[ESPAÑA]

Derechos en peligro

El borrador del anteproyecto del Código Procesal Penal elaborado por una comisión de expertos, por encargo del Ministerio de Justicia, contempla la posibilidad de que la policía pueda utilizar los llamados virus troyanos, es decir, programas informáticos que permiten penetrar en los ordenadores particulares o corporativos sin ser advertidos, para captar y transmitir información a ajenos.

El acceso remoto a los equipos permite introducirse en ordenadores, tabletas, teléfonos móviles y sus conexiones en la nube y con otros equipos; y no solo posibilitará observar los contenidos de los discos duros, sino tener las claves de acceso a cualquier dispositivo digital, incluidas redes sociales o programas como Skype.

Desde el punto de vista técnico, la aplicación de este procedimiento podría equipararse a las actuales escuchas telefónicas que los jueces autorizan para seguir los pasos de presuntos delincuentes; pero a nadie se le oculta que, en el caso de los troyanos, el poder de intromisión en la intimidad de las personas es infinitamente mayor. Y el potencial intrusivo no solo abarca a los investigados, sino a cualquiera que se relacione con ellos digitalmente.

Aunque un portavoz de Justicia ha aclarado que todavía no hay decisión tomada al respecto, algunos de los puntos del borrador resultan preocupantes. En particular, el hecho de que se proponga autorizar este procedimiento para investigar todo tipo de posibles delitos penados con más de tres años de prisión.

Aunque los troyanos solo puedan utilizarse previa autorización judicial, permitir su uso de forma tan generalizada entraña enormes peligros y puede llegar a vulnerar derechos fundamentales. Así se ha entendido en Alemania, único país europeo que lo ha regulado. Después de que el Constitucional estableciera fuertes restricciones, allí se ha limitado su uso a delitos de terrorismo.

En el caso de España hay que tener en cuenta además que esta propuesta se inscribe en el marco de una reforma procesal de gran calado, en la que será el fiscal quien asuma la dirección de la instrucción en lugar de los jueces. Aunque persistirá el control del juez sobre la misma, no hay que olvidar que la jefatura de la fiscalía depende jerárquicamente del Gobierno.

Cualquier regulación debería ser cuidadosamente debatida y, en todo caso, limitada a determinados delitos muy graves, con severas restricciones procedimentales y control judicial reforzado.

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