Teléfono robado, teléfono ´muerto´

Estados Unidos busca proteger a la ciudadanía con leyes contra hurtos a teléfonos móviles que persigue al país estadounidense.
LA PRENSA/Archivo. LA PRENSA/Archivo.
LA PRENSA/Archivo.

Perder el teléfono móvil es, generalmente, un drama personal y económico, y cuando se trata de un robo, puede suponer además un riesgo físico para su propietario, al que los políticos de Estados Unidos quieren proteger con polémicas leyes que conviertan los dispositivos sustraídos en cacharros inservibles.

Los hurtos de telefonía han adquirido la dimensión de problema social en Estados Unidos, donde estas actividades ilícitas cuestan al consumidor 30 mil millones de dólares al año, según la Comisión Federal de Comunicaciones, y suponen un lucrativo negocio para las mafias.

Las autoridades exigen medidas contundentes a fabricantes y empresas de telecomunicaciones que se resisten a dejar que los legisladores dicten las especificaciones técnicas de sus productos. La presión de los representantes públicos se ha incrementado en los últimos meses hasta el punto que el fiscal del distrito en San Francisco, George Gascón, y el jefe de Policía de Los Ángeles, Charles Beck, han llegado a cuestionar la buena fe del sector.

“Proveedores de telefonía y fabricantes hacen miles de millones de dólares reemplazando teléfonos robados. También ganan dinero vendiendo seguros. Los beneficios no deberían guiar decisiones que tienen consecuencias de vida o muerte”, aseguraron ambos en un artículo de opinión que firmaron en Los Angeles Times.

En febrero, varios senadores presentaron en Washington el anteproyecto de ley “Smartphone Theft Prevention Act” para obligar a que todos los teléfonos inteligentes que se vendan en EU estén equipados por defecto con una función que solo el dueño pueda activar para terminar con la vida útil de su dispositivo y que funcione de forma remota en todo el mundo.

Ese mecanismo, bautizado como “Kill Switch”, se planteó a nivel estatal en Minnesota y en California, donde la iniciativa apoyada por Beck y Gascón fue rechazada en una votación muy ajustada en Sacramento.

Los opositores consideraron la propuesta una regulación excesiva por coartar la libertad de elección del consumidor, que ya hoy tiene a su disposición diferentes aplicaciones para asegurar que, en caso de pérdida o robo, pueda localizar su teléfono y eliminar todos los datos a distancia (“Find My iPhone” de Apple es un ejemplo).

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