extrabajadores del desaparecido IRHE para coordinar acciones que hagan posible que de una vez por todas se materialice el pago de todo lo que se les adeuda en concepto de indemnizaciones.

“Le hacemos un llamado al Presidente de la República para que escuche a estos extrabajadores, porque estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias”, le dijo en ese entonces el dirigente del Sitiespa, Luciano De Gracia, a un periodista de RPC Radio.

Pero, hasta ahora, no hay nuevas noticias.

Participación y reclamos

Hasta abril de este año, extrabajadores portuarios continuaban exigiendo tener participación accionaria en Panama Ports Company (PPC), que en 1997 obtuvo la administración y operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Los extrabajadores han llevado sus demandas ante la Corte Suprema de Justicia. Luego de la privatización recibieron una indemnización del Estado, pero afirman que tienen derecho a la compra de acciones de la empresa.

Alegaban que, al igual que los trabajadores del desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE ) y el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel), tienen derecho a comprar acciones, porque los puertos se privatizaron con la misma legislación. Pero desde el Gobierno se aduce que esto no es posible, ya que en este caso se trata de una concesión, y no de la venta de una empresa estatal.

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