Exfuncionarios, en silencio por sobrecostos en seguridad

Ni José Raúl Mulino, que firmó los contratos en revisión, ni Alejandro Garuz, exviceministro de la cartera, quisieron responder a la denuncia.

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Mulino y Garuz dieron una entrevista a este diario en noviembre de 2011. Mulino y Garuz dieron una entrevista a este diario en noviembre de 2011.
Mulino y Garuz dieron una entrevista a este diario en noviembre de 2011.

Silencio total guardan los exfuncionarios del gobierno anterior ligados a los estamentos en los que, según el actual ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, se habrían firmado contratos con sobrecostos por más de 50 millones de dólares.

Tal es el caso del exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, y el ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz.

En el caso de Mulino, este diario lo llamó ayer en reiteradas ocasiones a su teléfono celular e inclusive contactó a su asistente en la firma de abogados Fábrega, Mulino & Mulino; ello, con el propósito de obtener su versión sobre los sobrecostos denunciados, pero hasta la hora de cierre de esta edición no hubo respuesta.

En el caso de Garuz, tras su comparecencia a una diligencia judicial en la Fiscalía Quinta de Circuito (vea la página 6A), varios periodistas le interrogaron sobre las denuncias de sobreprecios en los contratos en materia de seguridad, pero dijo que no haría comentarios.

Garuz fue designado viceministro de Seguridad en 2010 y en septiembre de 2012 fue nombrado como secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional.

PESQUISAS

Una fuente del Ministerio de Seguridad Pública informó ayer que todos los contratos en los que se detectaron sobreprecios fueron firmados por Mulino.

Además, detalló que aún se realizan auditorías a contratos suscritos en 2012, 2013 y 2014, por lo que el monto de los sobreprecios puede superar los 50 millones de dólares confirmados originalmente por Aguilera.

La fuente precisó, además, que el Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Seguridad Pública ya confeccionó la querella penal que presentará contra los funcionarios que firmaron uno de los contratos con anomalías, concretamente para la compra de bombas lacrimógenas por 9 millones de dólares.

A la vez, informó que frente al escenario descubierto, se ha decidido analizar todos los contratos de compras importantes realizados durante la pasada administración.

Entre los contratos más importantes en los que se han encontrado anomalías se encuentra el suscrito con el consorcio italiano Finmeccanica para la adquisición de 19 radares, 6 helicópteros y un mapa digital por 250 millones de dólares.

Asimismo, el contrato para la repotenciación de cuatro helicópteros por un monto de 20 millones de dólares, en el que se estima pudo haber un sobreprecio cercano a los 14.2 millones de dólares.

Otro de los convenios en revisión tiene que ver con la adopción de pólizas de seguro para los funcionarios de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio de Protección Institucional.

Según las auditorías preliminares, por estos contratos se está pagando 50% más de su valor real en el mercado local.

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