[LUCHA ECOLOGISTA]

Acribillada con sus hijos

Juvy Capion fue asesinada en Filipinas por oponerse a un megaproyecto minero. El archipiélago es el país más difícil de Asia para los activistas.

El único crimen que cometió la activista filipina Juvy Capion fue el de proteger las tierras de sus ancestros de la etnia b´laan. Se opuso a su explotación por la empresa Xtrata-Saggitarius Mining Inc., que lidera en Mindanao el macroproyecto de la mina de cobre de Tampakan, y lo pagó caro: un grupo de hombres acribilló su casa el 19 de octubre de 2012. Ella y sus dos hijos, de ocho y 13 años, murieron por los balazos.

Los testigos aseguraron en el juicio celebrado para esclarecer la masacre que los asesinos eran militares del 27 Batallón de Infantería. Pero, el 5 de agosto, el juez desestimó la denuncia contra el teniente Dante Jiménez y 15 de sus hombres. Adujo que no se puede probar que los proyectiles perteneciesen a las tropas regulares. El magistrado sí otorgó veracidad a los soldados, que aseguraron haber actuado en respuesta al ataque del marido de Capion, un guerrillero del movimiento comunista Nuevo Ejército Popular. Él, aunque reconoce su militancia armada, ha negado siempre que se encontrase en el lugar. Y a la misma conclusión llegó un grupo de 30 ONG que investigó el caso.

Por eso, Juvy Capion está en la lista de Global Witness con los 67 ecologistas que han sido asesinados en la excolonia española entre 2002 y 2013. La ONG asegura que muchos de ellos han muerto a manos de agentes del Estado. “La situación comenzó a empeorar a partir de 2001, y continúa deteriorándose”, denuncia a El País Clemente Bautista, coordinador nacional de la red de organizaciones ecologistas Kalikasan-PNE y uno de los autores del estudio.

“Muchas de las muertes las provocan las Fuerzas de Protección de Inversiones (IDF), un grupo paramilitar que ha contado con el visto bueno tanto de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo como de su sucesor Benigno Aquino. Estas fuerzas, integradas muchas veces por militares regulares, protegen los intereses de las empresas que deforestan los bosques y explotan los recursos mineros en proyectos de gran envergadura”, explica Bautista. La mina de Tampakan por la que fue asesinada Capion ha supuesto una inversión de unos 5 mil 500 millones de dólares. Pero en la mayoría de los casos no tienen en cuenta ni el impacto en el medio ambiente ni los derechos de los propietarios de las tierras, muchas veces pertenecientes a minorías étnicas.

“Además, el sistema judicial es solo un órgano más del Gobierno, cuyos funcionarios corruptos se lucran con las licitaciones”, apunta el activista filipino. “Muy pocos sospechosos son arrestados, y menos aún acaban en la cárcel. Hemos presentado multitud de denuncias, pero la mayoría es desestimada”. Global Witness asegura que la mayoría de los asesinatos son difíciles de esclarecer porque son cometidos por dos hombres que viajan en una motocicleta. A pesar de ello, la ONG asegura que ha documentado 14 crímenes perpetrados por el Ejército, tres a manos de funcionarios locales y dos cometidos por la Policía.

Pese a ello, el coronel Arnulfo Burgos aseguró a finales del año pasado que todo eso son invenciones. “Las Fuerzas de Seguridad nunca han utilizado la fuerza más allá de lo que permite la ley”, recalcó en una rueda de prensa destinada a responder a las acusaciones que lanzó otra ONG, Human Rights Watch, en términos similares. “Pero entenderán que su deber es protegerse de los grupos armados que operan en Mindanao”, sentenció. Diferentes colectivos acusan al Gobierno de encubrir sus operaciones contra ecologistas bajo las campañas destinadas a derrotar a los grupos guerrilleros.

“Con la divulgación del informe esperamos que la comunidad internacional se involucre más en lo que sucede. Los intereses económicos que mueven las industrias de la madera y de la minería son enormes. Además, el 95% de las materias primas que obtienen se exporta al extranjero y es vital para el crecimiento de países como China”, asegura Bautista.

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