ANÁLISIS

El peligro del derecho a réplica en la ´Constitución´

La ley actual podría ser demandada, pero esa opción sería muy difícil si es aprobada la propuesta de los notables.

TEXTO. La comisión de notables entregó sus propuestas de reformas constitucionales al presidente, Ricardo Martinelli. El documento ahora debe ser evaluado por el Gabinete.Cortesía TEXTO. La comisión de notables entregó sus propuestas de reformas constitucionales al presidente, Ricardo Martinelli. El documento ahora debe ser evaluado por el Gabinete.Cortesía
TEXTO. La comisión de notables entregó sus propuestas de reformas constitucionales al presidente, Ricardo Martinelli. El documento ahora debe ser evaluado por el Gabinete.Cortesía

La propuesta de la comisión de notables de reformas a la Constitución, de elevar a rango constitucional el derecho a réplica reglamentado en la Ley 22 del 29 de junio de 2005, parece en un principio justa e incuestionable. Sin embargo, la redacción y sus implicaciones ya encendieron el debate entre representantes de medios de comunicación y abogados, que ven en ella una potencial amenaza para la libertad de prensa y de expresión.

UNA IDEA JUSTA

El artículo 48 del documento que entregaron los notables al presidente, Ricardo Martinelli, establece que quienes se sientan afectados por noticias publicadas en cualquier medio, podrán aclarar la información en el mismo medio.

La Ley 22 de 2005, que fue producto, en el gobierno de Martín Torrijos, del compromiso de eliminar las “leyes mordaza” por la visita que Panamá tenía prevista a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y la firma de Torrijos de la Declaración de Chapultepec, plantean lo mismo. La intención de los notables es elevar a rango constitucional esa ley.

En principio, nadie se opone a la ley. “Apoyamos que quienes son afectados por informaciones inexactas puedan efectuar su rectificación por el mismo medio”, señala Jean Marcel Chéry, director de El Siglo.

“Siempre estaremos a favor de eso, como lo dice el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, coincide Gerardo Berroa, director de La Estrella de Panamá.

La elevación a la Constitución de la ley actual es, piensa el abogado y miembro de la comisión de notables, Edgardo Molino Mola, una garantía ciudadana. “El derecho a réplica ha sido establecido por algunas constituciones como un mecanismo que se impone a los medios que prestan un servicio de interés público, para que lo ejerzan con responsabilidad”. La posibilidad de ejercer el derecho a réplica, explica, “es una garantía frente a la información falsa, calumniosa o tergiversada, dentro de un contexto de responsabilidad para que la información sea cierta y objetiva. La libre expresión tiene sus límites al igual que el derecho a réplica, que debe ser ejercido dentro del mismo espacio y lugar en que lo difundió el medio”.

Es justamente esa última idea la que, según los consultados, podría llegar a representar una amenaza a la libre expresión. La propuesta de los notables incluye que la respuesta, que deberá publicarse en las siguientes 48 horas de su recibo y para la que todos los medios deberán reservar un espacio permanente, podrá ser incluso más larga que la noticia publicada (ver infografía).

Eso implica que el uso y abuso del derecho a réplica podría acarrear a los medios la obligación de que personas al servicio del Gobierno o incluso acciones privadas concertadas los bombardeen con réplicas interminables, lo que, repetido día tras día, neutralizaría la función informativa con el pretexto del derecho al honor. Un esfuerzo concertado contra un medio podría obligarlo a dedicar todo su espacio a supuestas réplicas, haciéndolo inoperante y dejándolo sin espacio para las noticias.

Sobre esto, aseguran los consultados, ya ha habido casos en los que la mera mención de una persona en una noticia ha motivado más de una carta que no guarda proporción con la información publicada.

Por ello, piensa la presidenta del Consejo Nacional de Periodismo, Norma Núñez Montoto, la propuesta de los notables podría convertirse en un arma para coartar la libre expresión, “que sin duda se vería violentada tras una innecesaria y excesiva protección jurídica”. Según Núñez, mal utilizada esta propuesta podría actuar contra el periodista, los medios y la sociedad. “El respeto al honor y el derecho a una información veraz, con esta nueva propuesta estarán cara a cara”, sostiene.

Es importante diferenciar entre la vida privada de las personas y las actuaciones de los funcionarios. “Cada vez que procuramos legislar sobre el derecho al honor, a la imagen pública e incluso al de la intimidad, caemos en un grave error: no distinguimos individuos de funcionarios. Mientras esa diferencia no se tome en cuenta, por querer proteger legítimamente al individuo amenazamos la libre expresión”, aduce Fernando Berguido, expresidente y exdirector de La Prensa, y expresidente de Transparencia Internacional Panamá.

“Por supuesto que el derecho al honor, a la imagen e intimidad de los individuos es sagrado. Diferente es, explica, cuando ese individuo es elegido para un cargo público, toma decisiones oficiales o administra fondos estatales. Todo cambia, porque el escrutinio de los medios como servidor público cambia todo. Y son precisamente los funcionarios los que en la inmensa mayoría de los casos alegan que ese escrutinio de los medios y la crítica de los ciudadanos u opositores afectan su honor e imagen, o que las investigaciones distorsionan los hechos”.

Hacia allá se dirige la preocupación de Chéry: la propuesta “permite que personas al servicio del Gobierno o acciones concertadas de particulares saturen los medios con réplicas”. Por eso los defectos de esa ley, piensa, no deben constitucionalizarse.

La redacción de la ley actual, apunta Berroa, no define exactamente cuándo y cómo se obliga a la réplica. “Se debe dejar establecido que aplica para réplicas justificadas. Lo que no podemos aceptar es que cualquiera que se autodefina afectado tenga derecho a obligar a un medio a escribir lo que él desea, so pretexto de su derecho a réplica”, señala.

MÁS PREOCUPACIONES

El proyecto, explica el exdefensor del Pueblo Ricardo Vargas, reglamenta un derecho ya descrito en la Constitución: “El derecho a la honra que pretende resguardar el derecho a réplica ya está descrito en los artículos 17 y 37 de la Constitución”.

Además, piensa Vargas, hay varios detalles en la propuesta que deberían estar en una ley y no en la Constitución porque son reglamentarias, no generales.

Con él coincide Edwin Cabrera, director de noticias de Radio Panamá, quien sostiene que “el tema es un tanto complicado, en su ejecución, como para elevarlo a categoría constitucional. Los redactores debieron limitarse a consagrar en el texto el principio del derecho a réplica que tiene una persona cuando considera se le ha atribuido algo que no es cierto o fue sacado de contexto”.

Es precisamente por lo complejo del tema que la ley actual podría ser demandada por atentar contra la libre prensa. Pero esa opción, explica el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez, sería muy difícil de ser aprobada, pues una ley puede ser demandada por inconstitucional, pero la Constitución no. Esta, dice, “requiere de mayores condiciones para su derogación o modificaciones”.

EL BALANCE

Aun cuando la propuesta de los notables dice que la extensión de la réplica obedecerá a la disponibilidad del medio, el director de noticias de TVN, Guido Rodríguez, piensa que debe quedar plasmado que la aplicación del derecho a réplica no podrá afectar el funcionamiento del medio. Eso, piensa, “es necesario para evitar las tentaciones de quienes pretendan retorcer el derecho a réplica con aviesos propósitos”.

Para mantener el balance entre los deberes y derechos, Chéry opina que se requiere también plasmar en la ley fundamental el derecho a la libertad de expresión, con el desarrollo contenido en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto, dice, serviría para elevar a rango constitucional la despenalización de la calumnia e injuria.

En eso coincide Berroa: “La propuesta de los notables debe ir casada con la despenalización de la calumnia y la injuria”.

Esa posición es apoyada por Márquez, quien piensa que los excesos para los que pueda prestarse la norma, como está redactada por los notables, “deberán ser moderados mediante una legislación adecuada o mediante una redacción que armonice con equidad por una parte el derecho al honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen, con la libertad de expresión con predominio de la verdad”.

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