[CASO ODEBRECHT]

Contra la putrefacción

La gangrena de la corrupción impide tomar las decisiones correctas, desvía recursos destinados al bien público y erosiona la confianza de los ciudadanos en las autoridades e instituciones.

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Contra la putrefacción

“La corrupción es la gangrena de un pueblo”, dijo el papa Francisco en 2015, durante una visita a Paraguay, y dos años antes, el novelista Mario Vargas Llosa había utilizado la misma analogía, pero agregándole localización geográfica: “La corrupción es una gangrena en Latinoamérica”.

Yo no sé si ya entonces Vargas Llosa se había enterado del escándalo Petrobras-Odebrecht en Brasil o si simplemente acudía a la experiencia histórica para documentar su pesimismo. El caso es que seis meses antes del discurso de Vargas Llosa en 2013, la policía brasileña había descubierto una operación de lavado de dinero en Curitiba, que en un principio daba la impresión de que no trascendería el nivel nacional.

La investigación policiaca reveló que el beneficiario de la operación de lavado de dinero era la poderosa empresa petrolera Petrobras, la mayor empresa de Brasil y la mayor empresa estatal de América Latina. Y el propósito de la operación era ocultar el dinero que ilegalmente recibía como soborno de las empresas de construcción e ingeniería que firmaban contratos con ella. Generalmente, el soborno era el 3% del presupuesto de la obra, y el botín, una vez blanqueado, se repartía entre los políticos y empresarios que participaban en el fraude. La policía investiga la posible colusión de cuatro expresidentes de Brasil: Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor de Melo y Dilma Rousseff.

La investigación rebasó el entorno brasileño cuando se descubrió que el magnate brasileño de la construcción Marcelo Odebrecht había pagado más de 30 millones de dólares a la petrolera a cambio de contratos de construcción, y que esta no era la única operación fraudulenta de su constructora, porque su ámbito de operaciones era continental. Siguiendo el mismo esquema utilizado en Petrobras, la empresa de Odebrecht corrompía a funcionarios de nueve países latinoamericanos para obtener concesiones de obras multimillonarias.

El negocio era redondo para los sinvergüenzas, pues el dinero empleado para pagar el soborno se añadía al costo de la construcción, y así los corruptos salían siempre ganando mientras que los ciudadanos contribuyentes en cada uno de estos países salían perdiendo.

Al igual que sucedió en el caso de corrupción de la FIFA, el Departamento de Justicia estadounidense se involucró en el caso Odebrecht al descubrir que algunos de los empleados de la firma habían realizado sus operaciones fraudulentas en territorio estadounidense, y en su investigación descubrió pagos de Odebrecht por 439 millones de dólares, obteniendo un beneficio de más de mil 400 millones de dólares.

En Colombia se presume que repartió alrededor de 11 millones de dólares durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, que podrían haberle generado ganancias por 50 millones de dólares, aunque la investigación en ese país sigue su curso. En Panamá, habrá que esperar hasta finales de marzo para saber el verdadero alcance de las operaciones corruptas de Odebrecht y sus socios, pero se habla de unos 22 millones de dólares transferidos a cuentas de banco personales. En México, la cifra de los sobornos ronda los 10 millones de dólares, que podrían haber generado ganancias por 39 millones de dólares durante el gobierno de Felipe Calderón. También siguen pendientes las investigaciones de la operación en Argentina, Perú, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y la joya de la corona: Venezuela, considerado hoy el país más corrupto del hemisferio por Transparencia Internacional.

La gangrena de la corrupción es alarmante porque impide tomar las decisiones correctas; desvía recursos destinados al bien público y erosiona la confianza en las autoridades y en las instituciones. Y la única forma de combatirla es fortaleciendo a la prensa libre y responsable para que vigile y exija transparencia gubernamental en el manejo de los fondos públicos; demandando la rendición de cuentas de los servidores públicos y el respeto a estrictos códigos de conducta. Modestas exigencias cívicas que, sin embargo, solo se dan en pueblos con altos niveles educativos donde existe la confianza social, se respeta la igualdad de género, se ensalza la ética de trabajo y el apego al estado de derecho. Son países donde la honradez es una virtud cotidiana. ¿Podremos aspirar a esto algún día en América Latina?

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