asamblea general de la sip

´El peor semestre para la libertad de prensa´

Los ataques a los medios forman parte de un plan ´de demolición de las democracias´ para reemplazarlas por ´líderes mesiánicos´.
Más de 350 delegados de diferentes países participan en la asamblea de la SIP en Denver, que se inaugura oficialmente hoy. En la foto, la bloguera cubana Yoani Sánchez, quien denunció que se han producido más de 12 mil detenciones arbitrarias de periodistas en Cuba desde 2010. EFE/Laressa Watlington. Más de 350 delegados de diferentes países participan en la asamblea de la SIP en Denver, que se inaugura oficialmente hoy. En la foto, la bloguera cubana Yoani Sánchez, quien denunció que se han producido más de 12 mil detenciones arbitrarias de periodistas en Cuba desde 2010. EFE/Laressa Watlington.
Más de 350 delegados de diferentes países participan en la asamblea de la SIP en Denver, que se inaugura oficialmente hoy. En la foto, la bloguera cubana Yoani Sánchez, quien denunció que se han producido más de 12 mil detenciones arbitrarias de periodistas en Cuba desde 2010. EFE/Laressa Watlington.

“En no pocos países latinoamericanos estamos frente a un plan de demolición de las estructuras democráticas, arropado por un discurso popular que aparenta causas nobles, pero con el único propósito de líderes mesiánicos que quieren perpetuarse en el poder”, señaló Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al iniciarse la recepción de informes por país sobre la situación de la prensa en el hemisferio.

Esto se da en la sexagésima novena asamblea general de ese organismo, que tiene por sede esta ciudad, con la participación de más de 350 representantes de 21 países.

“Sin duda, estamos ante el peor semestre de los últimos cinco años en materia de libertad de prensa", enfatizó Paolillo al indicar que se puede observar claramente la intención de conservar a toda costa el poder en los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

“Una de las formas más soterradas y aviesas que emplean dichos gobiernos para controlar desde el Estado el flujo informativo, dijo Paolillo, es la compra de medios a través de testaferros, allegados o hasta familiares del Presidente, como ocurre también en Nicaragua y Panamá. Estos medios terminan engrosando enormes aparatos de propaganda”.

El pronunciamiento de Paolillo hizo eco al informe de la Vicepresidencia por Panamá presentado ayer ante el pleno de la Asamblea, en el que se deja constancia de que “el cerco informativo del Gobierno al diario La Prensa fue confirmado por el propio Presidente de la República, quien en una entrevista televisiva afirmó haber instruido a los funcionarios de su administración a no dar declaraciones a sus periodistas ni responder los cuestionarios solicitando información pública que hace este medio”.

Consigna el informe que “desde su llegada al poder, el Presidente de la República se ha dedicado sistemáticamente a la adquisición de medios de comunicación social masivos, en contravención a lo dispuesto en la Ley 24 de 1999 que prohíbe expresamente a una persona natural o jurídica, relacionadas o afiliadas, controlar directa o indirectamente televisoras o radios y medios impresos en una misma área geográfica de influencia. Algunos de estos medios son utilizados para proferir ataques contra adversarios políticos del gobierno y contra directivos y / o periodistas de medios independientes”.

La presentación de Panamá recordó los casos de la periodistas Castalia Pascual de TVN, quien denunció que funcionarios del Gobierno se negaron a asistir a su noticiero al igual que al programa dominical “Radar”, de ese medio informativo, y el de la periodista Elizabeth González y el camarógrafo Bolívar Jurado, también de TVN, los cuales fueron retenidos en las inmediaciones de la sede del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) bajo la acusación de realizar trabajo periodístico en área restringida, cuando en realidad hacían un reportaje en el cerro Ancón.

En esa oportunidad, el secretario general del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, fue agredido físicamente por el director del CSN cuando intercedía por los comunicadores mencionados.

De igual modo, el informe de Panamá mostró preocupación por “la generalización de acciones en la jurisdicción civil que buscan obtener condenas contra los medios, sin que exista ninguna proporcionalidad entre el supuesto perjuicio y las sumas reclamadas, lo que compromete el ejercicio periodístico. Es un agravante que los demandantes sean personas o corporaciones privadas que ostentan una relación con el Gobierno. En la actualidad están en proceso múltiples demandas contra los diarios Panamá América, La Estrella, El Siglo y La Prensa”.

Además, subraya el informe que desde enero de este año La Prensa ha interpuesto 19 hábeas data ante la Corte Suprema de Justicia, sin obtener hasta ahora ninguna respuesta, mientras han sido rechazadas 18 solicitudes de información, al tiempo de recordar que desde hace dos años, y en violación de normas internacionales sobre la libertad de expresión, el medio ha sido discriminado en la pauta de publicidad estatal.

Ayer fueron presentados, también, los informes de Argentina y Venezuela, países en los que imperan condiciones difíciles para el periodismo independiente. En el caso argentino fue denunciada la política del Gobierno de acosar con todos los recursos a su alcance a los medios que no simpatizan con el poder, llegando al punto de presionar a los anunciantes privados para que no pauten con ellos.

“Como no puede acallar a todos los medios, les cae a los anunciantes para lograr su propósito de imponer el discurso oficial”, se comentó durante la lectura del informe.

La creación del llamado Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, dispuesta por el Gobierno venezolano, fue objeto de severas críticas durante el segundo día de esta asamblea que analiza el estado de la libertad de prensa en el continente.

Los cuestionamientos obedecen al poder de que está dotado el nuevo organismo, a criterio de uno de los delegados “una verdadera Dina (policía secreta de la dictadura chilena) dentro de la Presidencia de Venezuela”. La entidad emite criterio final e inapelable en materia de divulgación de contenidos en todos los ámbitos de la vida nacional.

En ese sentido, tal instancia venezolana disputa carácter restrictivo a la nueva Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, otro de los temas que concentra la atención de este encuentro, cuya inauguración oficial tendrá lugar hoy a mediodía.

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