Hoy: Café con La Prensa sobre la reestructuración de la ciudad de Panamá

Por protestar, reprimen a autoridades elegidas

Nuevamente el Gobierno optó por utilizar la violencia para acallar la demanda de fondos del Prodeso, por parte de alcaldes y ediles opositores.

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Con gases lacrimógenos y gas pimienta, agentes antidisturbios de la Policía Nacional dispersaron a unos 200 alcaldes y representantes de corregimiento que reclamaban, apostados en la vía Interamericana (a la altura de Divisa), un reparto equitativo de los fondos del Programa de Desarrollo Social (Prodeso).

Las autoridades municipales de diversas provincias exigen del Ejecutivo recursos para atender las necesidades comunitarias. Aunque personeros del Gobierno afirman que todas las juntas comunales reciben recursos para dichos fines, las autoridades municipales elegidas aseguran que hay favoritismo hacia el oficialista partido Cambio Democrático en la distribución de las partidas.

Durante la manifestación los alcaldes y concejales, entre ellos el capitalino Bosco Vallarino, hicieron fuertes acusaciones contra el proceder del Gobierno por negarles apoyo para acción social en sus jurisdicciones.

La protesta se prolongó por tres horas, dándose el cierre de los cuatro paños de la vía Interamericana. Ningún funcionario llegó a dialogar con los manifestantes.

Tras la represión, varios de los alcaldes y ediles recordaron los sucesos trágicos de Changuinola (julio de 2010) que dejaron muertos, invidentes y 700 heridos, y criticaron la falta de visión y ecuanimidad del Gobierno.

Gustavo Pérez, director de la Policía Nacional, justificó la represión en el hecho de que los manifestantes afectaron a terceros con el cierre de la vía. Además, Pérez recordó la vigencia de la Ley 14 de 2010 que establece como delito abusar del derecho de reunión.

Por su parte, la Presidencia de la República dijo en un comunicado que los fondos de Prodeso no se asignan de manera selectiva, como alegan las autoridades locales. Juan Carlos Varela, presidente del Partido Panameñista, así como el secretario general del Partido Revolucionario Democrático, Mitchell Doens, condenaron la represión y exigieron la entrega de los fondos a las autoridades municipales.

(Con datos de Vielka Corro y Gustavo Aparicio)

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