[LITIGIO]

Perú, Chile, Bolivia... y la cuadratura del triángulo

Los antecedentes históricos, las proyecciones regionales y las virtudes exhibidas en La Haya por los contendientes, hacen que el proceso sea especial para la Corte.

La demora de La Haya en sentenciar el litigio peruano-chileno alimenta especulaciones que ignoran la tradicional congestión de las agendas internacionales a partir de septiembre.

La impaciencia es mala consejera y los magistrados son ajenos al apuro, máxime en un caso que involucra a los primeros países del Pacífico sudamericano que reivindicaron su jurisdicción marítima sobre 200 millas en 1947, plantando la semilla de la Declaración de Santiago y el Sistema del Pacífico Sur, al que Colombia posteriormente se integró.

Los antecedentes históricos, las proyecciones regionales y las virtudes exhibidas en La Haya por los contendientes hacen que el proceso sea especial para la Corte, afectada por las desventuras de su fallo en el caso Colombia-Nicaragua; y preocupada, supongo, por las decisiones que habrá de adoptar sobre la demanda de Bolivia contra Chile. He comentado sobre estas interacciones, subrayando la veneración de los jueces por su jurisprudencia; una fuente decisiva de derecho internacional cuyo valor y prestigio se sustentan en la coherencia entre sus sentencias pasadas y futuras y en el equilibrio con que debe aplicar lo general: el Derecho de los Tratados, y lo particular: el nuevo Derecho del Mar.

La demanda de Bolivia contra Chile se funda en los efectos jurídicos que atribuye a los “actos unilaterales” chilenos (ofrecimientos diplomáticos de negociar sobre la “aspiración” marítima boliviana). Presumo que la instauración del caso ha motivado que la Corte extreme su celo para librar a su jurisprudencia de eventuales contradicciones, dado el aparente “paralelismo” entre la tesis boliviana y los actos propios del Perú, que Chile esgrime en defensa de su interpretación de los acuerdos tripartitos de 1952 y 1954. Además, aunque sea jurídicamente irrelevante, la Corte sabe que sus decisiones gravitarán en las relaciones entre los litigantes.

En este contexto, resulta obvio que no es oportuno ni conveniente que el Congreso debata el acuerdo firmado con Bolivia el 19 de octubre de 2010 con el supuesto propósito de “generar las condiciones que permitan incrementar y ampliar” los acuerdos de 1992. El nuevo convenio se presentó como un upgrading de la razonable Boliviamar de Fujimori y Paz Zamora, convirtiéndola en Mar Bolivia. Un significativo cambio de toponimia acompañado de alusiones al “inicio de otra etapa de nueva calidad histórica” (¿?). Es difícil entender la porfía de insistir en nuevos acuerdos, soslayando el patente desinterés boliviano en el tipo de concesiones otorgadas en 1992, notoriamente desaprovechadas a pesar de su amplitud y generosidad.

Pero fue la inclusión de inéditas ofrendas navales y marítimas lo que obligó a negociar los reajustes que Torre Tagle sometió al Congreso en diciembre pasado, solicitándole aprobar el acuerdo de 2010. Con prudencia infrecuente, el Parlamento se ha resistido a hacerlo. Y debe seguir resistiéndose, por lo menos hasta que la sentencia de La Haya se dicte y se ejecute.

No interesa ahora que el acuerdo sea bueno o malo. Lo que importa es que sería extremadamente inoportuno perfeccionarlo en un contexto tan distinto al que primaba cuando se negoció y firmó. El interés nacional está de por medio, y la Cancillería debe advertir al Legislativo sobre la necesidad de diferir ese debate hasta que sea prudente iniciarlo en forma responsable e independientemente informada.

No es momento de complicar nuestras relaciones de vecindad. Es hora de serenidad y lucidez para que la sentencia de La Haya sea el “inicio de otra etapa de nueva calidad histórica” con Chile. El acatamiento del fallo puede abrir, en efecto, las puertas de un futuro diferente y promisorio para ambos países.

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