[EL FIN DE ETA]

El voto y la palabra

Rodríguez Zapatero se lleva la gloria de que el fin de ETA haya ocurrido bajo su mandato, período en el que la ley ha perseguido y acosado a la banda con éxito notable.

El jueves 20 de octubre, la siniestra imagen de ETA leyendo un comunicado apareció una vez más en las pantallas. Una imagen conocida y odiada: al fondo, el símbolo de la banda; al frente, tres enmascarados tocados con la chapela, la boina vasca. Por el gusto tanto misterio; un poco más tarde, la policía sabía el nombre de cada uno de ellos, un hombre y dos mujeres. Las máscaras sirven ya de poco.

En esta ocasión anunciaban el cese definitivo de su actividad armada, que a lo largo de más de 40 años ha dejado 829 muertos, centenares de heridos, secuestros y extorsiones, sin olvidar el miedo generalizado a nuevos atentados y las amenazas concretas a los que, por efecto de su cargo o de su postura política, se convertían en objetivo de los terroristas. La noticia opacó en España a la que se había producido unas horas antes: la muerte de Gaddafi, en orden inverso a la importancia que se le dio en el resto del mundo. Comprensible a todas luces, pero que no quita un ápice al significado que tiene para los españoles.

Rodríguez Zapatero se lleva la gloria –al menos– de que el fin de ETA haya ocurrido bajo su mandato, período en el que la ley ha perseguido y acosado a la banda con éxito notable, un triunfo que han perseguido con ahínco todos los gobiernos anteriores sin resultado. No obstante, es menos que probable que este hecho se traduzca en votos el próximo 20 de noviembre. Los españoles, hoy por hoy, están más preocupados por el desempleo y la crisis que por el terrorismo, aunque ahí estaba, como la espada de Damocles, sobre nuestras cabezas.

La noticia no ha sorprendido a nadie. Sabíamos a ETA contra las cuerdas, descabezada y dividida, y cuando la izquierda abertzale, su brazo político, organizó la Conferencia Internacional para la Paz a principios de la semana pasada, a la que asistieron personalidades tan conocidas como Gerry Adams, presidente del Sinn Fein irlandés, Kofi Annan y Brian Currin, experto surafricano en la resolución de conflictos, no cupo la menor duda. La declaración final de la conferencia, pidiendo a los terroristas el cese de la violencia, sirvió de pista de aterrizaje al comunicado de ETA. Todo estaba hablado.

Cuando Batasuna, partido de la izquierda abertzale, fue ilegalizado gracias a la Ley de Partidos (2002), que prohíbe participar en política a grupos que atenten contra los postulados democráticos, comenzó a forjarse el cese del terrorismo a nivel interno. Bajo distintas denominaciones, los abertzale y otros grupos nacionalistas e independentistas siguieron con su intento vano de colarse en las sucesivas elecciones. En las municipales de mayo, sin embargo, lo logró Bildu, que consiguió incluso la alcaldía de Donostia (San Sebastián), y que se mostró en contra de cualquier tipo de violencia (sin mencionar a ETA). La lección estaba clara: para participar en política había que convencer a la banda de que dejara de matar y que lo dijera. Y ya está dicho.

El ala más conservadora del Partido Popular (no así Rajoy) insinúa que ha habido concesiones por parte del gobierno, y las asociaciones de víctimas se muestran escépticas y temen que se rompa la cadena de los procesos judiciales de los asesinos presos en favor de la reconciliación, pero ¿cabe aquí una reconciliación? ¿Con quién? En Euskadi no había una guerra entre dos enemigos. Había un grupo que mataba y otro que moría. Bildu y sus adláteres claman a voz en cuello que el conflicto político no ha terminado. Plantearán el traslado de los presos al País Vasco, la reforma de su estatuto de soberanía y una posible independencia, y con todo esto tendrá que lidiar el próximo gobierno, de ahí la cara de susto que tiene Mariano Rajoy desde el jueves pasado, pero una cosa está clara: los que de una forma u otra han apoyado a ETA durante más de 40 años, ya están aceptados en las instituciones democráticas. Ahora es el turno del voto y de la palabra.

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