[SOCIEDAD]

Derecho a morir con dignidad

Imposibilitada por los tribunales a morir dignamente, Sue Rodríguez se preguntaba, ´si no puedo dar el consentimiento para mi propia muerte, ¿de quién es este cuerpo?´.

Ocho días antes de morir, el Dr. Donald Low grabó un video abogando por el derecho a morir con dignidad que las leyes canadienses le negaban. De visita en Canadá este mes me ha tocado ver el conmovedor video que su familia ha subido a YouTube con el propósito de reavivar el debate sobre el derecho a morir con dignidad en su país.

Fuera de los círculos universitarios y científicos donde era considerado una eminencia, Dr. Low, especialista en microbiología, se hizo famoso en todo el país porque en 2003 fue él quien le explicó a sus atemorizados compatriotas qué era y qué hacer durante la crisis del Sars. Diez años después, su rostro volvió a aparecer en las pantallas de televisión para anunciar que después de siete meses de lucha había perdido la batalla y sucumbiría al cáncer terminal en el cerebro que sus médicos le diagnosticaron a los 68 años de edad. Antes de morir le hablaba a los canadienses abogando porque se respete la voluntad de quienes imposibilitados a vivir decorosamente puedan al menos morir con dignidad. En su mensaje, el Dr. Low también se dirigió a quienes se oponen al suicidio asistido diciéndoles “me gustaría que vivieran 24 horas dentro de mi cuerpo, porque pienso que eso les haría cambiar de opinión”. Desafortunadamente, según el testimonio de sus familiares el Dr. Low no murió como él hubiera deseado.

El caso de Low ha llevado a los canadienses a recordar otro caso no menos conmovedor. Hace dos décadas, al oír el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Canadá, negándole a Sue Rodríguez el derecho a morir dignamente, Rodríguez, de 42 años de edad y quien llevaba dos años sufriendo una esclerosis múltiple que le confinaba a vivir en una silla de ruedas sin esperanza alguna de cura les hizo una pregunta a los magistrados que hoy tiene mayor resonancia, “si yo no puedo dar el consentimiento para mi propia muerte, ¿de quién es este cuerpo? ¿A quién le pertenece mi vida?”. Su pregunta hizo que el 60% de los canadienses opinara que debería permitirse el suicidio asistido. Meses después, Rodríguez y un miembro del Parlamento canadiense convencieron a un doctor, cuyo nombre nunca ha sido revelado, a que asistiera a Rodríguez a morir, ilegalmente pero en paz. La Policía condujo una investigación criminal pero no hubo cargo por asesinato ni contra el parlamentario ni contra el doctor anónimo.

Los términos del debate, lo reconozco, son complicados, delicados y exigen que cualquier decisión contenga medidas precautorias que impidan, por ejemplo, que la familia de un enfermo se deshaga de él sin su consentimiento para reducir costos o para beneficiarse económicamente. Quienes abogan en favor del suicidio asistido piensan que una persona en pleno uso de sus facultades mentales que tiene una enfermedad terminal tiene el derecho a morir dignamente; tiene derecho a no ser forzado a sufrir; que la teoría de que permitir un caso de asistencia en el suicidio nos pondría en un sendero resbaladizo de consecuencias fatales es una falacia que no se sustenta en los hechos en los países donde se permite; que solo participen médicos que interpreten el juramento hipocrático como un empeño a no causar dolor prolongando la vida de una persona desahuciada.

Quienes están en contra alegan que escoger la muerte no es un derecho individual ni un acto de libertad; que la prohibición es la mejor prevención contra el abuso; que en una sociedad obsesionada por el costo del cuidado de la salud, el peligro del camino resbaladizo es real y puede tener consecuencias terribles; que el juramento hipocrático garantiza la santidad y la pureza de la vida humana.

Con variantes, la eutanasia activa o pasiva y el suicidio asistido son legales en Suiza, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Albania; en cuatro Estados de la unión americana y, hasta 2010, en solo dos países de América Latina: Colombia y México. En Canadá, donde el apoyo de la ciudadanía al suicidio asistido ha subido hasta un 80%, todo indica que muy pronto la Suprema Corte de Justicia tendrá que lidiar con la pregunta de Sue Rodríguez, ¿A quién le pertenece mi cuerpo? ¿Al Estado? ¿A las Iglesias?

Yo no tengo duda alguna. Nadie, ni el Estado ni las Iglesias, tiene derecho a decirme qué debo hacer con mi cuerpo, con mi vida o con mi muerte. Esas son decisiones que solo a mí me conciernen.

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