Análisis

La transparencia no es tanta

El Ejecutivo sancionó el pasado viernes la Ley 33 que crea la nueva Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información.
LABOR. Periodistas panameños mantienen una ardua batalla para obtener información, de parte de las autoridades, relacionada con el manejo de la administración pública. LA PRENSA/Archivo LABOR. Periodistas panameños mantienen una ardua batalla para obtener información, de parte de las autoridades, relacionada con el manejo de la administración pública. LA PRENSA/Archivo
LABOR. Periodistas panameños mantienen una ardua batalla para obtener información, de parte de las autoridades, relacionada con el manejo de la administración pública. LA PRENSA/Archivo

La recién sancionada Ley 33 de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información ha generado –desde su presentación como proyecto a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo– críticas en la sociedad civil y sectores de la oposición política, al considerar que la norma carece de fuerza vinculante para convertirla en un instrumento eficaz contra la corrupción, fin este alegado como uno de los objetivos primordiales para su adopción.

Por ello, dicen voces autorizadas, se trata de un ente administrativo, más que garantista.

En ese sentido, esta se aproxima a partes del contenido de esta ley y de sus diferencias con la carta modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los motivos

La exposición de motivos del proyecto de Ley 584, que creó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, propuesta a la Comisión de Gobierno de la Asamblea por el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, el pasado 4 de abril, expeditamente aprobada por esa entidad y de igual modo sancionada por el Ejecutivo como Ley 33 del 25 de abril de 2013, señala que la normativa “responde principalmente a las recomendaciones que en la materia hace la OEA, respecto a la creación de un ente garante del derecho de acceso a la información dispuesto en la Ley 6 del 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de hábeas data y dicta otras disposiciones; sin embargo, el contenido de la propuesta en nada limita o disminuye los derechos ciudadanos reconocidos en dicha Ley 6 de Transparencia, ni tampoco la legitimidad que tienen las personas de promover la acción de hábeas data, consagrado en la Constitución y la ley”.

Se agrega que “la Autoridad de igual forma tendrá que velar por promover y organizar a todas las entidades del Gobierno para el fiel cumplimiento del capítulo VII de la Ley 6 de Transparencia sobre Participación Ciudadana en las Decisiones Administrativas y sus Modalidades”, aspecto a cubrirse con la designación en dichas entidades de oficiales de Información.

La alusión a la OEA remite a la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, solicitada por los jefes de Estado y de Gobierno del organismo a través de la Declaración de Nuevo León, con el fin de “contar con los marcos jurídicos y normativos... que garanticen a nuestros ciudadanos el derecho a la información”.

La preparación de dicho modelo contempló, además, una guía de implementación para garantizar su funcionamiento en la práctica. Esta ley modelo y su guía de implementación requirieron de una amplia investigación sobre legislaciones en la materia, el trabajo de un calificado grupo de expertos y consultas con la sociedad civil.

Entre otros objetivos señalados por la ley a la nueva Autoridad (Art. 4) figuran: “Coordinar y supervisar la aplicación, cumplimiento e implementación de las disposiciones, acuerdos y compromisos adoptados en las convenciones, tratados, convenios, programas y cualquier otro de orden nacional e internacional en los temas que le competen”.

Además de indicar que será el “organismo rector en materia de derecho de petición y acceso a la información pública, protección de datos personales, transparencia, ética y prevención contra la corrupción a nivel gubernamental”, se consigna como otra tarea primordial, “promulgar e implementar las políticas de prevención contra la corrupción”, así como “abordar de manera integral el problema de la corrupción”, sin que se expliquen formas o métodos para dicho abordaje “integral”.

También le manda a “reconocer que la ineficiencia y la corrupción de la administración afectan principalmente a los grupos más vulnerables de la sociedad”, a la vez que “reconoce la transparencia como instrumento para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública, que debe ser de calidad, confiable y de relevancia suficiente para satisfacer sus intereses generales”. El cumplimiento de estos lo desarrolla el capítulo II, Atribuciones y Facultades.

En el capítulo IV, Estructura y Organización de la norma local (Art. 10) se precisa que la “Autoridad contará con un director general, además de las unidades administrativas necesarias que requiera para el ejercicio de sus funciones”.

El capítulo X, Derecho de Reclamo y su Procedimiento, estipula (Art. 36) que: “Toda persona puede recurrir ante la Autoridad por el incumplimiento de los procedimientos y términos establecidos para el efectivo ejercicio del derecho de petición y derecho de acceso a la información pública en poder del Estado, previstos en las disposiciones legales, dentro de los 30 días a partir de la fecha en que se demuestre se incurrió en el incumplimiento. Para que la Autoridad gestione un reclamo en el incumplimiento del efectivo ejercicio del derecho de petición, y derecho de acceso a la información pública en poder del Estado, es necesario que la persona interesada demuestre haber presentado una petición ante la institución”.

El Art. 39 señala “Los reclamos ante la Autoridad no impiden el legítimo derecho para promover la acción de hábeas data con miras a promover el derecho a la información”.

El capítulo III indica (Art. 7) que la Autoridad coordinará con todas las instituciones del Estado la implementación de la unidad de enlace, cuyo titular se denominará oficial de información, y le corresponderá a cada institución la designación de este. El Art. 8 señala, entre otras funciones de esta unidad (4), “recibir y registrar todas las peticiones y solicitudes de información que se presenten ante la Autoridad” y (6) “dar seguimiento a las peticiones y solicitudes de información al solicitante respecto al estado de estas”.

Del director general

La ley establece para el director general 18 funciones. La número 16 lo faculta para “examinar de oficio, por denuncia pública o anónima, la gestión administrativa en las dependencias del gobierno central, instituciones autónomas o semiautónomas, municipios, juntas comunales y locales, y empresas públicas y mixtas, a efecto de identificar la comisión de hechos que puedan ser considerados actos de corrupción, como servidores públicos sin funciones específicas asignadas, sobreprecios en compras y provisión de bienes o servicios, duplicidad de funciones, exceso de procesos burocráticos y otras conductas, no restringidas a las antes mencionadas, que afecten la buena marcha del servicio público y causen erogaciones innecesarias al erario, y si fuere el caso, tendrá la obligación de poner dichos en conocimiento de la autoridades”.

Con la consideración de “alta autoridad del Estado a nivel nacional y una remuneración equivalente a la de ministro de Estado” (Art. 14) el director general “será nombrado por el Órgano Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Nacional para un período de siete años prorrogable por una sola vez” (Art. 12).

El modelo interamericano

La guía de implementación de la ley modelo interamericana indica que mientras esta “estipula un sistema de cumplimiento específico (Comisión de Información), al igual que con los mecanismos de supervisión, hay varios posibles modelos, entre ellos: una comisión o comisionado de información o tribunal de apelaciones con el poder de emitir órdenes vinculantes; una comisión o comisionado de información u ombudsman con el poder de emitir recomendaciones; revisión judicial a cargo de los tribunales”.

La Comisión de Información de la ley modelo, cuyo presupuesto ha de aprobar el Legislativo, “deberá tener personalidad jurídica completa”, “autonomía operativa”, y la obligación de “entregar informes periódicos al poder legislativo”.

Esta comisión “deberá estar integrada por (tres o más) comisionados que reflejen una diversidad de experiencia y talento; los comisionados deberán elegir al presidente de la Comisión de Información”.

“Es preferible, comenta la guía de implementación, “que la comisión esté integrada por cinco comisionados. En comparación con un cuerpo colegiado de cinco miembros, un cuerpo de tres puede aislar y obstruir el consejo y la participación de uno de los comisionados en casos donde los otros dos estén cercanamente asociados de manera filosófica, personal o política, una dinámica que es más difícil en un cuerpo de cinco”.

Con relación a la selección de los comisionados (Art. 57 de la ley modelo) estos “serán designados por el poder ejecutivo luego de haber sido nominados por una mayoría de dos tercios de los miembros del poder legislativo, y en un proceso que cumpla con los siguientes principios: a) participación del público en el proceso de nominación; b) transparencia y apertura, y c) publicación de una lista de los candidatos que se consideren más idóneos para el cargo”.

“El cargo de los comisionados (Art. 59) tendrá una duración de cinco años y podrá ser renovado una sola vez. Comentario: “Para garantizar la continuidad de servicio, es necesario alternar los mandatos de los comisionados, cuando la comisión sea inicialmente creada, con el objetivo de evitar que expiren en el mismo año los términos de más de las dos terceras partes de los miembros de la Comisión de Información”

Cabe señalar que tanto México, en la formación del cuerpo colegiado que rige el Instituto Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos, (IFAI), y Chile en su Consejo para la Transparencia (CPLT), optaron por la fórmula colegiada para dichas instituciones, convertidas hoy en referentes en materia de acceso a la información y transparencia gubernamental. La fórmula también es observada por Uruguay en su Junta de Transparencia y Ética Pública, organismo encargado, entre otras funciones, de garantizar el cumplimiento de la declaración de bienes por parte de los funcionarios del Estado.

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