[DESTAPE DE LO AMORAL]

Justicia venezolana al desnudo

Son muchos los casos manipulados para ocultar crímenes de Estado, como el asesinato de Danilo Anderson, la condena de los comisarios o la privativa de libertad perpetua de la juez Afiuni.

Es sabido que el proceso de sometimiento de la administración de justicia, para disponerla al servicio de los fines proselitistas y militantes del Gobierno venezolano, viene desde muy atrás.

Durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, no solo se procede a destituir sin fórmula de juicio a todos los jueces de la República, llenándose sus vacantes con jueces provisorios, sin concurso, adherentes a la revolución bolivariana naciente, bajo el lema del saneamiento y la purga de la corrupción; pero en adelante jueces sin autonomía, por ser ellos de libre nombramiento y remoción.

Luego, a quienes ocupan de manera provisional los sillones de los magistrados removidos de la antigua Corte Suprema de Justicia, transformada en Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la Constitución que sanciona dicha Asamblea, al momento de pedírseles cumplir con las novísimas exigencias del texto naciente, que reclama de la postulación ciudadana a fin de que estos pudiesen legitimarse como titulares, decidiendo en causa propia los mismos declararon, sin ambages, no estar sujetos a la Constitución.

Mucha agua ha ido al molino hasta el presente. Son muchos los casos en los que esa justicia sirviente y politizada ha sido objeto de una perversa manipulación, para ocultar verdaderos crímenes de Estado –como el asesinato de Danilo Anderson, la condena de los comisarios o la privativa de libertad perpetua que sufre la juez María Lourdes Afiuni por desafiar los cánones indicados– diluyéndolos tras el manto de la ley y su interpretación a conveniencia por verdaderos jueces del horror.

No por azar, en su informe sobre Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2009, señala que se usa a la justicia para perseguir a la disidencia política, tanto como también lo dice a su turno Human Rights Watch. Y llegado 2010, uno de los magistrados supremos, hoy vicepresidente del Alto Tribunal, afirma ante el país que es deber de todo juez perseguir a quienes se aparten del corsé revolucionario.

Se creía que todo estaba dicho y nada más ominoso podía ocurrir al respecto, hasta cuando, en 2012, último año de vida del titulado comandante Presidente, Hugo Chávez Frías, su juez de confianza, quien se declara fiel subalterno, el coronel Eladio Aponte Aponte, cabeza de la Sala Penal del TSJ y eje de toda la justicia penal, confiesa un escándalo. Junto a las otras cabezas del sistema –la entonces presidenta del Supremo Tribunal, Luisa Estela Morales, autora de las dos sentencias que en enero pasado le aseguran a Nicolás Maduro su condición de sucesor a dedo en la Jefatura del Estado, y la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz– cada semana se reúne en la sede de la Vicepresidencia de la República para decidir sobre sus sentencias.

A la sazón, según este personaje, actualmente bajo cuidado de la DEA norteamericana, redactó, por acto de disciplina militar, condenas de inocentes y libró de la cárcel a narcotraficantes bajo instrucciones del Palacio de Miraflores. Ocurre así, según lo señalo en mi libro Historia inconstitucional de Venezuela (Caracas, 2013), la muerte moral de la República.

Pero, como algunos marchantes venezolanos le espetan a otros cuando hoy se les reprende por sus comportamientos disolutos, arbitrarios o violentos, si Nicolás pudo ser gobernante, cargándose a la Constitución y las leyes, nadie tiene por qué cumplirlas en lo sucesivo.

La hora del destape de lo amoral hace cuna, una vez más, en la tierra que vio nacer a Simón Bolívar, su primer “gendarme necesario”. Las formas ya ni siquiera se cuidan y las denuncias laceran pero se olvidan en la hora siguiente.

Las grabaciones ilegales se venden al detal en las calles. Las más emblemáticas, sin que inmuten a los jueces, muestran a Mario Silva, vocero del presidente muerto –su instrumento para acabar con la reputación pública de sus adversarios– desnudándose como espía del G2 cubano. Acusa a sus camaradas, entre estos al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de ser uno de los corruptos más emblemáticos del país; o señala a diputados de la oposición –como Eliodoro Quintero– como quinta columnas de la mafia gubernamental y sus empresarios de maletín, encargados de corromper el alma de sus compañeros de bancada.

Agotado, exhausto el honor nacional, nada agrega la última bofetada. Adán Chávez Frías, hermano del partero de tantas desgracias juntas y denunciado, varias veces, por delitos contra el Tesoro Público, acaba de ser designado por la nueva presidenta del Tribunal Supremo, Gladys Gutiérrez, como director ejecutivo de la magistratura. Tendrá el poder para controlar y disciplinar, aun más, a los jueces y demás funcionarios judiciales.

¡Dentro del albañal, todo; fuera del albañal, nada!

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