institucionalidad

La polémica función del fiscal electoral

Critican que la Fiscalía Electoral tenga un rol pasivo desde hace mucho tiempo, absteniéndose de ejercer las funciones de su competencia.

En los últimos días, el trabajo del fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, ha sido objeto de críticas debido a sus vínculos con el gobernante Cambio Democrático (CD) y por la cantidad de expedientes de funcionarios del gobierno que mantiene sin finiquitar (128, al 8 de octubre).

En una de sus contadas apariciones públicas desde que asumió el cargo (mayo de 2010), el fiscal salió este mes a defender su gestión. Dijo que aún estaba recabando pruebas de unos casos y que acumularía las denuncias por transfuguismo en una investigación.

Peñaloza, que ocupó la subdirección de Migración a inicios de este gobierno y recientemente se postuló para magistrado de la Corte, es cuestionado por guardar silencio en temas que podrían perjudicar a funcionarios de CD, del que fue secretario de la Comisión de Ética y Honor hasta antes de asumir su cargo.

En los dos últimos meses, la ministra Giselle Burillo opinó en Twitter en horas laborales, mientras que el diputado suplente Diego Lombana (nombrado planificador en la Secretaría Nacional para la Discapacidad) convocó en horas de trabajo a una rueda de prensa para hablar de su inscripción en CD.

Peñaloza ha guardado silencio en esos casos, así como también sobre la queja de que el director del Sistema Nacional de Protección Civil, Arturo Alvarado, supuestamente usa el helicóptero de rescate de la entidad para hacer proselitismo.

Hasta ahora, Gerardo Solís, magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE) y exfiscal electoral, no recuerda que Peñaloza (que ocupará el cargo hasta 2018) haya presentado al TE ningún caso concluido con vista de llamamiento a juicio en los que se haya probado el delito y la vinculación del autor. La Fiscalía Electoral empieza procesos de oficio o por denuncia, y tras concluirlos los remite al TE o a los juzgados penales.

Hasta ahora, sostiene la coordinadora del Movimiento Democracia, Justicia y Libertad, Idalia Martínez, “no se conoce ningún resultado cónsono con lo que esperan los ciudadanos; lo que  genera fuertes cuestionamientos frente a la labor que debe desempeñar este funcionario. Y por sus recientes declaraciones, pareciera que el panorama no cambiará”.

“Creo que [Peñaloza] debe tener más iniciativa y ser más proactivo. Si hay indicios de la posible comisión de un delito que involucre a un diputado, debe recoger los elementos preliminares que ameriten una investigación, y transmitirlos a la Corte en atención al mandato constitucional de que es a ella a la que le corresponde investigar y juzgar a los diputados, y no como ha ocurrido: abstenerse de hacer cualquier cosa, con el argumento de que no puede hacerlo por tratarse de un diputado. Al menos que recoja los elementos preliminares y los remita a la autoridad competente”, aduce el exmagistrado del TE Guillermo Márquez.

RECLAMO TRILLADO

Las críticas a la Fiscalía Electoral no son nuevas. Al antecesor de Peñaloza, Boris Barrios, también se le señaló por parcialidad.

Barrios, que llenó la vacante dejada por Gerardo Solís al ser nombrado magistrado del TE, le tomó cuando fue notario la declaración jurada de bienes al expresidente Martín Torrijos (que lo nombró).

Como fiscal, pidió la inhabilitación como candidato a alcalde de Bosco Vallarino luego de una inusualmente rápida investigación que en la oposición dejó un sabor a imparcialidad. Además, canceló una cuña a pedido de Balbina Herrera, excandidata presidencial del PRD, que luego reconoció un error al censurar a su adversario. Barrios, que renunció para enfrentar un proceso penal, fue asesor en la Asamblea cuando Herrera fue diputada.

PROBLEMA DE FONDO

Según Márquez, “la fiscalía ha venido ejerciendo un rol pasivo desde hace mucho tiempo, absteniéndose de ejercer sus funciones por iniciativa propia [de oficio], como si tuviera que esperar que alguien se lo solicitara y aún en estos casos con renuencia”. Hace la salvedad del buen trabajo de Solís cuando fue fiscal electoral, pero advierte que “tanto antes como después la fiscalía más ha parecido un centinela de los intereses del poder, que un protector de los intereses de la sociedad”.

Para Idalia Martínez, “el problema es que los últimos fiscales han sido escogidos del  entorno de los gobernantes, lo que resta independencia al  trabajo de la fiscalía”.

El dilema de los fiscales electorales, sostiene Víctor Lewis, coordinador de la Alianza Ciudadana pro Justicia, es el mismo que el de los procuradores y magistrados: que no cumplen con el perfil y que son nombrados por el Ejecutivo y aprobados por el Legislativo. Esto último lo refuta el abogado y doctor en ciencias políticas Renato Pereira, ya que es lo que le da legitimidad a la designación.

Como fórmula alternativa, Márquez sugiere que el fiscal electoral sea nombrado a mediados del período de gobierno por la Asamblea mediante el voto secreto de no menos de las dos terceras partes de sus miembros.

En conclusión, señala Lewis, “el problema de los fiscales electorales es su absoluta falta de independencia. La percepción ciudadana está bien fundada, porque son funcionarios del Ejecutivo y se comportan como tales”.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

20 Sep 2017

Primer premio

7 6 3 4

BAAB

Serie: 14 Folio: 4

2o premio

8739

3er premio

8290

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código