[DERECHOS HUMANOS]

Una injusticia irreversible

Una de cada nueve personas condenadas a muerte en Estados Unidos son absueltas con posterioridad. Eso sí, tras pasar al menos una década en el corredor de la muerte.

La corrupción, el tráfico de drogas, el adulterio, el asesinato o la oposición al régimen vigente en determinados Estados son algunos de los actos que se pagan con un precio muy alto: la vida. La pena de muerte todavía se contempla en países como Irán, Irak o China. Una condena que se excusa en una justicia más que cuestionable, que deja sin derecho a rectificar a quienes han infringido la ley o a quienes se ha acusado por error. Ni siquiera está demostrada la supuesta función disuasoria de la pena de muerte.

Al menos 778 personas fueron ejecutadas en 22 países durante 2013, según Amnistía Internacional. La cifra podría ser en realidad mayor, ya que, en países como China, se desconocen los datos reales sobre las ejecuciones al considerarlas secreto de Estado. Además, a pesar de la tendencia global de acabar con la pena de muerte en el mundo, el número de ejecuciones ha sido superior al año anterior debido al incremento de muertes en países como Irak e Irán, en los que los delitos atienden, en su mayoría, a cuestiones religiosas.

Sin embargo, no es necesario asomarse a la realidad de los regímenes dictatoriales para encontrar la cruel e inhumana práctica de la pena capital. Estados Unidos, por ejemplo, es el cuarto país con mayor número de ejecuciones en el mundo. La antesala de la pena máxima, el corredor de la muerte, es otra clara muestra de inhumanidad. Aunque no todas las prisiones funcionan igual, los presos puestos en libertad coinciden en señalar las condiciones ínfimas en las que vivían, por no mencionar la dificultad que supone vivir día a día con el miedo a que sea el último. “El hecho de que el Estado quiera matarte es algo que tienes que asimilar por ti mismo”, explica Damon Thibeaux, liberado tras 15 años en una prisión de alta seguridad en el estado de Luisiana.

En algunos casos, los prejuicios raciales, los falsos testimonios de testigos o los fallos judiciales sentencian a muerte a personas inocentes. En otros casos, es la dureza de los interrogatorios los que llevan a algunos inocentes a declarar su culpabilidad por crímenes que no han cometido. Según explica la asociación Witness of Innocence, una de cada nueve personas condenadas a muerte en Estados Unidos son absueltas con posterioridad. Eso sí, tras pasar al menos una década en el corredor de la muerte. Como Glenn Ford, que ha perdido 30 años de su vida por un delito que no cometió. El supuesto atraco a una joyería lo condujo al corredor de la muerte. Tras tres décadas defendiendo su inocencia, Ford ha conseguido esquivar un castigo sin rectificación posible. No es el único caso.

Desde 1973, Estados Unidos ha puesto en libertad a un total de 142 presos que habían sido sentenciados a muerte. Sin embargo, la ansiada libertad no siempre llega. Es el caso del mexicano Carlos de Luna, condenado por ser el presunto asesino de Wanda López, empleada de una gasolinera. Tras ser detenido en el lugar de los hechos el mexicano mantuvo su inocencia hasta el final e incluso dijo conocer la identidad del verdadero culpable: Carlos Hernández, un compatriota que reveló a amigos y familiares su crimen pero que nunca llegó a pagar por él. Seis meses después del asesinato de la joven, Carlos de Luna era ejecutado en Texas. La mala defensa, la equivocación del testigo en el reconocimiento y los fallos en la instrucción del caso acabaron con su vida. Una condena que no permite rectificar en caso de error.

“Van a matar a papá porque mató a alguien. Así que, cuando lo maten, ¿a quién tendremos que matar?”, preguntaba la hija de David Martínez, condenado a muerte en 2005. ¿Matar a alguien que en su momento cometió un delito, de sangre o no, no nos convierte igualmente en asesinos?

La ley del Talión dejará ciega a la sociedad. Mientras, semejamos estar ya mudos ante una violación de los derechos humanos que parece estar lejos de su abolición.

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