[CONTRADICCIONES]

Un salto de fe

Cuando el Estado viola la privacidad de los ciudadanos monitoreando sus comunicaciones atenta contra su libertad, por ende, no tiene derecho a exigirles que crean en su palabra.
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Mientras que el presidente Barack Obama, las autoridades federales encargadas de la seguridad nacional y el liderazgo Demócrata y Republicano dentro del Congreso siguen defendiendo la continuación de los programas de vigilancia a sus ciudadanos y en países aliados, un buen segmento de la opinión pública, y un grupo cada vez mayor de representantes en la Cámara Baja, finalmente empieza a manifestar su preocupación por las violaciones a la privacidad y a plantear que se modifiquen las leyes que permiten el monitoreo masivo de llamadas telefónicas y correos electrónicos de los ciudadanos.

Nadie duda que el terrorismo representa un grave peligro para el país. Los ataques a las torres gemelas y los atentados en Irak y Afganistán, en Arabia Saudita, en Bengasi y en Boston, han sido dolorosos recordatorios del poder de organizaciones terroristas como Al Qaeda y de su empeño por dañar a Estados Unidos (EU).

Lo que se cuestiona, y afortunadamente cada vez con mayor ahínco, es la legalidad, la racionalidad y la efectividad de las acciones que el Gobierno estadounidense ha puesto en práctica para defender al país o si la reacción ha sido desproporcionada, violatoria de leyes nacionales e internacionales y atentatoria contra del principio fundamental que dicen querer defender, la libertad individual.

Según la última encuesta del Pew Center, al preguntársele a la gente si piensa que los programas de vigilancia son excesivamente amplios y atentan contra las libertades civiles o si por el contrario creen que debería profundizarlos para proteger el país, un 47% de los entrevistados dijo que su mayor preocupación es que se han excedido mientras que un 35% puso por encima la protección del país.

El dato es relevante porque apenas en 2010, solo al 30% de los entrevistados les parecía que el Gobierno se excedía. Más importante, sin embargo, es que el 63% cree que el Gobierno miente cuando dice que no revisa el contenido de las comunicaciones de la gente.

Por otro lado, si para valorar la utilidad de los programas hacemos un análisis de costo/beneficio, el balance es demoledor en contra del Gobierno. De 2001 a la fecha, se han gastado aproximadamente 8 billones de dólares ($8 trillion, en inglés) para defender al país del terrorismo internacional, pero cuando se les pide a las autoridades que mencionen casos específicos de atentados frustrados gracias al controvertido programa de espionaje, la cosecha se reduce a un caso, un hombre en San Diego que envió $8,500 dólares a un grupo afiliado a Al Qaeda en Somalia. Aún reconociendo que las cifras reales sobre el número de atentados que ha sido frustrado gracias a los diversos programas de defensa es casi imposible de precisar, e inclusive acreditando la posible veracidad de un reporte de la muy conservadora Heritage Foundation que dice que de 2001 a la fecha se han frustrado entre 50 y 60 atentados, el balance sigue siendo estrepitosamente deficitario.

Algo semejante sucede cuando se busca precisar el número de estadounidenses muertos en atentados terroristas. Según la revista alemana Der Spiegel, de 2005 a la fecha habrán muerto unos 23 estadounidenses en atentados dentro y fuera de EU. Algunas publicaciones norteamericanas sostienen que después de los casi 3 mil que murieron el 11 de septiembre, el número de muertos en atentados terroristas llegaría a 150.

Ante estas cifras, no queda otra que cuestionar el argumento de las autoridades de que el propósito de los programas de espionaje es salvar vidas. Peor aún, si de salvar vidas se trata, ¿no sería más efectivo imponer un control racional a la venta de armas de fuego con las que anualmente se matan a más de 30 mil estadounidenses? Y si el motivo del programa es defender la libertad de los estadounidenses, ¿No resulta contradictorio restringirles su libertad espiándoles? Y hablando de libertades ¿será exagerado exigir que se respete la privacidad de mis conversaciones telefónicas y mis correos electrónicos?

El Gobierno ha asegurado a los ciudadanos que solo revisan el contenido de las comunicaciones privadas conectadas a individuos identificados como terroristas y no las del resto de la gente. El problema con esto es que esta declaración inverosímil obliga a la ciudadanía a confiar ciegamente en la mismas autoridades que ya violaron su esfera privada, y esto es no un acto sino un salto de fe muy difícil de dar.

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