AUMENTO DE SALARIOS A COMISIONADOS Y MILITARIZACIÓN DE ESTAMENTOS ENCIENDE DEBATE PÚBLICO

La sombra del militarismo

Los máximos jefes de la fuerza pública pasarían a ganar nueve veces más que los funcionarios bajo su mando, que ganan en promedio $768 al mes.

FUNCIONES Y ACTITUDES  FUNCIONES Y ACTITUDES
FUNCIONES Y ACTITUDES

Por lo menos 6.9 millones de dólares al año costaría al Estado panameño el aumento a los comisionados y subcomisionados de la fuerza pública que anunció el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, durante los desfiles patrios del pasado 3 de noviembre, y que pretende elevar los salarios de esos funcionarios a nivel del de los ministros y viceministros, respectivamente.

De acuerdo con la última actualización de la planilla estatal, al 30 de octubre pasado, la Policía Nacional (PN), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) tienen 45 comisionados y 138 subcomisionados, que representan menos del 1% de los cerca de 23 mil funcionarios que agrupan esos tres estamentos de la fuerza pública.

Según la información contenida en la planilla, los primeros ganan un promedio de 4 mil dólares de salario al mes, por lo que aumentarles al rango de ministros (que devengan un salario de 7 mil dólares mensuales) implicaría un pago adicional de unos 3 mil dólares mensuales.

A su vez, los subcomisionados devengan un promedio de 2 mil 800 dólares al mes y el aumento al rango de viceministros –que ganan 6 mil dólares mensuales– les significaría un incremento de unos 3 mil 200 dólares, también mensuales.

Al multiplicar los aumentos por el número de funcionarios y meses del año, el resultado da un promedio de 6.9 millones de dólares.

Al ganar 7 mil dólares mensuales, los comisionados llegarían al mismo nivel de los directores del Senafront y del Senan, Frank Ábrego y Belsio González, respectivamente; se colocarían exactamente en el mismo escalafón del director del Servicio de Protección Institucional, Jaime Trujillo, que gana 7 mil dólares al mes; y estarían mil dólares por debajo del salario mensual del director de la PN, Julio Moltó, estipulado en 8 mil dólares.

Frank De Lima, ministro de Economía y Finanzas, declaró ayer en Telemetro que estos aumentos tendrían que ser sacados del presupuesto asignado a la fuerza pública en 2013, que englobado con el del Ministerio de Seguridad Pública, al cual está adscrita la PN, el Senafront y el Senan, asciende a 637 millones 312 mil 200 dólares, según la Ley 71 de 2012, que dicta el presupuesto general del Estado para el año que viene.

Información de la Contraloría General de la República da cuenta de que a julio de este año el salario promedio de los funcionarios de la fuerza pública era de 768 dólares mensuales, lo que indica que, con el aumento anunciado por Mulino, los comisionados pasarían a ganar nueve veces más que el funcionario promedio bajo su mando, cantidad que en el caso de los subcomisionados sería de 7.8 veces más.

La misma Contraloría precisa que en el primer trimestre de este año el Ministerio de Seguridad y sus dependencias, incluyendo la fuerza pública, gastaron 53 millones 605 mil dólares en planilla, 12.7 millones más que en el mismo período de 2011.

Esa información detalla un gasto mensual promedio de 17.6 millones de dólares en planilla, que con los 6.9 millones de dólares que costaría el aumento de los comisionados y subcomisionados aumentaría a 24.5 millones de dólares mensuales.

Se trató de contactar a Mulino y a Ábrego a través de sus equipos de prensa e informaron que no harían comentarios.

Críticas

Para el exdirector de la desaparecida Policía Técnica Judicial (PTJ) Jaime Abad, la anunciada equiparación salarial de los comisionados y subcomisionados no es más que una “compra de conciencia frente a futuros acontecimientos nacionales”.

Según Abad, parte de esos aumentos debe darse a la tropa, que está en la calle enfrentando los peligros y arriesga su vida a cada momento, y otra parte debe destinarse a la compra de equipos y a mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios.

A su juicio, en los últimos meses se ha dado un rearme de la fuerza pública con la excusa de combatir el tráfico de drogas, lucha que se ha demostrado está perdida dado el aumento de los decomisos y las pocas capturas de narcotraficantes.

Abad agregó que el ministro Mulino utiliza el argumento falso de blindar el territorio nacional para justificar el creciente aumento de la compra de radares, armas y helicópteros, que no se traduce en capturas efectivas de personas vinculadas al narcotráfico.

Por su parte, el criminólogo y exviceministro de Gobierno Severino Mejía opinó que el aumento debe hacerse en toda la organización de los estamentos de seguridad y no solo a unos pocos oficiales, pues ello “crearía un abismo salarial entre los mandos medios y sus superiores”.

Según su criterio, llama la atención que luego de tres aumentos concedidos por este gobierno se sigan dando ajustes. “¿De dónde van a salir esos fondos?”, se preguntó.

Manifestó, asimismo, que el aumento de salarios debe ir precedido de un estudio amplio e integral, tras el cual se aplique una nueva escala salarial en toda la estructura de seguridad. “No solo son los caciques; también los indios”, dijo.

Mejía también cuestionó el hecho de que cómo podría un comisionado estar subordinado a un viceministro que gana menos salario. “Habrá casos de un mayor que gana mil 200 dólares y un subcomisionado que gana 6 mil dólares; eso es extraño”, advirtió.

Carlos Barés, exdirector de la Policía Nacional, agregó que los aumentos a los policías no deben ser originados por un “capricho”, sino a través de un estudio detallado, en el que se establezcan primero las necesidades del funcionario de bajo rango y luego los oficiales.

Barés dijo no creer en aumentos desmesurados a la oficialidad como una fórmula de conseguir lealtad. Para él, más importante es ayudar a la tropa a que tenga la manera de mantener un nivel de vida decoroso.

A su vez, Mauricio Nelson, comisionado destituido de la PN, opinó que lo mejor sería que se establezca una escala salarial acorde con el rango y funciones asignadas, para que haya equilibrio.

Explicó que este aumento no tiene justificación y puede traer reclamos de incrementos salariales en otras profesiones. “Este gobierno ha demostrado que da plata a los amigos, palo al indeciso y plomo a los enemigos, como decía (Manuel Antonio) Noriega. Ya lo hicieron con las protestas en Colón”, indicó.

De acuerdo con Nelson, “esto va traer más resentimiento de la sociedad hacia la PN, porque parece que ellos son los malos y les da ventaja al crimen organizado y a los delincuentes”.

“Parece que estamos formando mercenarios a órdenes del Gobierno”, dijo.

Coyuntura

En cuanto al despliegue militar que se dio en los desfiles patrios, Nelson agregó que “fue una manera de intimidar, enseñando las armas, y ya vimos cómo las utilizaron en Colón”.

“Ningún comisionado o subcomisionado es convidado de piedra; ese despliegue militar fue ordenado por las autoridades civiles para intimidar a la población”, advirtió

Agregó que se ha dado un gasto excesivo en equipos y armamentos sofisticados, que no ha mitigado la ola de delincuencia, lo que refleja que no hay una política para combatir la criminalidad. No solo se trata de reprimir; también se debe trabajar en prevención”, precisó.

Sobre este mismo tema se pronunció en contra el comisionado (r) de la PN Milton Castillo, quien consideró que no es necesario remilitarizar la fuerza pública para lograr un control de la delincuencia.

A su juicio, lo que se requiere tener es programas de prevención y no la compra de armas sofisticadas.

Por su lado, el general (r) Rubén Darío Paredes consideró que con los implementos que posee hoy día la fuerza pública se puede afirmar que esa institución se ha militarizado, lo que vio como preocupante para un país que no tiene conflicto con ninguna otra nación del mundo.

Según Paredes, el Gobierno debe explicar para qué se prepara la fuerza pública con tanto armamento y equipo bélico.

“Si Colombia se encuentra en un diálogo para buscar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entonces para qué o quiénes se prepara Panamá”, se preguntó Paredes.

El militar también criticó el hecho de que en estos momentos la fuerza pública panameña sea la que más presupuesto tiene entre los países de Centroamérica y el Caribe.

En 1987, en pleno apogeo de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, las Fuerzas de Defensa manejaron un presupuesto de funcionamiento de 106.4 millones de dólares, según cifras del Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) de la Universidad de Panamá.

El presupuesto actual del Ministerio de Seguridad es casi seis veces mayor que el manejado por los militares.

(Rafael Luna Noguera, José Otero, Juan Manuel Díaz C., Elio Núñez y Rubén Polanco).

ENFOQUE

´Aumento busca comprar lealtad de la Policía´

Rubén Darío Paredes*

panorama@prensa.com

PERJUICIO. El anuncio que hizo el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, de equiparar los sueldos de los subcomisionados y comisionados de la Policía Nacional (PN) con los de los viceministros y ministros de Estado pareciera tener un trasfondo o perfil electoral, porque al parecer lo que se está tratando es de comprar la lealtad de las tropas y de los altos mandos de esa institución, más cuando esos aumentos de salario no han sido exigidos por los propios uniformados. Esta acción, en vez de ayudar a los funcionarios de la PN, lo que hará es empañar la imagen de la entidad, porque va a generar que el pueblo los clasifique como una casta distinta a la sociedad popular de la cual forman parte. En vez de acercarlos al pueblo, esos beneficios exagerados lo que van a provocar es un distanciamiento más marcado de la gente con la Policía.

*El autor es general (r) de las ex Fuerzas de Defensa.

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