CONSEJO DE SEGURIDAD DENUNCIA EXTRAVÍO DE MILLONARIOS EQUIPOS DE ESPIONAJE

Acusan a Garuz de peculado

El gobierno de Martinelli instalaba los aparatos en las computadoras y estos permitían consultar archivos e información confidencial.

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Alejandro Garuz, exsecretario del Consejo de Seguridad, es consuegro de Martinelli. Su hija es la esposa de Luis Enrique Martinelli, vástago del exmandatario. Alejandro Garuz, exsecretario del Consejo de Seguridad, es consuegro de Martinelli. Su hija es la esposa de Luis Enrique Martinelli, vástago del exmandatario.
Alejandro Garuz, exsecretario del Consejo de Seguridad, es consuegro de Martinelli. Su hija es la esposa de Luis Enrique Martinelli, vástago del exmandatario.

Una denuncia penal contra el exsecretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, fue interpuesta ayer ante la Fiscalía Primera Anticorrupción.

El recurso fue impulsado por el actual secretario ejecutivo de la entidad, Rolando López Pérez, tras descubrirse la pérdida de equipos para interceptar comunicaciones, pertenecientes al Consejo de Seguridad.

Las máquinas fueron adquiridas el 23 de julio de 2010 por el entonces Fondo de Inversión Social (FIS), hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN), a la empresa israelí M.LM. Protection LTD, representada por el ciudadano Ober Far, a un costo de 13 millones 475 mil dólares. En ese momento el director del FIS era Giacomo Tamburrelli.

Cuando López Pérez recibió el inventario de bienes del Consejo de Seguridad, detectó que Garuz nunca informó de la existencia de este equipo.

En la denuncia, expone que al revisar las inversiones en materia de seguridad sí se encontró el contrato número 045/2010 que contiene el suministro del equipo, pero este “es de paradero desconocido”.

“Sin menoscabo de que puedan existir otros responsables por la desaparición de este equipo tecnológico, sostenemos la responsabilidad del señor Alejandro Garuz, porque él fue el último secretario ejecutivo que tuvo el equipo tecnológico y no me informó en el traspaso de funciones que algunos de sus predecesores: Julio Moltó o Gustavo Pérez, tuviesen alguna responsabilidad con la pérdida...”, afirmó.

DEL SISTEMA

López Pérez explicó que el sistema funcionaba de manera silenciosa y encubierta. Eliminaba todo tipo de exposición al usar círculos de seguridad, agentes encubiertos, y servidores de transacciones no identificadas. Se instalaba silenciosamente en las computadoras del objetivo [personas] y permitía consultar los archivos e información confidencial de los afectados.

En el pasado gobierno, políticos opositores, entre ellos el exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático Mitchell Doens, y el entonces exviceministro de Trabajo Luis Ernesto Carles, denunciaron ante el Ministerio Público ser víctimas de espionaje telefónico y acusaron directamente al Consejo de Seguridad Nacional.

Además de políticos, dirigentes sindicales, voceros de la sociedad civil y hasta periodistas denunciaron públicamente ser objeto de “pinchazos”.

“El equipo tecnológico adquirido por el señor Giacomo Tamburrelli y puesto a disposición del Ministerio de la Presidencia (Consejo de Seguridad Nacional) es altamente sensitivo e invaluable por la capacidad para afectar la intimidad de sus llamados blancos, aunado a que su costo, de 13.4 millones de dólares, es dinero público”, destacó el funcionario.

En lo que respecta a los delitos contra la administración pública, en los distintos tipos de peculado –que se endilgan a Garuz–, el artículo 388 del Código Penal dice: “El servidor Público que sustraiga o malverse de cualquier forma o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores o bienes, cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de cuatro a diez años”. Si la cuantía de lo apropiado supera la suma de $100 mil o si el dinero, valores o bienes apropiados estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de desarrollo o apoyo social, la pena será de ocho a quince años de prisión”.

Frente a la gravedad del hecho denunciado, por la importante lesión patrimonial y de seguridad pública y tomando que el delito conlleva penas de más de cuatro años de cárcel, López pidió a la fiscalía la detención preventiva de Garuz.

Alertó que el equipo extraviado tiene un “carácter peligroso”, en la medida en que su uso conlleva la afectación de derechos fundamentales protegidos por la Constitución y los tratados internacionales.

ESPIONAJE TELEFÓNICO

En octubre, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, cartera a la que está adscrito el Consejo de Seguridad Nacional, expresó que el gobierno anterior tenía máquinas que se dedicaban a pinchar teléfonos.

“Esas máquinas no sabemos dónde están. Los estamentos de seguridad piensan que todavía están en el país, pero no sabemos dónde. […] Me dan ganas de reír cuando escucho al expresidente [Martinelli] acusarnos a nosotros de pincharle el teléfono, cada quien juzga por su condición”, planteó.

Se buscó la opinión de Garuz, pero no respondió las llamadas a su celular.

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