La reviviscencia de la Sala Quinta y la reelección presidencial inmediata

La sentencia del 25 de enero de 2011 del pleno de la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley 49 de 24 de octubre de 1999, en virtud de la cual se había derogado la Ley 32 de 23 de julio de 1999, que creó la Sala Quinta de la Corte Suprema.

La referida sentencia, al prohijar la doctrina de la reviviscencia de la ley, ha provocado que retome vigencia y vida jurídica la Ley 32 que creó la referida Sala, con lo cual, entre otras cosas, se le permitirá al señor Presidente nombrar tres nuevos magistrados en la Corte.

Como es sabido, conforme a la mencionada doctrina, la declaración de inconstitucionalidad de un precepto que ha derogado una norma anterior determina la resurrección automática de esta última. La explicación más sencilla de este fenómeno es la de que, con la declaración de inconstitucionalidad del precepto derogatorio, desaparecen del ordenamiento jurídico todos sus efectos, incluido, como es natural, el efecto derogatorio que, en su momento, tuvo el precepto declarado inconstitucional. Por lo mismo, la reversión y la desaparición del referido efecto derogatorio determina al renacimiento de la ley previamente derogada. La doctrina en cuestión rige en muchos países, entre los cuales menciono a España y a Colombia por la influencia que ambos han tenido en el desarrollo de nuestro sistema jurídico.

Esa doctrina fue prohijada en nuestro país, por vez primera, en la sentencia del 31 de enero de 1994 de la Sala Tercera de la Corte, dictada por los exmagistrados Arturo Hoyos, Edgardo Molina Mola y Mirtza de Aguilera. En mi concepto, se trata de una sentencia bien razonada y fundamentada.

Dos tesis se han esgrimido para cuestionar la decisión de la Corte de adoptar la doctrina que nos ocupa. La primera de ellas consiste en afirmar que tal doctrina es contraria a lo que dispone el artículo 37 del Código Civil al que me referiré más adelante. La segunda tesis sostiene que la reviviscencia de la norma derogada por otra que ha sido declarada inconstitucional, solamente puede darse en los países cuyo ordenamiento jurídico le adscribe efectos retroactivos absolutos a las sentencias de inconstitucionalidad, cosa que no ocurre en derecho panameño, según se sigue, en efecto, de lo que dispone el artículo 1573 del Código Judicial. Por las razones que a continuación expongo, no comparto ninguno de los dos argumentos esbozados.

En lo que concierne al primero, apunto que el citado artículo 37 del Código Civil panameño, que es copia casi literal del artículo 14 de la Ley 153 de 1887 de la república de Colombia y que dispone, en esencia, que una ley derogada no revivirá por haber sido abolida la ley que la derogó, no es aplicable al supuesto en el que la derogación es producto de una sentencia de inconstitucionalidad.

En Colombia, tanto la doctrina científica como la jurisprudencial, de manera unánime y reiterada, han sostenido que el citado artículo de la Ley 153 de 1887, que, dicho sea de paso, sigue vigente, no es aplicable, como queda dicho, a los casos en los que se declara la inconstitucionalidad de una ley que ha derogado otra anterior. Ello es así porque la derogación de una norma por decisión del legislador –como es el supuesto previsto en las citadas normas colombiana y panameña– obedece a un criterio de conveniencia política, que nada tiene que ver con la validez de la norma derogada. En cambio, el fallo que declara la inconstitucionalidad de un precepto legal o infralegal surge de un conflicto o incompatibilidad existente entre la Constitución y el precepto de que se trate, lo cual obliga al tribunal al que compete preservar la supremacía de la Constitución a expulsar del ordenamiento jurídico el precepto incompatible con esta última. Se trata, a ojos vistas, de fenómenos jurídicos completamente distintos y de allí que también lo sean las consecuencias que dimanan de uno y otro.

Vale la pena mencionar el hecho de que el artículo 2 del Código Civil español también dispone que por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que esta hubiere derogado. Este precepto no ha sido óbice para que en España se haya adoptado la doctrina de la reviviscencia de la ley.

Tampoco estoy de acuerdo con el argumento según el cual la dicha reviviscencia solo es admisible en los países cuya legislación adscribe efectos retroactivos absolutos a sus sentencias de inconstitucionalidad. En Colombia, por ejemplo, la jurisprudencia y la doctrina científica se han pronunciado invariablemente en el sentido de que si bien es cierto que, declarada la inconstitucionalidad de una ley, revive, automáticamente, la que esta había derogado, no lo es menos que dicha reviviscencia no afecta ni destruye las situaciones jurídicas ya consolidadas o completadas al amparo de la ley declarada inconstitucional. Ello pone de relieve, a ojos vistas, que la doctrina de la reviviscencia de la ley no depende realmente de que la sentencia de inconstitucionalidad tenga efectos retroactivos.

Con razón se ha señalado en Colombia que la necesidad de respetar las situaciones jurídicas consolidadas a tenor de la ley declarada inconstitucional viene impuesta por el principio de seguridad jurídica, principio que sería vulnerado si se le otorgaran efectos retroactivos a los fallos de inconstitucionalidad. Véanse, a manera de botón de muestra, entre muchas otras, la sentencia del 23 de agosto de 1988 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Colombia (expediente S-032) y la sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema colombiana distinguida con el número C-055 del 15 de febrero de 1995.

Esta ha sido también la posición del Tribunal Constitucional español, el cual, a partir de su sentencia distinguida con el No. 45 de 1989, al variar su criterio anterior relativo a los efectos retroactivos absolutos de las sentencias de inconstitucionalidad, dispuso que las normas declaradas inconstitucionales deben considerarse válidas hasta la publicación de la sentencia de inconstitucionalidad, a efectos de evitar así que dichas sentencias, en desmedro del principio de seguridad jurídica, tengan incidencia sobre las relaciones y actos constituidos con arreglo a la ley declarada inconstitucional. Esta nueva orientación del Tribunal Constitucional español ha sido reiterada en muchas sentencias posteriores. En todas ellas, dicho Tribunal ha traído a colación el principio de seguridad jurídica, tal como lo han hecho los tribunales colombianos, para evitar que el fallo de inconstitucionalidad afecte las situaciones jurídicas individuales previamente consolidadas al amparo de la ley declarada inconstitucional.

Tal vez un ejemplo sencillo contribuya a explicar, de manera gráfica, las consecuencias prácticas que surgen de las consideraciones jurídicas que quedan expuestas. Supongamos que la Ley 1 de 2000 establece en un 15% el impuesto que incide sobre la renta gravable neta de los contribuyentes y que, cinco años después, la Ley 2 de 2005 rebaja dicho impuesto al 10%. Si ocurre que, 10 años después de la entrada en vigencia de la Ley 2 de 2005, es decir, en el año 2015, la Corte Suprema declara que dicha Ley 2 era inconstitucional, la sentencia pertinente tendría, según las explicaciones antes consignadas, como primera consecuencia la reviviscencia de la Ley 1 del año 2000 y, por tanto, de allí en adelante, el impuesto sobre la renta quedará nuevamente fijado en un 15%. La segunda consecuencia del fallo sería la de que para el contribuyente que durante los 10 años de vigencia de la Ley 2 de 2005 haya pagado el referido impuesto conforme a dicha ley, el fallo de inconstitucionalidad no tendrá efectos retroactivos y, por tanto, se le respetarán, merced al principio de seguridad jurídica, las situaciones jurídicas individuales consolidadas a su favor.

En síntesis, está claro que la doctrina de la reviviscencia de la ley no descansa, en absoluto, en que los fallos de inconstitucionalidad tengan efectos retroactivos absolutos.

No se me escapa que el tema de la reviviscencia de la Sala Quinta tiene unas implicaciones políticas que nada tienen que ver con las consideraciones jurídicas que me he permitido exponer. Ello es que con la resurrección de dicha Sala se acentuará, sin duda, el control que el señor Presidente ya ejerce sobre la Corte Suprema. Esta realidad, en opinión de algunos, prácticamente le asegura al Presidente su reelección inmediata, porque, se afirma, la Corte así controlada podría, por arte de birlibirloque, dictar un fallo que se lleve de calle la norma constitucional que prohíbe dicha reelección, tal como lo hizo en Nicaragua la Corte Suprema con el precepto constitucional que en ese país prohibía la reelección de Daniel Ortega y, aunque nadie lo menciona, pero yo sí, tal como ocurrió en Costa Rica, donde la Sala Constitucional de la Corte Suprema dejó sin efecto el precepto constitucional que prohibía absolutamente la reelección de todos los expresidentes de ese país.

Por las razones que me permitiré exponer en otro artículo, no comparto el temor de que nuestra Corte Suprema pueda darse maña, por muy controlada que esté, para hacer tabla rasa de la norma constitucional que, desde 1941, prohíbe en Panamá la reelección inmediata del Presidente. Como veremos cuando vuelva sobre el tema, ni el precedente de Nicaragua ni el de Costa Rica dan para tanto.

En mi concepto, solo una asamblea investida del poder constituyente originario podría reformar la norma constitucional meritada y darle efectos retroactivos a la correspondiente reforma. En este orden de cosas, pienso que quienes ahora están promoviendo, desde la oposición y la sociedad civil, la iniciativa de convocar una asamblea constituyente, así sea la ridículamente llamada constituyente paralela, con la ilusión de que la controlarán, deben analizar a profundidad las posibles consecuencias de esa iniciativa en punto al tema de la reelección inmediata. Les sugiero, por lo pronto, que lean con cuidado el estudio que sobre la constituyente paralela y sus facultades ha publicado, con su habitual lucidez, el doctor Rigoberto González Montenegro en su monografía titulada La Asamblea Constituyente. Me referiré a este asunto en mi próximo artículo.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

24 Sep 2017

Primer premio

1 0 7 1

ACDA

Serie: 23 Folio: 11

2o premio

8324

3er premio

5691

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código