POSTERGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

TI pide suspender debate del proyecto de ley 563

La organización de la sociedad civil advierte de que esta nueva pretensión del Gobierno puede desencadenar una crisis en el país.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), solicitó ayer la suspensión de la discusión del proyecto de ley 563, que pretende postergar por dos años la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio en Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá, Colón, Darién y Gunayala.

Angélica Maytín, presidenta ejecutiva de la fundación, señaló que esta seopone a la suspensión del sistema, aunque está consciente de la falta de recursos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“Medicina Legal tiene las mismas carencias de recursos con el sistema inquisitivo y a pesar de eso sigue trabajando; será igual con el nuevo sistema”, dijo.

Rechazó el argumento del Gobierno de que hacen falta fondos, “porque a los diputados se les asignan millones de dólares en partidas circuitales para clientelismo”.

Maytín indicó que la discusión del proyecto en la Asamblea se ha dado de forma acelerada, y ya se aprobó en segundo debate, pero destacó que ninguna autoridad ha sustentado la propuesta en las deliberaciones.

Resaltó que, según estadísticas que maneja, el sistema acusatorio tiene que entrar en funciones en Chiriquí y Bocas del Toro, porque hay muchos detenidos en las cárceles sin ir a juicio.

Maytín pidió una reunión al presidente de la República, Ricardo Martinelli, y al presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez.

Según su opinión, si se posterga la puesta en marcha del nuevo modelo penal habrá otra crisis en el país, y en ese sentido denunció que la decisión de posponer el sistema no se concretó ni en la comisión de alto nivel ni en la comisión interinstitucional creadas para darle seguimiento a la aplicación del sistema; que detrás del proyecto se esconden intereses de funcionarios que tienen casos pendientes y pretenden seguir libres e interponiendo recursos con el sistema inquisitivo.

“Esta decisión fue muy subjetiva, inconsulta y arbitraria”, señaló.

Por su parte, Carlos Gasnell, también representante de TI, advirtió de que lo que pretende el Gobierno es usar el presupuesto en un año preelectoral para el clientelismo político.

Gasnell afirmó que el Gobierno tiene fondos para el sistema, pero le falta voluntad política para ejecutarlo.

Pedirán explicaciones

Aunque el tercer debate del proyecto de ley será el próximo lunes, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas invitó a los nueve magistrados de la Corte y a la procuradora de la Nación, Ana Belfon, para debatir el tema en una reunión el próximo viernes, según confirmó ayer el presidente de ese gremio, Roberto Troncoso.

En dicha reunión, afirmó, les pedirán explicaciones a las autoridades sobre cómo ha marchado hasta ahora el sistema penal acusatorio en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

Troncoso expresó que “con el invento de que no hay presupuesto quieren suspender el sistema en el resto de las provincias, y eso no es conveniente”.

La Alianza Ciudadana pro Justicia envió este jueves una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que dejó sentada su disconformidad por la suspensión del sistema acusatorio.

Otros gremios, como el Colegio Nacional de Abogados y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, se han expresado en contra de la postergación del sistema.

Hace 5 meses había recursos

Ese día, según destaca un comunicado que aparece en la página web de la Presidencia, Martinelli anunció que el sistema acusatorio sería adelantado de septiembre a junio de 2014 para las provincias de Panamá, Colón, Darién y Gunayala.

“Cuando asumimos la Presidencia no se habían asignado los recursos necesarios, pero ya lo hemos hecho; y hacemos todo de nuestra parte para que la justicia mejore. Un sistema garantista como este es mucho más expedito y mucho más rápido”, dijo aquel día. Sin embargo, el anuncio de Martinelli dio un giro radical cinco meses después, cuando el pasado 19 de febrero el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, autorizado por el Consejo de Gabinete, presentó el proyecto de ley 563 que pretende posponer por dos años la entrada en vigencia del sistema en las provincias donde aún no ha comenzado.

Rubén Polanco

´Plataforma digital del sistema es deficiente´

El Órgano Judicial tiene inconvenientes con la utilización de la plataforma digital o sistema informático para tramitar los expedientes derivados de la aplicación del sistema penal acusatorio en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, confirmó Arlene Caballero, coordinadora para la puesta en operación del modelo por parte del Órgano Judicial.

Caballero explicó que los inconvenientes se registran cuando se ingresa la información de los expedientes en la base de datos del sistema, y después no pueden ser visualizados, lo que complica los trámites de notificaciones, traslado de expedientes, control de los salones de audiencias y jueces disponibles; defensores públicos disponibles, entre otros.

Añadió que otra dificultad es que el sistema reparte hasta 15 audiencias a un solo juez por día, cuando dicho reparto debe ser aleatorio, automatizado y equitativo.

Agregó que por los problemas descritos tienen que recurrir al control manual de los trámites, a las notificaciones personales y al reparto de audiencias también manualmente, lo que atrasa el proceso.

Aseguró que ya notificaron estas deficiencias a la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), encargada del contrato del sistema, y en esa entidad se comprometieron a subsanarlas.

De acuerdo con Caballero, la demora radica en que los inconvenientes se han ido detectando sobre la marcha, a la par de la ejecución del sistema, que es utilizado por nueve instituciones.

Este diario tuvo acceso a siete cartas que fueron enviadas desde marzo hasta octubre de 2012 a Eduardo Jaén, director de AIG, en las que se le pedía atender los problemas de la plataforma digital, pero hasta ahora no han sido solucionados.

Edgar Rodríguez, director nacional de la AIG, informó que el contrato fue suscrito con Cable & Wireless por más de $19 millones para la fase inicial en Coclé y Veraguas, y que la garantía vence el próximo 10 de mayo.

En el caso de Herrera y Los Santos, informó que el contrato es por $2 millones, lo ganó Cognos Online y vence el 19 de mayo de 2014.

Dijo que ambas empresas son responsables de resolver las anomalías, en coordinación con AIG.

Consultada sobre el caso, Cable & Wireless informó a través de un correo electrónico que “durante el proceso inicial se efectuaron los ajustes necesarios para la operatividad de la nueva plataforma, y los temas puntuales del día a día de la operación son atendidos una vez reportados”.

Agregó que la empresa está comprometida a seguir dando soporte hasta el final del período de garantía, después del cual, si el Gobierno la contrata, están dispuestos a continuar con el servicio de soporte.

En tanto, Cognos Online indicó que quien debe responder es la AIG.

El Órgano Judicial tiene un presupuesto de $6.6 millones para el sistema en Chiriquí y Bocas del Toro, y aprobó nombrar a 221 funcionarios en ambas provincias. Pero para la comarca Ngäbe Buglé, incluida en el tercer distrito judicial, no se designó presupuesto ni se aprobó personal.

Rubén Polanco

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Cortesía/Sinaproc

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