ANATI INVESTIGARÁ ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN COLÓN

De ‘terratenientes’ y conserjes

El administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras informó que entre diciembre y enero se revocarán las titulaciones.

La evolución del ‘Código Agrario’

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Las autoridades detectaron que se entregaron títulos fraudulentos dentro de la concesión de Minera Panamá y otras zonas en Coclé del Norte y San José del General, en Colón, con la participación de funcionarios de la Anati. Las autoridades detectaron que se entregaron títulos fraudulentos dentro de la concesión de Minera Panamá y otras zonas en Coclé del Norte y San José del General, en Colón, con la participación de funcionarios de la Anati.
Las autoridades detectaron que se entregaron títulos fraudulentos dentro de la concesión de Minera Panamá y otras zonas en Coclé del Norte y San José del General, en Colón, con la participación de funcionarios de la Anati. Eric Batista

Un conserje y guardias de seguridad, vinculados al venezolano Juan Pablo Brons, figuran como beneficiarios de tierras boscosas y vírgenes en Donoso, provincia de Colón.

Brons no solo lidera a un grupo que acaparó más de 2 mil hectáreas boscosas, sino que algunos de esos nuevos “terratenientes” están o estuvieron a sus órdenes en un complejo urbanístico en Costa del Este.

Este venezolano es el presidente de la junta de propietarios del P.H. Costa Serena. Sus funciones contemplan estar al frente de un grupo de personas, entre ellas, el conserje César Aguilar; guardias de seguridad y la administradora. Todos figuran como acaparadores de más de 325 hectáreas en Colón.

Como guardias de seguridad estaban hasta hace poco los panameños Daniel Ortega y Montalbán Martínez, mientras que la cubana Vianeya Mordoche era la administradora en el P.H. Costa Serena.

En una entrevista con este medio, en octubre de 2013, se le preguntó a Brons cómo conoció a Montalbán Martínez. “Lo conozco por Vianeya”, dijo (ver infografía).

Más de 2 mil hectáreas de bosque del Corredor Biológico Mesoamericano fueron negociadas. Expandir Imagen
Más de 2 mil hectáreas de bosque del Corredor Biológico Mesoamericano fueron negociadas. LA PRENSA/Archivo

¿Y a Carlos Nery Espinosa también lo conoce?

—“Por supuesto, bueno ya usted sabe que estamos en proceso de titulación”, respondió Brons.

¿Y a Daniel Ortega, a él cómo lo conoció?

—“También por el día a día”.

¿Conoce usted dónde vive?

—“¿Él? Mmmm... Bueno no te puedo decir”.

¿Usted ha realizado una reunión con todos los vinculados en estos terrenos o después usted le pagará a ellos para que traspasen los terrenos?

—“Cada quien está haciendo lo suyo”, respondió Brons, algo molesto.

Una fuente informó que no se le conoce trabajo a Brons, pero que se encarga de mantener “ bonito el jardín de su casa y tiene tiempo libre para pasear en bicicleta”.

A pesar de ello, Brons posee varias propiedades, algunas de ellas adquiridas pagando altas sumas de dinero a sus vendedores, sin necesidad de bancos intermediarios.

Por ejemplo, en enero de 2010, compró un lujoso apartamento en el P.H. Bijao Beach, en 184 mil 920 dólares. En los documentos, a los que tuvo acceso este medio, se observa que el pago completo fue recibido “a satisfacción” por el vendedor.

Además, Brons, a través de la sociedad Classic Moss, Corp., pagó un “abono para el fondo inicial de gastos comunes de la urbanización y el pago de las cuotas mensuales a los gastos comunes, según está establecido en el contrato de compraventa”.

No es la única propiedad de este venezolano. Es presidente de la sociedad Colinas del Oeste, en cuya directiva lo acompañan su esposa Daniella Príncipe y su socio, Andrés Warnken. El 20 de marzo de 2013, compró varias hectáreas de tierra en La Chorrera. Por una finca de 9.3 hectáreas en Las Yayas, desembolsó 76 mil dólares, también recibidos “a satisfacción” por los vendedores.

Ese mismo día, pero a nombre de la sociedad Prados del Oeste, adquirió otras 5.5 hectáreas en 48 mil dólares, recibidos nuevamente a satisfacción por los mismos vendedores.

Curiosamente, en marzo de 2015, Brons inscribió en el Registro Público dos contratos de préstamo hipotecario con Colinas del Oeste por 20 mil dólares y otro con Prados del Oeste por 10 mil dólares, apareciendo él como deudor y prestamista en ambos documentos.

Los 30 mil dólares, reportó, serían pagados en dos años y, en efecto, inscribió el pago, pero el 1 de febrero de 2016. La Prensa intentó ayer, insistentemente, comunicarse con Brons para que hablara sobre estos fondos, pero no respondió las llamadas de este medio.

MÁS TERRENOS

También posee otras propiedades en las que han abonado altas sumas de dinero a los vendedores, pero cancelan con préstamos hipotecarios bancarios. Entre las propiedades se pueden mencionar la vivienda en el P.H. Costa Serena, que fue adquirida en noviembre de 2009 por Brons y su esposa, a través de la sociedad Aquamiel, S.A. En el documento de compraventa se señala que entregaron 72 mil dólares a los vendedores.

Por un terreno de 97.4 hectáreas en La Chorrera, en 2011, Brons pagó un abono de más de 112 mil dólares a la vendedora, quedando un saldo de 450 mil dólares, comprometido en un préstamo hipotecario.

Por esta finca de menos de 100 hectáreas, Brons pagó un monto muy superior a lo que había pagado por las más de 2 mil hectáreas compradas en Coclé del Norte, en la provincia de Colón.

En la transacción de ese terreno de La Chorrera, Brons pagó unos 28 mil dólares en impuestos y 2 mil dólares más para que midieran el terreno, que luego fue vendido en agosto de 2015 en menos de lo que fue adquirido.

En junio de 2012, a través de la sociedad Mijao Corporation, Inc., Brons adquirió otro terreno en La Chorrera, por más de 596 mil dólares, pagando un abono de 100 mil dólares a los vendedores. Luego, vendió parte del terreno a otra de sus sociedades, por más de 269 mil dólares, en la que señala haber recibido el dinero “a su entera satisfacción”.

En una entrevista concedida en octubre de 2013, La Prensa preguntó a qué se dedican él y su socio Andrés Warnken. “Bueno –respondió Brons–, ahorita nos vamos a meter en la construcción, hemos tenido algunos problemas, pero yo tengo tierras para construir”.

Y Warnken lo secundó: “Nosotros hacemos casas. Tenemos tierras en La Chorrera y en Veraguas”.

A pesar de que la lista de propiedades es considerable, y de que ambos desarrollarían proyectos de vivienda, Brons no parece contar con una oficina propia. Para las entrevistas con este medio en 2013 y 2016, citó a este medio en un restaurante de comida rápida, cercano a su casa en Costa del Este.

¿Cuántas casas han construido?

—“Ya estamos sacando los permisos y aprobaciones y no hemos iniciado”, dijo Warnken. Tres años después, La Prensa repitió las preguntas.

¿A qué se dedican?

—“Yo trabajo para una compañía de construcción...”–dijo Warnken–, “nosotros tenemos terrenos en La Chorrera e hicimos un proyecto de viviendas en Santiago, pero no hemos construido”, se contradijo.

—“Yo, a inversiones que he hecho acá con fondos propios y de mi familia. Tengo varios apartamentos que alquilo y vamos a abrir una oficina para probar. Estoy contento de estar en Panamá, por eso me quiero nacionalizar”, dijo Brons.

REVOCATORIA

El administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Carlos González, informó que dentro de dos meses –en diciembre próximo o enero de 2017– revocarán los títulos de propiedad de las tierras adquiridas por la organización de Brons en Colón y pedirán al Registro Público que los revoque.

“Estamos armando todo en un solo paquete –explicó– para que los abogados de la Anati presenten una sola impugnación y luego vamos al Registro Público para que las tierras no sean traspasadas”.

“Hay que dejar claro que si nosotros revocamos el acto administrativo y el Registro Público no levanta la finca, entonces no sirvió de nada, porque la finca sale del comercio si el Registro Público la quita”.

González adelantó que el Ministerio de Ambiente solicitó que no se emitieran más títulos, debido a que se realizarán unas mediciones en esa zona protegida.

La evolución del ‘Código Agrario’

En la última década, por las presiones generadas a partir de la especulación inmobiliaria, el Estado panameño reformó dramáticamente el sistema de administración y titulación de tierras. En el año 2011, con la Ley 55, se aprobó un nuevo Código Agrario, que actualizaba el vigente, que data de 1962.

Sin embargo, como la mayoría de los trámites y procesos pendientes correspondían a la legislación anterior, y no hubo una asignación suficiente de recursos humanos y económicos para su implementación, todavía es posible encontrar en los juzgados civiles del país casos judiciales que aplican la vieja legislación agraria. Igual suerte ha corrido la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), la cual surgió en 2010 de la combinación de la Dirección de Reforma Agraria, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), principalmente. La Anati tiene el mandato de terminar la tramitación de todos los expedientes que sus predecesores habían iniciado. Este legado ha causado un importante retraso en la titulación de tierras.

La Ley 80 de 2009 establece en su artículo 5 que los primeros 50 mil metros cuadrados de tierra estatales que sean solicitados para su titulación, serán gratuitos. El artículo 7 de esta ley establece una tabla de valores a ser pagados al Estado por la titulación de tierras costeras o insulares que superen las 5 hectáreas. Esta tabla reformó el viejo criterio de los 6 dólares por hectárea que reconocía la legislación panameña anteriormente. La Ley 80 de 2009 prohíbe la titulación de áreas protegidas, zonas de manglares y exige que todos los procesos de titulación de tierras incluyan las respectivas servidumbres de paso para las poblaciones y servicios públicos.

Esta ley establece algunos mecanismos para evitar el acaparamiento, y como novedad, requiere que cuando se usan personas jurídicas para adquirir tierras del Estado, se identifique a los beneficiarios finales y prohíbe las acciones al portador de las empresas que adquieran tierras estatales. La ley permite que las autoridades revoquen la adjudicación si descubren que esta es fraudulenta.

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