[CORRUPCIÓN EN ESPAÑA]

La infanta romperá el silencio

En la causa está imputado el esposo de Cristina, Iñaki Urdangarin, por presuntamente haberse apropiado de 8.2 millones de dólares cuando estaba al frente del Instituto Nóos.

La infanta Cristina dio ayer un paso muy demandado por la sociedad española: anunció que romperá su silencio y declarará ante el juez que le imputa presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, en el marco de una supuesta trama de corrupción que salpica a la monarquía española. La reacción de la casa del rey no se hizo esperar. Apenas unos minutos después de que los medios españoles lanzaran la noticia, un portavoz de Zarzuela valoraba “muy positivamente” la decisión de la hija menor del rey Juan Carlos. El llamado “caso Nóos” es desde hace tres años un mazo que golpea la imagen de la Corona. En la causa está imputado el esposo de Cristina, Iñaki Urdangarin, por presuntamente haberse apropiado de seis millones de euros de dinero público (8.2 millones de dólares) cuando estaba al frente del Instituto Nóos, una entidad pública ligada al deporte. Su imagen haciendo “el paseíllo” frente a los juzgados de Palma de Mallorca y ante decenas de periodistas forma parte ya del imaginario colectivo de los españoles, que ven con estupefacción y enfado cómo la corrupción que campa en las instituciones públicas del país no es ajena tampoco a la monarquía.

Ahora, con su decisión de no recurrir el auto de imputación que se hizo público el pasado 7 de enero, la hija menor del rey Juan Carlos acepta también ese “paseíllo” ante el juez José Castro, instructor del caso. Insiste en que es inocente pero mantiene que no tiene “nada que ocultar” ante el magistrado ni ante la sociedad española. Su defensa asegura que la infanta actuó por amor. Que confió ciegamente en su esposo y no estuvo al tanto de las operaciones que este realizó en la sociedad que ambos compartían al 50% y que habría utilizado para defraudar a Hacienda.

El juez Castro, llamado ya en España “el justiciero”, considera que existen indicios penales suficientes para citar a la infanta y que su marido difícilmente pudo defraudar al fisco español sin su conocimiento, por mucho que esta mantuviera ante terceros “una actitud propia de quien mira para otro lado”. “Presumir que quien supuestamente se ha lucrado de la manera expuesta desconociera por completo de lo que se le estaría hablando y que por ello no merecería la pena preguntarle no es de recibo”, consideró el magistrado en el reciente auto. La infanta ya fue imputada en esta causa el pasado mes de abril, aunque no llegó a declarar, ya que se suspendió la citación tras un recurso presentado por la Fiscalía ante la Justicia española. Mientras tanto, lo único que Cristina hizo fue callar y alejarse de la polémica.

Hace medio año decidió hacer las maletas y trasladarse con sus cuatro hijos desde Barcelona, su residencia habitual en España, a Ginebra, en Suiza. Tampoco se separó de su esposo ni renunció a sus derechos dinásticos, aunque la casa real sí rompió toda relación con el exdeportista e incluso borró su perfil de la página web de la institución, también con el fin de sacar el problema de los muros del Palacio de la Zarzuela. Pero los españoles no se conforman con estos gestos. Exigen a la monarquía esa “ejemplaridad” que el rey Juan Carlos cita en sus discursos de Nochebuena. La imagen de la institución se despeña en las encuestas y en 2013 apareció por primera vez entre los problemas que más preocupan en el país, por encima del terrorismo.

La causa no es solo el “caso Nóos”, sino que a él se suman otros escándalos como la cacería del rey en Botsuana en 2012 y su relación con su “amiga especial” Corinna zu Sayn-Wittgenstein, además de sus ya conocidos problemas de salud, con nueve intervenciones quirúrgicas en los últimos dos años. Juan Carlos tuvo que pedir perdón públicamente a los españoles -de viva voz- por su viaje a Botsuana. Ahora le toca dar la cara a su hija. Cristina declarará “voluntariamente” ante el juez en una fecha todavía por determinar, después de ser citada como imputada el próximo 8 de marzo por presuntos delitos que pueden acarrear penas de hasta 11 años de cárcel.

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