[CONDENA]

Garzón, neutralizado

La condena del juez Baltasar Garzón por las escuchas en la cárcel a los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados, sospechosos de connivencia para blanquear fondos ocultos en Suiza, ya había sido anticipada en los autos del instructor del caso, a poco que se prestara atención a sus argumentos y al modo de exponerlos.

Que Garzón haya sido condenado por un delito de prevaricación a 11 años de inhabilitación supone dejar fuera de la carrera judicial a un juez que, cualesquiera que sean las opiniones sobre él, ha rendido importantes servicios a la sociedad en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada, además de desempeñar un papel relevante en la aplicación de la justicia universal a la defensa de los derechos humanos conculcados por las dictaduras.

Los siete jueces del Supremo que, por unanimidad, condenan a Garzón hacen un canto al derecho de defensa –que debe compartirse– y señalan que la intervención de las comunicaciones entre los presos cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados no fue un error de interpretación de la ley, sino un acto arbitrario, equiparable nada menos que a “prácticas de regímenes totalitarios”. Si la actuación de Garzón merece tales reproches, estos alcanzan al ministerio fiscal que avaló las escuchas, al juez Pedreira que las prorrogó cuando se hizo cargo de la instrucción del caso Gürtel, y al magistrado del Tribunal Superior de Madrid que discrepó de su anulación. Es disparatado sugerir, por más que le venga bien al Supremo para reforzar su condena, que el ministerio fiscal haya podido respaldar prácticas totalitarias o se haya abstenido de perseguirlas.

La confluencia de diversos actores sobre la actuación de Garzón avala a esta como defendible en derecho, aunque resultara errónea según estableció en su día el Tribunal de Justicia de Madrid. Si se hubiera percibido como arbitraria hasta el punto de ser prevaricadora, como señala el Supremo, no habría sido compartida hasta el final por la fiscalía. La condena a Garzón supone convertir al menos al ministerio fiscal en cómplice de su actuación. También el fiscal, y no solo Garzón, observó indicios de connivencia entre los jefes presos de Gürtel y sus abogados y no dudó del amparo de la ley para impedir que una parte de los millones de euros amasados en sus contactos corruptos con las administraciones públicas terminara en paraísos fiscales.

La hipótesis de impedir el delito explica la actuación de Garzón en un caso de delincuencia organizada, con abundantes medios para burlar la ley, incluida la posible complicidad de abogados bien remunerados. Ha prevalecido, en cambio, la más disparatada, absurda e incluso ofensiva: que buscó desbaratar “las estrategias de defensa” hasta el punto de colocar “el proceso penal español al nivel de los sistemas totalitarios”. Pero era la que servía para alcanzar el objetivo buscado: anular a Garzón como juez.

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