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[CONSUMO DE DROGAS]

¿Timidez o prudencia?

Sin renunciar al combate frontal contra los carteles de la droga Eric Holder, el procurador de Justicia de EU apuesta más por la prevención y el tratamiento a los consumidores que por el castigo.
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La propuesta del Procurador de Justicia de Estados Unidos (EU) Eric Holder de reformar el sistema judicial en casos relacionados con el consumo de drogas es una buena contribución al debate nacional sobre los mecanismos legales para tratar el consumo porque aporta nuevos criterios para flexibilizar un proceso que hasta ahora había sido excesivamente rígido. Y si bien es cierto que su orden tiene mérito, porque en términos reales orienta el trato a los consumidores de drogas más hacia el tema de la prevención y tratamiento médico que como un delito castigable con cárcel, al final de cuentas resulta tímida para quienes esperaban un cambio más atrevido, y prudente para quienes piensan que el tema de la legalización requiere de un debate muy profundo.

Si colocamos la iniciativa de Holder en el contexto del debate sobre las drogas en el país y en el resto del mundo es evidente que se queda corta y esto es así porque atiende más a otros dos problemas nacionales que al tema de la legalización. Por un lado, Holder acusa recibo a los grupos defensores de los derechos civiles que han protestado por el desproporcionado número de minorías encarcelados por este tipo de delitos y también por el desproporcionado castigo a estas cuando cometen delitos similares a los que comete gente de raza blanca.

Por el otro, muestra que Holder busca una fórmula que le permita aliviar el problema del hacinamiento en las prisiones del país. En las cárceles estadounidenses está confinado el 30% de los prisioneros de todo el mundo y de los más de dos millones de personas que actualmente están encarceladas en el país, más de la mitad de ellos están en prisión por delitos relacionados con drogas, no necesariamente solo su consumo o su tráfico sino una combinación de ambas.

Es evidente que la decisión de Holder obedece también a un cambio en la estrategia contra las drogas de la administración de Barack Obama en tanto que privilegia la rehabilitación de los consumidores sobre el castigo al delito. El Plan de la Casa Blanca prevé el incremento de los tribunales de drogas para atender casos de delitos menores relacionados con el consumo de drogas. Actualmente solo el 15% de los prisioneros adictos a las drogas recibe tratamiento para su rehabilitación. Pero a diferencia de lo que está sucediendo en algunos países europeos y latinoamericanos, donde ya se ha despenalizado, y/o legalizado el consumo de ciertas drogas o donde ya se ha iniciado un debate público serio sobre el tema, hasta el momento, nadie dentro de la administración de Obama habla seriamente de despenalizar el consumo y menos de una posible legalización de la marihuana. Y esto a pesar de que en dos Estados de la unión, Washington y Colorado, ya se han aprobado leyes que legalizan el consumo de marihuana aún cuando las leyes federales siguen prohibiéndolo. Más aún, tanto el Presidente Obama como el director de la oficina para el Control Nacional de Drogas, Gil Kerlikowske han sido muy claros al expresar su rechazo a la legalización de la producción, venta y consumo de cualquier droga, incluyendo la marihuana. Aún admitiendo que la llamada “Guerra contra las Drogas” ha sido ineficaz, costosa y en algunos casos contraproducente, sostienen la única manera de enfrentar a los carteles que representan un grave peligro a la seguridad nacional es valiéndose de la legítima fuerza del Estado, es decir combatiéndolo militarmente.

Una verdad evidente pues mientras siga habiendo organizaciones criminales internacionales que lo mismo secuestran personas que venden protección, se dedican a la trata de personas o trafican drogas, la ilusión de que su legalización traería como consecuencia el final de los carteles no es sino una ilusión. Es cierto que en un distante futuro la legalización podría incidir en las ganancias de los criminales, pero de ninguna manera conduciría al desmantelamiento de estas organizaciones internacionales ya plenamente diversificadas en su criminal comercio.

Mientras tanto, ya sea por su prudencia o por su timidez, hasta ahora ningún grupo político de importancia se ha manifestado en contra de las recomendaciones del procurador de Justicia de la nación por lo que al menos en Estados Unidos todo sigue casi igual que siempre.

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