[REINO UNIDO]

Después de la batalla

La muerte de Mark Duggan a manos de la policía fue la causa, o la coartada, que desencadenó una de las mayores llamaradas de vandalismo sufridas por Reino Unido en un cuarto de siglo. Las primeras versiones oficiales trataron de ocultar que se trató de un error policial de trágicas consecuencias, cuyas responsabilidades deberán establecer los tribunales. A este mal paso inicial se sumó la tardía, confusa e insuficiente reacción del Gobierno, que dejó en el ánimo de los británicos una sensación de desamparo. Este es el pasado del que Cameron tendrá que dar cuenta, aunque en los Comunes intentase dirigir la mirada hacia el futuro.

Pero el futuro, por su parte, exige medidas que van a contracorriente de las que la mayor parte de los gobiernos están adoptando frente a la crisis económica. Una parte de la explicación de los sucesos, no de su justificación, remite a unas políticas en las que Reino Unido fue pionero en tiempos de Margaret Thatcher, y que no se corrigieron durante los gobiernos de Tony Blair. Los portavoces del actual Ejecutivo señalaron al principio de las revueltas que resultaba imposible preverlas. Como en el caso de la crisis financiera, no es que no saltaron las alarmas, sino que las alarmas fueron sistemáticamente desatendidas. Hasta el punto de que hoy la sociedad británica y, con ella, la del resto de Europa, se asombra de los niveles de desigualdad alcanzados en una de las principales economías mundiales.

El gobierno de Cameron ha señalado la importancia de que las familias se esmeren en la educación de los hijos para evitar revueltas como las de estos días. La función del Estado no consiste en dar buenos consejos, sino en garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, y uno de los instrumentos de los que dispone para lograrlo es no desentenderse de las bolsas de exclusión. En cuanto a las voces que reclaman el control de las redes de comunicación, conviene recordar los límites que impone el estado de derecho. El vandalismo no puede sumar su fuerza a la del terrorismo para limitar las garantías de las que disponen los ciudadanos. El hecho de que una minoría de violentos se haya servido de las redes sociales o de los servicios de mensajería no puede ser una excusa para que se prive de ellos a la mayoría, o para que esta pierda el derecho a su privacidad.

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