El futuro del Corredor Biológico Mesoamericano

La polémica por la continuidad del proyecto de la mano de una fundación seguirá en la palestra.
El proyecto contempla ejecutar actividades sostenibles para beneficio de las comunidades. NYT Images. El proyecto contempla ejecutar actividades sostenibles para beneficio de las comunidades. NYT Images.
El proyecto contempla ejecutar actividades sostenibles para beneficio de las comunidades. NYT Images.

En los últimos días, los ambientalistas han alertado sobre el futuro del Corredor Biológico Mesoamericano en la parte que comprende Panamá, debido a lo que consideran una irregularidad en relación un nuevo proyecto, que le daría continuidad a la segunda fase que está por terminar en julio próximo.

El proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano nació en la década de 1990, como una iniciativa regional de ordenamiento territorial en la que se incluían zonas naturales en cada país, con áreas adyacentes de amortiguamiento, que tendrían una administración especial y donde se promoviera el desarrollo sostenible rural. La primera fase del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP) concluyó en 2005, y ahora se plantea una polémica propuesta.

Según argumentan ambientalistas y abogados, se ha constituido una fundación privada que tendría acceso a fondos públicos para la administración y ejecución del nuevo proyecto, y que, incluso, podría traspasar esos fondos, y hasta bienes.

“Hace unos años se comenzó a trabajar en una propuesta estratégica para el futuro del proyecto, que se publicó en noviembre de 2012, y que incluía tres ejes: programático, estructural y financiero. Se pensó en varios mecanismos para obtener fondos para una tercera fase o, más bien, un proyecto innovador, llamado ´Sistemas productivos sostenibles y conservación de la biodiversidad en el Corredor Biológico Mesoamericano´. Se concluyó que la opción más conveniente era una figura de carácter privado que debía ´evolucionar´ hacia una de carácter público”, explicó Rosabel Miró, de la Sociedad Audubon Panamá.

Según el documento, dicha fundación operaría apoyando las políticas públicas y ambientales en coordinación con la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y se recomendaba que en esta participara el equipo actual del CBMP.

La semana pasada, un grupo de ambientalistas fue a una consulta en el Parque Nacional Omar Torrijos Herrera en Coclé, convocada por la administración del CBMP, pero “las explicaciones que nos dieron sobre la fundación ´público-privada´ no fueron claras ni suficientes”, dijo Miró, y añadió que ya se ha presentado el proyecto nuevo al Banco Mundial, del que se espera obtener 9.5 millones de dólares para realizarlo. Este estaría a cargo de la Anam y del MEF, este último como representante del Gobierno ante el Banco Mundial. La Anam, mediante acuerdo, designará la implementación técnica y administrativa a una iniciativa pública-privada. El MEF y la Anam supervisarán, pero la fundación lo ejecutará.

El abogado Harley Mitchell explica que en la legislación panameña no existen las fundaciones público-privadas. “Ese es el primer problema. Sí existen fundaciones de estructura privada que tienen síndicos públicos, pero fueron creadas antes de la actual ley de fundaciones de interés privado”.

Añade que, según la información disponible, el proyecto nuevo, que tendría un plazo de cinco años para su implementación, está destinado a financiar actividades sostenibles para que las comunidades que viven dentro o adyacentes a las áreas protegidas se dediquen a distintos trabajos que no presionen los recursos naturales. “Este perfil del proyecto, en esencia, no tendría nada de extraordinario, pero en algunas de sus secciones, imbrica la necesidad de que los fondos para realizar todas las actividades tienen que manejarse a través de una fundación privada, llamada “Fundación de Parques Nacionales y Corredores Biológicos”. Si hay una ley de contrataciones públicas, cuando el Estado requiere un servicio, ya sea que se administren fondos, o una consultoría para administrar o delegar una tarea, tiene que haber un concurso. Acá no. En el proyecto dice que tiene que ser esta fundación”.

La fundación es un ente privado, pero con funciones muy parecidas a las que tienen la Anam y el CBMP. Personas naturales que son funcionarios están facultadas, a partir de que esto se concrete, para traspasar esos fondos y bienes públicos a una fundación privada de la que ellos mismos son parte, argumenta Mitchell. El proyecto incluye también las compensaciones ecológicas. Los recursos naturales son de dominio público. ¿Puede tener un privado funciones de disponer de bienes que en principio son públicos?, cuestiona.

Según el abogado Félix Wing, un patronato hubiera sido una opción más adecuada. “Hay que recordar la mala experiencia que hubo con las donaciones de Taiwan y la Fundación Mar del Sur”, y añade que hay mecanismos internacionales para interponer quejas respecto a los proyectos del Banco Mundial y del GEF. A nivel local, la orden judicial sería lo más efectivo para detener esta propuesta. “Espero que podamos disuadir a las autoridades actuales, sin necesidad de llegar a conflictos formales”. Las discusiones sobre el tema continuarán.

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