Aclaran nota sobre fondos para la Iglesia

Ana Elena Porras: ‘Se ha traspasado a la curia metropolitana no solo dinero estatal, sino propiedades que han sido declaradas patrimonio histórico de la nación y de la humanidad’.

14 DE FEBRERO

Felicitaciones por la importante noticia de hoy (domingo 14 de febrero de 2016) titulada “Destinan fondos del PAN (Programa de Ayuda Nacional) y partida discrecional para temas religiosos”, que identifica atinadamente el importante problema que representan las decisiones del Ejecutivo de asignar partidas estatales a la Iglesia católica, principalmente, y de la manifiesta preferencia del actual presidente por ayudar a las autoridades eclesiásticas, porque desdibuja la separación constitucional entre los poderes del Estado y la Iglesia.

No obstante, cuando se refieren a mis declaraciones (página 6A, tercer párrafo de la 6a columna) en el excelente y valiente reportaje de Luis Burón-Barahona y Eliana Morales Gil, se me atribuyen las siguientes palabras: “Se traspasa a una institución que no se ha preocupado por buscar fondos para la restauración de la Catedral”. Estas palabras no se ajustan con precisión a mis declaraciones. Porque si hay algo que reconozco que hacen bien las autoridades de la curia metropolitana es precisamente pedir dinero.... al Estado y a su feligresía. Me gustaría tener la oportunidad ahora para dar mayor precisión a las declaraciones que se me atribuyen en el referido reportaje, y que fueron manifestadas en una entrevista telefónica, que se han traspasado a la curia metropolitana no solo dinero estatal, sino propiedades que han sido declaradas patrimonio histórico de la nación y de la humanidad, violando así nuestras leyes de cultura consagradas en la Constitución Política de Panamá. Y que no es competencia de las autoridades de la Iglesia, sino del Estado panameño, velar por la gestión, restauración y conservación de esos bienes que pertenecen a la nación panameña. La Iglesia católica ha usurpado funciones propias del Estado, en este caso del INAC (Instituto Nacional de Cultura), al asumir el proyecto de restauración de la Catedral Metropolitana y otras edificaciones religiosas coloniales del Casco Antiguo, a través de la apropiación indebida e ilegal de esas propiedades.

Entre las consecuencias directas de estas decisiones, acordadas entre el Ejecutivo y las autoridades de la curia metropolitana, está el debilitamiento institucional del INAC y su capacidad presupuestaria, la creación de privilegios para una casta eclesiástica que está por encima de la ley y, por tanto, un retroceso político burdo de la naturaleza republicana de Panamá. Que las donaciones en dinero a las iglesias del erario público nunca son auditadas ni hay rendición de cuentas al fisco. Tampoco son discutidas las prioridades de estos proyectos en materia de patrimonio histórico ni cuáles son los renglones sociales afectados por tales donaciones.

Agradeceré que se publique esta aclaración que da mayor precisión y fuerza a mis opiniones.

A continuación, publicamos la versión del periodista Luis Burón-Barahona, en relación con las aseveraciones de Porras:

La doctora Ana Elena Porras aseguró en conversación por teléfono con este medio que la curia metropolitana no buscó los fondos para restaurar la Catedral. Lo reitera en su aclaración, en la que manifiesta que es testigo de que la curia es especialista en pedir dinero al Estado y a sus feligreses, pero no detalla con cuáles fines.

La transcripción completa de su respuesta al ser cuestionada sobre los $12.1 millones que entregó el Instituto Nacional de Cultura para la restauración de la Catedral:

“Lo que está mal es que se hayan donado las iglesias a la curia metropolitana. Eso es anticonstitucional, porque son patrimonio histórico cultural por pertenecer al Casco Antiguo. Por eso es prohibido en la Constitución que sean traspasados esos bienes a particulares. El Movimiento de la Identidad Panameña demandó eso el 11 de enero ante la Corte Suprema de Justicia.

Esa restauración le compete por Constitución al Estado de Panamá, a través del Instituto Nacional de Cultura, y de igual manera, los presupuestos que se asignen para esa restauración.

No solamente vienen y les regalan los inmuebles de las iglesias y sus terrenos que son los más cotizados en el mercado inmobiliario de Panamá -el área del Casco Antiguo-, y resulta que entonces se los traspasan a una institución que tampoco se hace cargo de buscar los fondos para su restauración, sino que además se le tienen que asignar los fondos, [es] una institución que no tiene la pericia en restaurar bienes coloniales, y por eso es que se dan algunas arbitrariedades en los criterios de restauración. No son personas competentes para esa función, no tienen la formación para ello y, además, no son competentes por la Constitución. Los bienes que figuran legalmente como patrimonio histórico cultural de los panameños deben ser resguardados, restaurados y protegidos por el Estado”.

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