CANDIDATURA PRESIDENCIAL POR la LIBRE POSTULACIÓN

El ´trampolín´ independiente

(1) El abogado Gerardo Solís; (2) el transportista Esteban Rodríguez; (3) el periodista Gerardo Barroso, y (4) el economista Juan Jované fueron los únicos aspirantes por la libre postulación que precalificaron.LA PRENSA/Archivo. (1) El abogado Gerardo Solís; (2) el transportista Esteban Rodríguez; (3) el periodista Gerardo Barroso, y (4) el economista Juan Jované fueron los únicos aspirantes por la libre postulación que precalificaron.LA PRENSA/Archivo.
(1) El abogado Gerardo Solís; (2) el transportista Esteban Rodríguez; (3) el periodista Gerardo Barroso, y (4) el economista Juan Jované fueron los únicos aspirantes por la libre postulación que precalificaron.LA PRENSA/Archivo.

Corría el año 1946 y en plena post guerra mundial, surgían en Panamá nuevas reglas del juego para que los candidatos independientes compitieran por los cargos de Presidente de la República, vicepresidentes (se elegían dos), diputados, alcaldes y concejales, a través de la ley 39 de 19 de septiembre de ese año.

Este escenario se desarrolló a pocos meses de que naciera a la vida jurídica la Constitución Política de 1946, en enero de ese año, marcándose un hito en la participación ciudadana, por cuanto la vía independiente no era reconocida legalmente.

La Ley 39 exigía que el aspirante presidencial demostrara ante los secretarios de los consejos municipales el apoyo de “un número no inferior de 500 adherentes”, que en conjunto pertenecieran “al menos a cinco provincias distintas”. Mas, a pesar de la apertura legal, en la práctica no se registró candidato alguno “que haya intentado lograr el solio presidencial por esta vía”, indica el periodista Jorge Bravo.

Este panorama cambió luego que el Código Electoral, aprobado por la Ley 25 de 1958, limitara la postulación a cargos de elección solo a los partidos políticos, derogando las normas anteriores.

El politólogo Carlos Guevara Mann es de la hipótesis que “se proscribieron las candidaturas independientes a fin de fortalecer la figura de los partidos”, ya que para algunos sectores en esa época “contrariaban la lógica partidaria”.

Luego del golpe de Estado de 1968, se prohibieron los partidos políticos y el régimen dictó la Constitución de 1972 y creó la Asamblea Nacional de representantes de corregimiento.

Dos lustros después, durante la apertura denominada “veranillo democrático”, se admitió la inscripción de partidos en 1978 y surge la Ley 11 de 1983, que permitió la postulación independiente para el cargo de alcalde, la cual era inoperante, ya que los ediles eran de libre nombramiento y remoción por el Órgano Ejecutivo.

La libre postulación para concejal y representante resurge en el Código Electoral de 1997, para el cargo de alcalde en 2003 y para diputado, en las reformas constitucionales de 2004. Pero, la reapertura de la opción presidencial independiente seguía prohibida.

LA LUCHA INDEPENDIENTE

No fue hasta julio de 2009 que la libre postulación presidencial se libró de su “techo de piedra”, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el artículo 233 del Código Electoral, que la hacía privativa de los partidos.

La idea se gestó en 2008, cuando el economista Juan Jované intentó postularse como independiente en los comicios de 2009. Su petición fue rechazada de plano por improcedente en un controvertido acuerdo dividido, en el cual los magistrados del Tribunal Electoral (TE) Erasmo Pinilla y Eduardo Valdés se atuvieron al artículo 233.

El entonces magistrado del ente Gerardo Solís no estuvo de acuerdo y “salvó su voto”, expresión procesal equivalente a sustentar la oposición a una sentencia.

Entre sus principales argumentos, Solís destacó que el derecho a ejercer una postulación libre para Presidente debe prevalecer “sobre limitaciones restrictivas”.

Solís añadió que aunque la CSJ ya se había pronunciado en sentido contrario, no era “un secreto” que los magistrados que la integraron de 1968 a 1989 “no gozaban de la misma independencia de criterio”, ya que en aquella época “los hilos del poder se tejían desde los cuarteles”, cuestionó.

EL ´CORTE´ DE LA CORTE

Jované no perdió el tiempo y denunció ante la CSJ el controvertido artículo 233, por inconstitucional. El fallo se dio dos meses después de las elecciones de mayo de 2009, por lo que no pudo siquiera postularse.

Mejor tarde que nunca, reza el refrán, ya que la CSJ rompió con esa sentencia favorable a la causa del independiente con varias decisiones previas en contrario.

Jerónimo Mejía, uno de los magistrados firmantes del fallo, lo sustentó en el llamado derecho “pasivo al sufragio”, que plasmado en la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969 -suscrita por Panamá- también forma parte de la Constitución, integrando el “Bloque de la constitucionalidad” , indicó.

Mejía precisó que cualquier ley que limite el derecho político a que una persona pueda sea elegida, rompe con la “carta magna”.

No todos fueron rosas, ya que también en esta ocasión, el voto estuvo dividido: la entonces magistrada de la CSJ Esmeralda de Troitiño votó en contra salvando su voto, basándose en que el conflicto planteado era “cosa juzgada”, por haber sido fallado previamente por esa instancia judicial en 1986 y en 2006.

No obstante, de Troitiño reconoció que el retraso del fallo afectó la “participación efectiva” de Jované en las elecciones de 1999.

La novedosa decisión judicial ensanchó el panorama electoral, al permitirse la ampliación de la oferta de postulados, al margen de la estructura de los partidos, lo que permitió que en el presente proceso electoral de 2014 los aspirantes se lanzaran en una despiadada carrera para lograr los adherentes necesarios para formalizar su postulación.

Diecinueve eran los que al 3 de diciembre de 2013 continuaban los trámites. Un mes después, al vencerse el plazo, el 4 de enero, solo cuatro habían logrado la cuota mínima de 15 mil 864 firmas: el abogado Gerardo Solís, el transportista Esteban Rodríguez, el periodista Gerardo Barroso y el economista Juan Jované. Los tres primeros fueron seleccionados al obtener el mayor número de adherentes, como lo indica el Código Electoral.

Jované, el precursor de la apertura, quedó por fuera de la terna y advirtió ante el TE la inconstitucionalidad de este sistema. Los magistrados rechazaron su petición por improcedente, y sus detractores la calificaron como “un pataleo de ahogado”.

El trampolín POLÍTICO

Solís –quien al convertirse en el primero en oficializar su solicitud de candidatura ante el TE había exclamado: “Es un hecho histórico, el que por primera vez un ciudadano independiente formalice una candidatura presidencial en 110 años de República”– pasó a ser el compañero de fórmula del candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro.

Pese a que Jované de manera pública ha pedido que se le ceda el espacio de Solís, el TE comunicó que a la fecha no ha recibido “recurso legal alguno” en contra de las resoluciones que han sido emitidas.

Esto ha generado una lluvia de críticas sobre la efímera “independencia” de los aspirantes y la utilización de la candidatura independiente como trampolín político; mientras que otros defienden el derecho de los “libre-postulados” a cambiar de “tolda”.

El analista político Edwin Cabrera señala que los candidatos independientes son buscados por los partidos políticos por su popularidad y por el posible voto de sus adherentes originales, a quienes tendrían que convencer de “la viabilidad de su nuevo proyecto político”.

Frente a este panorama, el economista hizo denuncias de que el gobierno está patrocinando las campañas de Rodríguez y Barroso, agregando que la lucha que queda es sacar al TE “de la garra de la partidocracia”.

LAS OPINIONES

Por su parte, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal opina que la libre postulación ha sido “desnaturalizada y deformada por la reglamentación y la interpretación de las normas” por parte del TE, del que percibe “aversión a las candidaturas independientes”.

A juicio de Bernal, “hay mucha improvisación”, y además existe “superficialidad e ignorancia” respecto al valor de la participación ciudadana y el libre acceso a las elecciones. Como ejemplo Bernal menciona que la ley electoral no permite la libre postulación al Parlamento Centroamericano, “en flagrante violación a la Constitución” y al tratado constitutivo del organismo.

La oferta electoral presidencial se concreta lentamente y a este momento, los partidos (salvo el PRD) no han definido a sus candidatos a vicepresidente, ni tampoco los han oficializado los independientes.

Entre tanto, el exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado dice que la ley pone condiciones “demasiado fáciles” a los candidatos presidenciales independientes y muy exigentes a los aspirantes a otros cargos de elección popular.

Para Márquez Amado, la reglamentación electoral no elimina la incertidumbre que genera la coyuntura actual y considera vital el papel del TE como intérprete privativo del tema electoral.

La solidez del sistema electoral se enfrenta al reto de comprobar una vez más su eficacia, ante las nuevas modalidades del rejuego por el poder, sin perder la legitimidad que justifica las libres candidaturas: la opción ciudadana de competir y gobernar sin depender de una “línea” partidista.

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