SALUD. el calvario de los envenenados en el interior.

Las víctimas olvidadas

En las provincias hay cientos de afectados por la ingesta de jarabe con dietilene glycol de la CSS. Sus vidas se apagan sin alivio alguno.

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La mirada de Iradia Barrera deja ver el dolor y la impotencia. Sus dos hijas, de 9 y 11 años, han quedado con secuelas graves por la ingesta del veneno. ESPECIAL PARA A PRENSA/Vielka Corro Ríos. La mirada de Iradia Barrera deja ver el dolor y la impotencia. Sus dos hijas, de 9 y 11 años, han quedado con secuelas graves por la ingesta del veneno. ESPECIAL PARA A PRENSA/Vielka Corro Ríos.
La mirada de Iradia Barrera deja ver el dolor y la impotencia. Sus dos hijas, de 9 y 11 años, han quedado con secuelas graves por la ingesta del veneno. ESPECIAL PARA A PRENSA/Vielka Corro Ríos.

En agosto de 2006, Panamá experimentó la crisis sanitaria más grave de su historia, superando a las del cólera y el dengue juntas. Los casos se multiplicaron entre agosto y octubre y sumaron cientos. La cifra exacta probablemente nunca se llegará a conocer.

Se trató de la intoxicación masiva sufrida por asegurados y beneficiarios de la Caja de Seguro Social (CSS) que ingirieron un jarabe para la gripe, a base de guayacolato con glicerilo, el cual en vez de llevar una base de glicerina de uso farmacológico se le agregó dietilene glycol, un compuesto refrigerante industrial.

La responsabilidad del Estado estaba allí. La CSS distribuyó y administró el citado jarabe sin azúcar para consumo de los pacientes afectados por diabetes, a través de policlínicas, hospitales y giras asistenciales en los campos.

Es la misma responsabilidad que se deriva de haber administrado alcohol bencílico con heparina a nueve neonatos en junio de 2013, los que murieron posteriormente; al igual que en 2011, cuando fallecieron decenas de enfermos por bacterias nosocomiales en instalaciones de la CSS.

Tras la ingesta del jarabe asesino, muchos pacientes experimentaron un drástico cambio de vida. Unos no pudieron ya caminar y otros quedaron condenados a una silla de ruedas o ayudarse con muletas y bastones para trasladarse.

SIN TREGUA

Juan Humberto Pineda, vecino de La Arena de Chitré, provincia de Herrera, tiene 64 años, pero su lamentable estado físico lo hace aparentar 74. Está avejentado, su sonrisa se escapó para siempre por los letales efectos del dietilene glycol. A él, al igual que otros afectados, se le escucha denunciar el trato inhumano que se les da cada vez que parten a la capital a recibir atención médica.

Luego de viajar por cuatro horas desde Chitré, deben esperar tres horas para ser atendidos en la ciudad capital.

Para trasladarse al Seguro Social en Panamá, debe hacer vigilia toda la noche, pues el autobús lo recoge a la 1:00 de la madrugada.

Es un viaje doloroso, pues sus piernas están tan sensibles que cuando llega a Penonomé, dos horas después, “me bajo apresurado para orinar, porque uno enfermo debe orinar a cada rato”.

Agrega que llegan a Panamá a las 4:00 de la mañana, y los bajan donde no hay baño ni una fuente de agua. Deben esperar tres horas más para que les atienda un doctor a las 7:00 a.m. y allí carecen de una camilla o diván donde puedan recostarse.

Fue durante esta angustiosa espera que debido a sus intestinos, que a raíz de los estragos del jarabe ya no controla, tuvo que salir en estampida y cruzar enfrente, a un restaurante de pollo frito, y rogar que le prestaran el baño.

El resultado negativo para ellos fue que el gerente del local ya no acepta prestarles el baño. “Nos sentimos abusados en nuestros derechos, porque somos enfermos, ya no somos personas normales”, insiste.

Después de ser atendido por el médico, a eso de las 10:00 de la mañana, la espera continúa hasta la 1:00 de la tarde, sin dormir, sin descansar, para regresar nuevamente a Chitré. “Me prohibieron hacer la terapia con el equipo que se compró para este propósito allá en Panamá y me enviaron a Chitré”, se quejó.

DOLOR

Pero la historia de Juan Humberto Pineda no es la única. Hay otras más trágicas y dolorosas, como la de Iraida Barrera y sus dos hijas, Allison y Aleida Trejos, de 9 y 11 años, respectivamente. El consumo de este jarabe dejó graves secuelas en las niñas. Eran dos pequeñas de 4 y 2 años cuando les recetaron la medicina.

Allison no sabe leer ni escribir, pues no ha podido pasar del primer grado, reveló Iraida con los ojos ahogados en llanto. Tanto Allison como Aleida sufren fuertes dolores musculares y de cabeza, derivados del efecto tóxico del medicamento, y lo más lamentable es que no están siendo tratadas por especialista alguno.

Protestas doloridas

Alrededor de 150 personas que se enfermaron por la ingesta del dietilene glycol en Azuero protestan cada vez que sus adoloridos cuerpos se los permite.

Unos con muletas, otros en silla de ruedas o con bastones. Ya no pueden cerrar calles, sus piernas no los sostienen y casi no pueden con las pancartas, pero están ahí, con dignidad y tristeza, pidiendo justicia a un Estado que los condenó a muerte antes de tiempo y sin mediar delito.

De los 150 solo 3 han logrado la certificación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de que son pacientes afectados por el jarabe contaminado, para poder acceder a la pensión vitalicia de $600 que decretó la Asamblea Nacional mediante la Ley 20 de 26 de marzo de 2013, un recurso vital para proveerse de medicamentos, que a menudo se agotan y deben adquirirlos por su cuenta. Han pasado ocho años desde la tragedia y la certificación no llega. Cuando lo haga, para algunos, tal vez será muy tarde.

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