HISTÓRICO. WASHINGTON JUZGARÁ A CREADORES DE LOS INTERROGATORIOS

Las torturas golpean a la CIA

La agencia contrató los servicios de James Mitchell y John Jessel para implementar el controvertido programa de torturas en sus cárceles.

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La CIA pagó, en 2007, un millón de dólares como parte de un acuerdo de indemnización con la compañía de los psicólogos para blindarla de litigios legales. La CIA pagó, en 2007, un millón de dólares como parte de un acuerdo de indemnización con la compañía de los psicólogos para blindarla de litigios legales.
La CIA pagó, en 2007, un millón de dólares como parte de un acuerdo de indemnización con la compañía de los psicólogos para blindarla de litigios legales. Archivo

Año y medio después de la divulgación, en diciembre de 2014, del informe No más excusas: una hoja de ruta hacia la justicia para las torturas de la CIA, un recurso interpuesto ante la justicia estadounidense podría hacer que el organismo rinda cuentas por las torturas infligidas a sospechosos de terrorismo que estuvieron detenidos en sus cárceles.

En la mira de la demanda no está el nombre de los líderes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), sino el de dos psicólogos que se encargaron de crear y conducir el programa de torturas.

El juez de la Corte del Distrito Este de Washington, Justin L. Quackenbush, admitió a mediados de abril una demanda interpuesta el 13 de octubre de 2015 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en representación de tres antiguos prisioneros que habrían sido objeto de torturas. Se trata de Suleiman Abdulá Salim, pescador tanzano; Mohamed Ahmed Ben Soud, libio exiliado del régimen de Muamar Gadafi; y Gul Rahman, refugiado afgano que supuestamente murió de hipotermia bajo los denominados “interrogatorios reforzados”.

Los encargados del programa eran James Mitchell y John Bruce Jessel, quienes fueron contratados por la CIA para diseñar el programa que se replicaría a los sospechosos de terrorismo.

Los métodos que planteaba el programa incluían penetración anal, falsas ejecuciones y el sometimiento a baños con agua congelada. De hecho, esta última técnica es mencionada en el informe del Senado, que critica su uso aduciendo que “la técnica de waterboarding era físicamente nociva, lo cual inducía a las convulsiones y al vómito”, se lee en la página 10 del documento.

SIN EXPERIENCIA

Según el reporte elaborado por el Comité de Inteligencia del Senado –en la página 18– y disponible en su sitio web, Mitchell y Jessel fueron instruidos en la escuela de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, mas no tenían experiencia como interrogadores ni conocimiento alguno sobre Al Qaeda.

Los psicólogos –siempre de acuerdo con el reporte oficial– basaban su método en lo que se conoce como “indefensión aprendida”, que consiste en aplicar estímulos nocivos a un ser humano de forma tal que se sienta sin ninguna oportunidad de escapar, aunque pudiera existir una oportunidad para ello.

EL CONTRATO

Los servicios de los psicólogos estaban regulados mediante un contrato que se formalizó en 2006 entre la CIA y la compañía de Mitchell y Jessel con un valor base de $180 millones. En 2007, la CIA hizo un acuerdo de indemnización bajo el cual se protegía a la compañía de cualquier consecuencia legal que pudiera derivarse del programa, por lo que tuvo que desembolsar un millón de dólares.

Este contrato fue uno de los temas centrales de la audiencia en la que el juez Quackenbush admitió la demanda de las tres supuestas víctimas el pasado abril.

El juez incluso se mostró molesto por el desconocimiento de las partes sobre el contenido del documento, ya que, adujo, contenía información crucial para las partes, por ejemplo, cómo se seleccionaban las víctimas.

Y es que al consultar al abogado de los psicólogos, James Smith, acerca de quién pudo ordenar las torturas, su respuesta fue: “En esencia, la CIA estaba autorizada por el presidente de los Estados Unidos para emprender esas acciones”.

Cuando el juez Quackenbush le preguntó si el Presidente fue quien dio las órdenes, Smith respondió que no había tenido oportunidad de recopilar testimonios.

A su turno, el abogado de ACLU, Dror Ladin, adujo que los demandados buscaban con la desestimación del caso un cheque en blanco para la impunidad de los métodos empleados.

En un artículo de opinión publicado en el diario The Boston Globe, Ladin criticó a la administración de Barack Obama, alegando que esta hizo todos los esfuerzos para desmantelar el programa de torturas, aunque buscando cerrar la puerta de la justicia a las víctimas de las torturas.

El camino de este proceso apenas comienza. El juez ordenó a las partes y al Departamento de Justicia preparar un plan para recopilar pruebas y testimonios sobre estas presuntas torturas.

(Con información de The Guardian y servicios internacionales.)

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