[EXTRACTO]

Justicia a cualquier precio

Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia. Lo afirma la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al juez Baltasar Garzón a una pena de inhabilitación de 11 años y a su expulsión de la carrera judicial y ciertamente muchos ciudadanos, en España y en Latinoamérica, pueden alimentar en estos momentos la misma convicción, aunque por motivos diferentes.

Habrá que suponer que el Tribunal Supremo ha emitido su fallo sin que mediara animadversión personal ni enojo corporativo, pero lo cierto es que esta decisión ha acabado con uno de los pocos símbolos de la justicia en el que confiaba una parte notable de esos ciudadanos y que esa es una noticia pésima, con un precio muy alto.

No se trata de ignorar los graves hechos atribuidos a Garzón. Según la sentencia, el juez autorizó que se intervinieran las comunicaciones entre los imputados en una importante causa por corrupción y sus abogados, sin excepción alguna y sin mención expresa de su identidad y lo hizo, afirma el Supremo, sin que existiera ni el menor indicio de que esos abogados estaban utilizando su condición de tales para la comisión de nuevos delitos.

Su convicción de que los imputados continuaban ocultando su dinero, y su temor a ver cómo personajes poderosos y ricos conseguían escapar a la investigación, no es argumento suficiente para anular el secreto de las comunicaciones ni para deteriorar el derecho a la defensa.

Pero eso no es lo que se juzgaba realmente en el Supremo, sino si la decisión de Garzón podía ser explicada por una interpretación incorrecta de las normas del derecho. No, afirman los siete magistrados, no existe otra explicación que el empeño deliberado de actuar fuera de “los medios usualmente admitidos en derecho” ni otra razón que el anhelo del juez instructor de colocar el “proceso penal español al nivel de los sistemas totalitarios”, un juicio de intenciones asombroso para tan alto tribunal.

Ahí, en la clara voluntad de apreciar prevaricación, es donde se abre un agujero por el que asoman muchas dudas: ¿Esa misma decisión tomada por otro juez que no fuera Baltasar Garzón hubiera merecido valoración tan severa? ¿Qué sucede con los fiscales y con los otros jueces que compartieron su decisión?

Va a resultar muy difícil que los ciudadanos no asocien la condena de Garzón a su personalidad, a su historia y a su protagonismo internacional, insufrible para una parte importante de la corporación judicial, y que el descrédito que todo ello acarrea, dentro y fuera de España, no vaya a suponer un desgaste altísimo para la justicia española en su conjunto.

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