DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LAS AUTORIDADES

El secreto mejor guardado

Al igual que todos los gobiernos anteriores, el gabinete de Juan Carlos Varela prefiere no hacer pública su declaración de bienes.
Esmeralda Arosemena de Troitiño LA PRENSA/Archivo. Esmeralda Arosemena de Troitiño LA PRENSA/Archivo.
Esmeralda Arosemena de Troitiño LA PRENSA/Archivo.

Durante el gobierno de Ricardo Martinelli, varios de los funcionarios más allegados al poder dieron muestras de su poder adquisitivo: compraron costosos apartamentos, casas en el área revertida, autos y demás.

Sin embargo, las leyes actuales del país impiden a los ciudadanos conocer cuáles son las propiedades nuevas de estas autoridades, si su salario justifica estas compras o en cuánto aumentó su patrimonio durante los últimos cinco años.

La Ley 59 de 1999 protege estas declaraciones patrimoniales, cuyo resguardo y confidencialidad recae en la Contraloría General de la República. Actualmente, solo una investigación judicial puede levantar la protección de la Contraloría.

Al igual que el gobierno de Martinelli, y todos los anteriores, la administración del mandatario Juan Carlos Varela preferirá cumplir los requisitos mínimos de transparencia sobre este tema y no hará pública su declaración de bienes.

Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia, afirmó que así se manejará el nuevo gabinete. Sus declaraciones se dieron durante una reunión a finales de junio entre todos los ministros y autoridades designadas entonces en un hotel playero en el que, precisamente, discutieron sobre la transparencia. “El funcionario prepara la declaración ante un notario y se la entrega a la Contraloría, que está obligada a custodiar estas declaraciones. La ley no lo establece [que sea público], sino que obliga a mantener confidencialidad”, dijo Alemán.

EL SISTEMA QUE TENEMOS

La declaración patrimonial está consignada en el artículo 304 de la Constitución: “El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Ordinarios y Especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración, los Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Magistrados del Tribunal de Cuentas, el Fiscal General Electoral, el Defensor del Pueblo, los Directores Generales, Gerentes o Jefes de Entidades Autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales de los Servicios de Policía, empleados o funcionarios públicos de manejo conforme al Código Fiscal, deben presentar al inicio y al término de sus funciones una declaración jurada de su estado patrimonial, la cual deberán hacer mediante escritura pública, en un término de diez días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y diez días hábiles a partir de la separación”.

La carta magna establece, además, que el notario al que los funcionarios acudan deberá hacer el trámite sin costo alguno.

La Ley 59 que reglamenta este procedimiento establece que las declaraciones deben incluir datos personales, ingresos de los dos últimos años fiscales, instituciones financieras en las que tenga depósitos, fundaciones de las que sea directivo o asociado, cantidad de sociedades anónimas a las que pertenezca, bienes muebles e inmuebles y títulos que posea, y cuentas por pagar a entidades o a personas.

La legislación advierte que a los funcionarios que no cumplan con la declaración se les retendrá su pago hasta que lo hagan. Además, indica que para investigar el enriquecimiento ilícito se debe presentar una denuncia con prueba sumaria. Es decir, se debe mostrar información que la propia Contraloría no proporciona.

Para el excontralor Carlos Vallarino, esta situación debe cambiarse. “Eso debe ser público. Van a decir que es un riesgo, que hay peligro de secuestro. Pero en Panamá todo el mundo sabe quién es millonario ya, sin que se tenga que publicar”, aseguró.

“Si alguien va a entrar al servicio público, la gente tiene derecho a saber qué tiene y dónde lo tiene”, dijo el exfuncionario.

APERTURA FALLIDA

El 6 de julio de 2009, a cinco días de iniciada la administración de Ricardo Martinelli, el actual alcalde capitalino, José Isabel Blandón, en ese entonces en su rol de diputado de la Asamblea Nacional, presentó el proyecto de ley 44, que modificaba la Ley 59 así: el MEF y las autoridades jurisdiccionales podrán solicitar a la Contraloría, y no solamente al notario que levantó la escritura pública de declaración patrimonial, copia auténtica de lo declarado por el funcionario.

Además facultaba a la Contraloría para ordenar al funcionario declarante aclaraciones, modificaciones o adiciones para que se cumpliera adecuadamente con la ley.

También abría el compás para que los funcionarios actualizaran durante el ejercicio del cargo su declaración.

Blandón es uno de los pocos funcionarios que hasta ahora ha mostrado voluntad en lograr que esta información sea pública. En agosto del año pasado, en plena campaña electoral por el municipio capitalino, Blandón repartió entre los medios de comunicación la declaración de bienes que le exigía la ley.

Es decir, todos los candidatos a puestos de elección presentaron una declaración de bienes, pero solo uno la hizo pública.

El artículo 7 del proyecto de Blandón, cuya inclusión fue pedida por la Alianza Ciudadana Pro Justicia y por el capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, contemplaba la eliminación de la prueba sumaria en delitos de corrupción.

Esta propuesta permitiría que cualquier ciudadano interpusiera denuncias por enriquecimiento ilícito con una simple prueba “indiciaria”, es decir, con un mínimo de indicios o hechos conectados que sugirieran la posibilidad de un ilícito.

Estas organizaciones señalaron que las reformas constituían un avance para la lucha contra la corrupción. Sin embargo, criticaron la decisión de los diputados de excluirse de la lista de funcionarios obligados a rendir declaración de bienes.

La Ley 59 solo admite la prueba sumaria. En este sentido, para la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño exigir que un ciudadano aporte una prueba sumaria es pedirle demasiado. Tanto como pedirle que haga la labor que corresponde al Ministerio Público.

Para Arosemena esto se constituye en un círculo vicioso, ya que mal puede una persona común y corriente, aportar pruebas constituidas que demuestren por sí solas el delito, si las declaraciones no son públicas.

El anteproyecto permitía además que cualquier ciudadano pudiera interponer denuncias penales por enriquecimiento ilícito independientemente de la existencia o no de un proceso administrativo ante la Contraloría. Esta iniciativa, que pretendía levantar el velo protector sobre el lucro con recursos del Estado, fue apoyada por la sociedad civil, que logró la inclusión de un artículo adicional que permitía que la clasificación de las declaraciones fuera de acceso público.

El 26 de agosto 2009, la iniciativa legislativa fue prohijada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea y remitida por el presidente de esta instancia, Jorge Alberto Rosas, al entonces presidente de la Asamblea Nacional y actual diputado José Luis Varela. El proyecto nunca prosperó.

A la opacidad que permite la Ley 59 vigente, se sumó un fallo de la Corte Suprema que declaró “confidencial” la declaración jurada del estado patrimonial de un funcionario. Ante esta perspectiva, la posibilidad de que prosperen los recursos de hábeas data fundamentados en la ley de Transparencia y acceso a la información (Ley 6 de 2002) quedan truncados.

VOLUNTAD POLÍTICA

Arosemena, quien aboga porque en las reformas constitucionales se elimine el requisito de la prueba sumaria, interpreta además que si las declaraciones patrimoniales constan en escritura pública, la consecuencia inmediata “es que todo el mundo las pueda ver”.

También indicó que una administración consecuente no se debe conformar con los requisitos mínimos que la ley exige, sino que en su “proyección institucional debe aspirar a los máximos estándares”. La jurista enfatiza que los gobiernos al tener “la responsabilidad de la función pública, tienen también la responsabilidad ética de aspirar a la excelencia en el servicio público” y aspirar a más altos niveles de transparencia, en aras de combatir la corrupción.

Por su parte, Carlos Gasnell, vicepresidente de Transparencia Internacional capítulo Panamá, advirtió que no hay justificación para que esta información no sea pública.

“Es una declaración jurada que se entrega a una notaría, la cual luego se remite a la Contraloría. Las razones relacionadas con protección de la intimidad y seguridad personal no tienen justificación real en este país. En todo caso si estos son los argumentos, podría regularse mejor la materia”.

Además, afirmó que históricamente existe un manejo político en la Contraloría, por lo que es improbable que esta institución actúe de forma independiente en este tema.

En tanto, Magaly Castillo, directora de la Alianza Ciudadana pro Justicia, indicó que la reforma a la Ley 59 es un tema que el nuevo gobierno debe “poner dentro de las políticas en la lucha contra la corrupción”, haciendo de acceso público las declaraciones patrimoniales.

Castillo mencionó que en 2005, en las negociaciones del Pacto de Estado por la Justicia, se llegó al compromiso de ampliar la cantidad de funcionarios que tienen que hacer declaraciones juradas de bienes patrimoniales. Pone como ejemplo a los cónsules, que ante la normativa actual no están obligados a hacer declaraciones, y a los encargados de las finanzas de los municipios, pese a que algunos manejan muchos recursos públicos. Castillo expresó que la Ley 59 indica que los funcionarios de manejo deben declarar, por tanto los directores de autoridades y secretarías creadas en los últimos años están en la obligación de hacerlo.

“Entran limpios y salen millonarios” fue una de las frases de la campaña con la que Martinelli se convirtió en Presidente. Las leyes del país con respecto a la declaración de bienes impiden verificar la advertencia del empresario, que ya salió del poder sin hacer público si su patrimonio se incrementó tras su paso por el Palacio de las Garzas. Tampoco se conocerá esta información de sus allegados ni de Varela si la legislación se mantiene.

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