[EXTRACTO]

Un estado general de corrupción

Las historias judiciales de Rodrigo Rato esclarecen de modo diáfano la actitud y actuación de las llamadas “élites” que saquean a la ciudadanía sin escrúpulo alguno.

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Exministro de Economía de España, Rodrigo Rato. Exministro de Economía de España, Rodrigo Rato.
Exministro de Economía de España, Rodrigo Rato. AP/Archivo

En el Reino de España no pasa mucho tiempo sin noticias de corrupción. Hace unos días, la Guardia Civil detuvo a Ignacio González, expresidente del gobierno autónomo de la región de Madrid, por presuntos delitos de corrupción y saqueo de fondos públicos. Y hace poco más, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez que instruye causa contra el exministro de Economía Rodrigo Rato de presuntos delitos de blanqueo, fraude fiscal y corrupción.

Según ese informe, Rato habría blanqueado 31 millones de euros (33 millones de dólares) y la UCO asegura que la empresa Cor Comunicación, que él mismo fundó, fue “pensada y creada” para blanquear millones de euros. También el Ministerio de Hacienda considera que Cor Comunicación se constituyó para actividades opacas deliberadas. Según informe de la Oficina Antifraude de Hacienda, casi todo el dinero blanqueado por Cor Comunicación procedía del pago de facturas de esa empresa de Rato a empresas privatizadas (en cuya privatización habría intervenido como ministro de Economía) como Endesa, Paradores, Repsol, BBVA, Retevisión, Telefónica, Iberia, Aldeasa, Logista y Azucarera.

Las historias judiciales de Rodrigo Rato esclarecen de modo diáfano la actitud y actuación de las llamadas “élites” que saquean a la ciudadanía sin escrúpulo alguno. Una parte de las cuales ha establecido un estado general de corrupción en este país en los últimos años. Que esa corrupción es un grave problema generalizado lo demuestra que en 2015 y 2016 hayan sido juzgadas en España mil 378 personas acusadas de delitos de corrupción, más del 70% de causas juzgadas acabaron con condenas y han sido condenadas 399 personas, según datos del consejo general del poder judicial.

Las grandes corrupciones, conocidas y aireadas por la prensa, señalan la gravedad de ese tumor que deviene en plaga. Como muestra, la Operación Púnica con la que políticos y empresarios organizaron una red para adjudicar servicios públicos y contratos a empresas privadas por jugosas comisiones ilegales. Esa red manejó adjudicaciones por 250 millones de euros (268 millones de dólares). Una historia corrupta en la que hay presuntamente implicados dirigentes y cargos públicos del gobernante Partido Popular (PP), pero no solo del PP.

El caso de los Papeles de Bárcenas, llamados así por el extesorero del PP, es un sumario por apropiación indebida, en el que habría también implicados altos cargos del partido del gobierno. Otra corrupción investigada, Gürtel, muestra una red de corrupción política, presuntamente vinculada al PP, con 187 acusados (de los que 74 son políticos) por fraude fiscal, soborno, blanqueo de capitales y tráfico de influencias…

En verdad, un panorama vomitivo. Pero inquieta, aflige y alarma aún más que, a pesar de escándalos y delitos ampliamente difundidos por los medios, el PP, con más afectados e imputados que ninguna otra formación política, haya retrocedido poco electoralmente. Debería haber caído en picado, pero el último sondeo aún le adjudica 33% de intención de voto. ¿Tan mal está este país? ¿Tan débil es la exigencia ética en España? Porque lo peor es que, por activa o pasiva, directa o indirectamente, quien finalmente paga el pato de tanta corrupción es la gente de a pie, la gente común, el pueblo trabajador. Gente de la que bastantes votan al PP. Lo paga la gente con recortes de sus derechos sociales. Y con insuficiencia de fondos públicos para que el país avance, haya empleos y suficientes y salarios dignos. Porque la recuperación, si es tal, ha de ser para todos, no solo para la minoría de siempre a costa de los demás.

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