CORREO ELECTRÓNICO DEL MINISTRO

El plan de los ´hackers´

Solo siete meses después de haber comenzado a darse, Informática del ministerio descubrió el ilícito.

El procurador, José Ayú Prado, ha acusado a cuatro personas en este caso por los delitos de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, contra la seguridad informática y contra la personalidad interna del Estado.

Las pesquisas han demostrado que los implicados (Demetrio Clúa, Pedro Prados Villar, Rogelio Fraiz, Jesús Alemán y un colombiano apodado Manuel Salvatrucha –se desconoce si en realidad este último existe) se conocen desde hace varios años, laboraron juntos, han sido socios en negocios privados y tienen conocimiento de técnicas de informática.

LOS ´HACKERS´

Clúa fue director de Planificación del Ministerio de Trabajo desde julio de 2009 a febrero de 2010, cuando fue despedido, según afirmó, “por un supuesto trato irrespetuoso contra una amistad del señor Presidente, prima de Fraiz”. Previamente, de mayo de 2006 a noviembre de 2008, laboró en Acodeco, donde conoció a Fraiz y Prados Villar.

Fraiz, abogado de profesión, en 2005 fue director de Proyectos y Programas del Ministerio de Trabajo, donde conoció a Alemán. Luego, en 2006 fue nombrado secretario general de Acodeco, donde estuvo con Clúa y Prados Villar. Antes, entre 1994 y 1997, fue funcionario del Ministerio Público (MP) y llegó a ser fiscal de circuito.

Prados Villar fue director de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entre 2004 y 2009, durante el gobierno de Martín Torrijos. Formó parte del equipo que le llevó la contabilidad al exmandatario. Es socio de la firma Prados & Santiago Abogados. Aceptó tener amistad con Clúa y su socio Alemán. Es el único de los acusados que aceptó su participación en este ilícito.

Alemán dijo conocer a Clúa “desde hace mucho tiempo” y ser su socio en una firma de bienes raíces.

PLANEAMIENTO

Entre los años 2007 y 2008, Clúa, Prados Villar, Fraiz y el tal Salvatrucha almorzaban o cenaban frecuentemente en un restaurante ubicado en plaza Córdoba, en la capital, donde aprovechaban para tratar algunos temas.

En cierta ocasión, Salvatrucha le dijo a Clúa que podía suministrarle información de los correos personales de Fraiz, a cambio de 300 dólares. Clúa dijo que lo pensaría.

El 11 de junio de 2010, Fraiz recibió un mensaje electrónico de Salvatrucha. Le contestó al día siguiente. Al parecer este intercambio de correos se extendió hasta principios de 2011.

En diciembre pasado, Clúa y Prados Villar se encontraron en el mall Multi Plaza, en Paitilla, y comentaron la oferta de Salvatrucha. Prados Villar se interesó en el tema y le pidió a Clúa el e-mail del colombiano para localizarlo.

A principios de 2011 comenzó a llegar a la cuenta fenicios65@yahoo.com de Prados Villar, documentos escaneados en formatos PDF con información supuestamente procedente del correo jpapadimitriuq@yahoo.com. Estos mensajes eran enviados desde un perfil ficticio identificado como defensoresdelcambio@gmail.com. Prados Villar sospechó que el que enviaba los correos era Clúa. En varios de estos mensajes también aparece la identificación “RFraiz”.

El grupo intentó infructuosamente negociar la información extraída de los correos del ministro, lo que provoca que la acción ilegal siguiera siendo un secreto entre unos cuantos.

El 4 de julio pasado, Papadimitriu denuncia el hecho ante el Ministerio Público (MP).

Al día siguiente se descubre que desde una computadora con dirección IP 190.218.161.108 se hizo parte de la penetración ilegal del correo de Papadimitriu, desde la oficina de la firma Prados & Santiago Abogados, localizada en San Sebastián, calle Otilia Sarmiento, corregimiento de San Francisco.

Se allana la residencia de Prados Villar. Se encuentra gran cantidad de evidencia encima de escritorios, en carpetas y otros papeles recién impresos. El sospechoso intenta ocultar parte de esta evidencia, pero es sorprendido por los investigadores.

Luego, en la oficina del supuesto hacker se hallaron más evidencias.

Ese mismo día, el procurador José Ayú Prado le notifica al Consejo de Seguridad que debido al contenido de los correos encontrados en poder de Prados Villar, estos serían clasificados como “confidencial y de acceso restringido”. La seguridad estatal lo avala.

En menos de 48 horas Prados Villar fue indagado y puesto bajo arresto preventivo, tras aceptar que era parte de la banda.

En su indagatoria señaló que todo el plan se fraguó porque inicialmente el expresidente Ernesto Pérez Balladares tenía interés en dicha información. Luego dijo que Clúa fue quien le dio la clave de acceso a los correos y le propuso venderle la información hackeada al exmandatario Martín Torrijos, y que inclusive le ofrecieron la documentación al exministro de la Presidencia Ubaldino Real. Añadió que este negocio no se materializó con ninguno de los tres dirigentes del PRD.

Al no poder sustentar estas afirmaciones, el procurador Ayú Prado determinó que no llamaría a declarar a los tres políticos del PRD.

El segundo sospechoso en caer fue Clúa, detenido el 8 de julio. Su exjefe Pedro Meilán fue la única persona que lo esperó a su llegada al Ministerio Público. Clúa declaró al procurador que esta acción de Meilán le pareció “extraña”.

Luego de rendir indagatoria por varias horas, fue llevado a una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde también fue interrogado hasta las 5:00 a.m. por el jefe del Consejo de Seguridad, Julio Moltó.

Clúa negó ser la persona que le facilitó a Prados Villar la clave de acceso del correo privado de Papadrimitriu.

El 15 de julio es apresado en Cerro Viento Jesús Alemán, socio de Clúa. Se le formularon los mismos cargos, pero no se ordenó su detención preventiva.

El último de los supuestos “hackers” en ser capturado fue Fraiz, el 26 de julio pasado. También negó su participación en los hechos. Denunció que tres días antes de su arresto, el Consejo de Seguridad le confiscó en su residencia su computadora, por órdenes de Martinelli.

Sin embargo, un video de seguridad y la declaración del secretario ejecutivo de la Presidencia, Rodrigo Sarasqueta, puso al descubierto que fue el propio Fraiz quien entregó su computadora portátil “como prueba de su inocencia”. Al revisar este equipo, el disco duro estaba en blanco, todo había sido borrado.

A finales de julio, el Procurador le cambió la detención preventiva a Prados Villar. Clúa y Fraiz siguen presos en espera de que se resuelvan sus solicitudes de fianza de excarcelación.

Ayú Prado discrepa con juez

El procurador de la Nación, José Ayú Prado, discrepó de la decisión del juez octavo penal, Raúl Vergara, de enviar la investigación de la infiltración ilegal de los correos del ministro Demetrio Papadimitriu a la esfera municipal y no a la jurisdicción circuital.

El pasado 3 de agosto el juez Vergara emitió este criterio al contestar las solicitudes de fianza de excarcelación de Rogelio Fraiz y Demetrio Clúa, dos de los cuatro imputados.

Vergara basó su decisión en las modificaciones hechas al artículo 174 del Código Judicial, que establece que los delitos con penas privativas de la libertad que no excedan de cuatro años serán atendidos en primera instancia por jueces municipales.

Dos días después de emitida esta resolución, el procurador Ayú Prado emitió su rechazo a la medida, interponiendo una apelación ante el Segundo Tribunal de Justicia.

El jefe del Ministerio Público sostiene que a los acusados se les ha atribuido la responsabilidad por la comisión de tres delitos distintos, que si bien, añade, tienen penas de dos a cuatro años de cárcel, la víctima en este caso tiene el cargo de ministro de la Presidencia.

Además, que se trata de delitos que afectan el derecho a la intimidad, la cual está reconocida como una de las garantías fundamentales dentro de la Constitución Nacional.

También sostiene que Fraiz es funcionario del Estado, suspendido, y que labora en una institución con jurisdicción en todo el país, por lo que existe el riesgo de que se puedan destruir pruebas sobre este caso.

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