[GOBIERNO ESPAÑOL]

Reunión constructiva

Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba generan una atmósfera de diálogo, aunque les enfrenta la reforma laboral en España.

Ni hay acuerdo alguno sobre la reforma laboral ni el Gobierno cede a las presiones para anticipar la presentación de los Presupuestos de 2012. Pero tan contundentes desacuerdos entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba no son obstáculo para observar ciertos aspectos constructivos en las cuatro horas de encuentro mantenidas el miércoles en La Moncloa, porque la colaboración en asuntos económicos, en la política europea y en la gestión del final de ETA cambian el agrio clima que había regido las relaciones entre los dos principales partidos españoles a lo largo de los años precedentes. Ambos hacen bien en explicar a los ciudadanos la trascendencia que tiene para España cuanto acontece en Europa, aunque, por descontado, un acuerdo “total” entre Rajoy y Rubalcaba sobre la urgencia de la crisis griega no es más que una pequeña aportación al esfuerzo que corresponde hacer a otros actores clave en la UE. El objetivo es mantener a Grecia en el euro, porque su salida podría arrastrar, entre otros, a la propia España. Además de confirmarse el apoyo socialista a la reforma financiera planteada por el Ejecutivo, el líder del PSOE dio a entender que hay posibilidades de acuerdo respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, e insistió en la necesidad de moderar el ritmo del ajuste, punto este último en el que el Presidente del Gobierno se limitó a “escuchar”.

También representa un cambio la intención de preservar de la confrontación partidista –ya se verá hasta qué punto– la política exterior y de defensa y, sobre todo, la colaboración antiterrorista. En este aspecto es significativo que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, haya dado el paso de reconocer que el final de ETA se ha convertido en un problema “político”, más que policial.

Elevar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) a la consideración de “política de Estado” parece otra buena noticia, aunque sin más fruto, por el momento, que el de pedir propuestas a una comisión para evitar el hachazo a la inversión pública en esa materia. Y los dos líderes se dan de plazo hasta junio para renovar cuatro órganos del Estado –el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Consejo de RTVE y el Defensor del Pueblo–, sin incurrir en bloqueos similares a los que la derecha practicó durante años, pero sin caer tampoco en precipitaciones. Mejor es negociar.

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