INICIATIVA LEGISLATIVA

El polémico proyecto 504

Con el proyecto de ley 504, la Asep, a través de un proceso sumario podrá adquirir un terreno privado para desarrollar planes energéticos.

La aprobación en tercer debate del proyecto de ley 504 que permite a las empresas con planes de ejecutar proyectos eléctricos solicitar un procedimiento sumario para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres, ha abierto el debate sobre lo perjudicial que sería para los propietarios de fincas privadas la implementación de esta norma.

Aunque el proyecto, que solo requiere de la sanción del Ejecutivo y su promulgación en Gaceta Oficial para convertirse en ley, no indica que se trata de una expropiación, sectores políticos y constitucionalistas advierten de que con esta norma sí se expropiarían las tierras, pero de una forma acelerada, sin esperar los resultados del proceso establecido por Constitución.

Políticos opositores aseguran que detrás de este proyecto hay sectores empresariales poderosos y mucho interés en la Presidencia de la República, específicamente en el desarrollo de proyectos de energía eólica, en Coclé.

Qué dice el proyecto

El proyecto, que llegó a la Asamblea en agosto de 2012 de la mano del ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, modifica y adiciona artículos a la Ley 44 de 2011 relativos a las centrales eólicas destinadas a la prestación del servicio público de electricidad y al texto único de la Ley 6 de 1997 que regula el servicio público de electricidad.

El artículo más cuestionado de la propuesta es el número 3 que adiciona el artículo 138-A al texto único de la Ley 6 de 1997 y que permite al beneficiario de la concesión solicitar a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) la aplicación del procedimiento sumario para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres, cuando la construcción de cualquier obra relacionada con las actividades de generación, interconexión, transmisión y distribución de electricidad, sea calificada por la Autoridad como urgente.

La Asep, a su vez, determinará el área que utilizará el concesionario para la obra y será la que fijará inicialmente una suma provisional como anticipo de compensación por servidumbre.

Henríquez, cuando presentó el proyecto argumentó que se debe tener presente que en las obras de utilidad pública, el interés privado debe ceder al público, tal como lo establece el artículo 50 de la Constitución.

Viola la ´Constitución´

El abogado constitucionalista Rolando Murgas Torrazza dice que hay que ser muy cuidadosos cuando se da poderes para afectar en un momento dado el uso de la propiedad, sin que eso implique impedir que el interés general está por encima del interés particular. Aseguró que este tema merece un debate especial y reposado para que realmente haya un equilibrio entre ambos intereses.

Torrazza incluso manifestó que este procedimiento podría reñir con la Constitución. El artículo 48 de esta norma establece que: La propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe llenar. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos en la ley, puede haber expropiación mediante juicio especial e indemnización.

Para la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño, el artículo 48 de la Constitución es claro y especifica que el mecanismo para la expropiación es a través de un juicio especial y “no a través de un ente como la Asep, que es una institución totalmente dependiente del Ejecutivo. “Toda norma o ley que se contrapone con la norma constitucional es violatoria”, advirtió.

INTERESES

Para el diputado perredista Leandro Ávila, con esta norma, al propietario de finca que no se ponga de acuerdo con la concesionaria en un período de 15 días, “le aplicarán una expropiación disimulada”. “Necesitamos un Estado que sea respetuoso y garante de la propiedad privada. Con esta ley, el Estado les permite a los particulares y a los sectores poderosos, en especial las transnacionales en asocio con panameños, poder asaltar la tierra de la gente”, advirtió.

En tanto, el diputado panameñista José Blandón expresó que el tema se puede prestar para oficializar el abuso con que el Estado actúa en muchas ocasiones contra los propietarios de tierras. “Lo que se está haciendo es legalizar que el Estado disponga sobre el propietario del terreno, y diga este es el área que va a ser afectada y esta es la compensación que te corresponde”, manifestó Blandón.

Precisó incluso que ha venido escuchando que en la Presidencia de la República hay interés en la generación de energía eólica, por lo que enfatizó que esta norma genera mucha preocupación.

No solo para eólicas

Vicente Presscott , secretario nacional de Energía, ente adscrito a la Presidencia, sostuvo que lo que se busca con esta ley es que las políticas y estrategias que se están implementando se ejecuten en el tiempo establecido. Agregó que la norma se aplicará para todo tipo de proyecto eléctrico, no solo para la eólica, ya que actualmente se dilatan mucho las obras ante la negativa de propietarios de que se utilicen sus terrenos. “Pero el interés público está por encima del interés privado, y tenemos que velar por eso”, indicó.

Explicó que será un grupo de peritos el que estimará, de acuerdo con el valor del mercado, un avalúo sobre el costo de la tierra que se vaya a necesitar, y luego se les comunica a las partes para que se pongan de acuerdo.

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