[SEGUNDA PARTE]

La reviviscencia de la Sala Quinta y la reelección presidencial inmediata

Al referirme recientemente a la reviviscencia de la ley que creó la Sala Quinta de la Corte Suprema señalé, entre otras cosas, que con tal reviviscencia se acentuará el control que ya ejerce el Presidente de la República sobre la Corte, dado que este podrá nombrar a tres nuevos magistrados en dicho tribunal.

Y agregué que esta realidad, en opinión de algunos, prácticamente le asegura al Presidente su reelección inmediata, porque, se afirma, la Corte así controlada podría, por arte de birlibirloque, dictar un fallo que se lleve de calle la norma constitucional que prohíbe esa reelección.

En apoyo de esta afirmación se trae a colación la sentencia dictada por la Corte Suprema de Nicaragua, que dejó sin efecto el precepto constitucional que en ese país prohibía la reelección de Daniel Ortega, y aunque nadie lo menciona, pero yo sí, la sentencia que profirió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica mediante la cual declaró inexequible el precepto constitucional que prohibía absolutamente la reelección de todos los expresidentes de ese país.

Por las razones que me permitiré exponer enseguida no comparto el temor de que la Corte Suprema de Panamá pueda darse maña, por muy controlada que esté, para hacer tabla rasa de la norma constitucional que, desde 1941, prohíbe en Panamá la reelección inmediata del Presidente. Como veremos, ni el precedente de Nicaragua ni el de Costa Rica dan para tanto.

Empiezo con el caso de Costa Rica por ser el más antiguo. La Constitución costarricense, aprobada en 1949 por una asamblea revestida del poder constituyente originario, dispuso que no podía ser elegido Presidente ni Vicepresidente quien hubiera servido la Presidencia en cualquier lapso de tiempo dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verificare la elección.

Esta norma fue reformada por el Órgano Legislativo de Costa Rica a tenor de la Ley 4349 de 1969, conforme a la cual se optó por prohibir la reelección de los expresidentes costarricenses. La referida ley fue dictada con arreglo al precepto constitucional que faculta al Órgano Legislativo para reformar la Constitución, lo cual supone que este actuó en ejercicio de lo que suele denominarse el poder constituyente derivado.

La referida ley fue impugnada por inconstitucional. La Corte Suprema de Costa Rica, luego de analizar el tema de la reelección presidencial en la historia constitucional costarricense y de señalar que la norma aprobada por la Asamblea Constituyente de 1949 formaba parte de una tradición que, a la sazón, tenía 88 años de existencia, llegó a la conclusión de que el precepto supramencionado constituye lo que la Corte del vecino país calificó de “decisión política trascendental” del constituyente originario y que, por ser esa su naturaleza, el Órgano Legislativo costarricense, en ejercicio del poder constituyente derivado, no podía reformarlo.

En tal sentido, la Corte Suprema de Costa Rica afirmó que las normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales o a las referidas decisiones políticas trascendentales solo pueden ser reformadas por una asamblea dotada del poder constituyente originario y no por el Órgano Legislativo. En consecuencia, anuló la reforma practicada mediante la Ley 4349 y dispuso la reviviscencia de la norma constitucional aprobada en 1949 por el constituyente originario.

El caso de Nicaragua, en el fondo, no es distinto del de Costa Rica. En ambos se prohijó la misma doctrina constitucional. Veámoslo. La Constitución nicaragüense aprobada en 1986 por la Asamblea Nacional Constituyente, titular del poder constituyente originario, permitía, sin cortapisas de ninguna índole, la reelección del Presidente y del Vicepresidente, así como la de los alcaldes y vicealcaldes, de suerte que unos y otros podían optar, de manera sucesiva, al mismo cargo público que ocupaban.

En 1995, el Órgano Legislativo nicaragüense, en su calidad de constituyente derivado, mediante la Ley 192 de ese año, dispuso, entre otras cosas, que no podía ser candidato a Presidente ni a Vicepresidente de la República quien ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni quien lo hubiere ejercido por dos períodos presidenciales. Además, se dispuso en dicha ley que los alcaldes y vicealcaldes solo podían ser reelegidos por un período, que no podía ser el período inmediato siguiente.

Ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua se planteó un recurso de amparo que, al igual que en el caso de Costa Rica, giró, fundamentalmente, en torno a la cuestión de los límites del poder constituyente derivado, esto es, el que ejerce el Órgano Legislativo, frente a los principios fundamentales establecidos en la Constitución por decisión del poder constituyente originario.

Luego de analizar dicha cuestión, la Corte Suprema de Nicaragua se pronunció en el sentido de que el derecho de elegir y ser elegido establecido por la Asamblea Nacional Constituyente, no podía ser reformado en forma alguna por el Órgano Legislativo y, por tanto, declaró inaplicable erga omnes las disposiciones de la Ley 192 que limitaban el derecho del Presidente, del Vicepresidente, de los alcaldes y vicealcaldes a ser reelegidos, sin restricciones de ninguna clase y sin solución de continuidad.

Como se puede apreciar, los citados precedentes se apoyan, fundamentalmente, en la doctrina que enseña que los derechos fundamentales y las decisiones políticas trascendentales adoptadas en la Constitución de un país por el poder constituyente originario, no pueden ser modificados o menoscabados por el Órgano Legislativo, así proceda este en ejercicio de la facultad que le otorga la Constitución de reformar su texto.

Ello es así porque, como queda dicho, el poder constituyente derivado, a diferencia del originario, no es ilimitado, ya que, según las sentencias reseñadas, tropieza con dos barreras infranqueables, a saber: la de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución por el constituyente originario, que no pueden ser menoscabados, y la de las llamadas decisiones políticas trascendentales, que no pueden ser reformadas.

La determinación de cuáles sean esas decisiones políticas trascendentales es asunto espinoso y harto opinable, que solo puede ser abordado caso por caso. Hay, obviamente, supuestos en los que la cuestión ofrece pocas dudas. Así, por ejemplo, si la Constitución aprobada por el constituyente originario adopta un sistema de gobierno presidencial, no parece jurídicamente viable que el Órgano Legislativo, actuando como poder constituyente derivado, pueda adoptar un gobierno de gabinete. Y no añado nada más porque no quiero perderme por los cerros de Úbeda.

Ahora bien, es claro que, a la luz de lo que queda dicho, salta a la vista que los precedentes de Costa Rica y Nicaragua no le prestan apoyo alguno a la Corte Suprema de Panamá para que esta pueda saltarse a la torera la norma que prohíbe la reelección inmediata del Presidente de la República. Esa prohibición fue aprobada por el constituyente originario y respetada, invariablemente, por las sucesivas constituciones y reformas constitucionales que en Panamá han tenido lugar.

Aquí la tradición constitucional que prohíbe la reelección inmediata del Presidente arrancó con la Constitución de 1941 (ver artículo 117), y se reiteró en la Constitución de 1946 (ver artículo 139), en la de 1972 (ver artículo 158), así como en las reformas de 1978, de 1983, de 1994 y de 2004, sin que haya ocurrido ningún cambio constitucional, como los que en Costa Rica y en Nicaragua dieron pie a las dos sentencias que he comentado someramente párrafos antes.

Si acaso esas sentencias servirían para apoyar la tesis de que cualquier cambio que se pretenda introducir en materia de reelección presidencial en Panamá, tendría que ser aprobado por una asamblea dotada del poder constitucional originario.

Para terminar, quiero decir dos palabras acerca de la iniciativa que, en fecha reciente, han emprendido los partidos políticos de oposición y varios sectores de la sociedad civil para lograr la convocatoria de la llamada Asamblea Constituyente Paralela prevista en el artículo 314 de la Constitución, con la mira de que esta apruebe una nueva Constitución.

Huelga apuntar que el contenido de esa nueva Constitución será determinado, a la postre, por el grupo de personas que constituyan la mayoría de los miembros de la asamblea. A propósito de ese contenido y de esa mayoría, creo pertinente formular algunas preguntas que deben invitarnos a la reflexión ¿Quién nos asegura que los representantes en la Asamblea de los partidos de oposición y de los sectores de la sociedad civil constituirán la mayoría de los constituyentes? ¿Cuentan los partidos de oposición y sectores de la sociedad civil con los recursos necesarios para financiar las campañas de sus respectivos candidatos? ¿No será que, en estos momentos, quienes cuentan con esos recursos son los partidos del gobierno y sus aliados? ¿No serán estos quienes controlarán la constituyente? ¿Qué suerte correría en manos de la constituyente así controlada el tema de la reelección inmediata?

En este orden de cosas, interesa, en mi concepto, tomar muy en cuenta la importante tesis que, en relación con las facultades de la Asamblea Constituyente Paralela, ha desarrollado el Dr. Rigoberto González Montenegro en su opúsculo titulado La asamblea constituyente.

Señala el Dr. González Montenegro que, debido a los protuberantes defectos de técnica jurídica en que incurre el artículo 314 de la Constitución, dicha asamblea podría terminar, en la práctica, convertida en un órgano con poder equivalente al del constituyente originario. Ello es que, conforme a dicho precepto, la referida asamblea puede aprobar una Constitución totalmente nueva y distinta de la actual, lo cual le permitirá liberarse de todas las restricciones que le impone el citado artículo 314, según el cual las decisiones que adopte la Asamblea Constituyente Paralela no pueden tener efectos retroactivos, ni pueden alterar los períodos de los funcionarios elegidos o designados que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución.

Aclaro, para evitar equívocos, que el Dr. González Montenegro reconoce que su tesis está lejos de constituir una verdad absoluta y admite que el artículo 314 puede ser, en efecto, interpretado en una forma distinta de la que él ha expuesto. Sin embargo, no hay duda de que su tesis nos plantea, querámoslo o no, la gravísima interrogante de determinar si en verdad conviene que, en este momento, el país se aboque a la aventura de una reforma constitucional cuyo contenido podría ser impuesto por quienes hoy en día nos gobiernan.

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