[BRASIL]

El laberinto de Dilma Rousseff

Hubo un tiempo en el que el principal problema del gobierno de Dilma Rousseff era controlar la inflación o intentar explicar que la recesión técnica, detectada en el segundo trimestre de este año, no se convertiría en una recesión de facto. Después de llegar este lunes a Brasil, desde la reunión del G-20 en Brisbane (Australia), le toca enfrentarse a un país perplejo por las investigaciones de la Operación Lava Jato, por la que fueron detenidos 10 ejecutivos el viernes y que culminó con la incautación de documentos en diversas empresas que tienen negocios con Petrobras.

Se trata de un hecho inédito en un país donde, hasta hace poco, solo se arrestaba a “negros, pobres y putas”, según dijo Rodrigo Janot, procurador general de la República, en una entrevista en Folha de São Paulo. El país, que ahora pone a prueba sus instituciones, todavía está digiriendo esta nueva fase de la investigación.

Por ahora, Rousseff intenta mostrarse tranquila ante las noticias de corrupción en Petrobras. La petrolera estatal pospuso la divulgación de sus resultados financieros para minimizar el ambiente de desconfianza, resultado de las informaciones de fraude que salieron a luz por la investigación de la policía federal de Brasil.

La Presidenta también se enfrenta a la presión de la reforma ministerial y a las desconfianzas sobre su liderazgo. La semana pasada, la entonces ministra de Cultura Marta Suplicy dejó su cargo e hizo pública una carta de dimisión en la que pedía a Rousseff un nuevo grupo de trabajo, con un equipo económico “independiente”. No se trata solo del desagrado de un miembro del Gobierno; las declaraciones de Suplicy, que ahora regresa a su escaño en el Senado, evidencian la división del partido en este final de primer mandato. Los problemas dentro de la principal compañía del país atormentan a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT).

Además de la subida de los tipos de interés por el banco central pocos días después de ser reelegida Rousseff, el Gobierno propuso un proyecto que altera el cálculo que se hace para lograr el superávit presupuestario –la diferencia entre lo que recauda y gasta el Gobierno para pagar los intereses de la deuda pública–, con el objetivo de cumplir con la meta establecida por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El Gobierno gastó más de lo que recaudó y no cerrará sus cuentas si el Congreso no permite una maniobra de contabilidad: quitar de los gastos de inversiones públicas en infraestructura y las subvenciones al sector industrial.

Todo ello con una oposición que salió más fuerte de las elecciones. Según varios expertos, algunos de estos miembros opositores han creado un ambiente de inestabilidad al intentar atribuir una responsabilidad jurídica a la Presidenta en caso que no logre cumplir el superávit tal y como dice la ley.

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