Prevención de estafas en la emisión de ‘bonos basura’

26 DE DICIEMBRE.

El excelente reportaje, publicado el 22 de diciembre en Martes Financiero titulado: “R.G. Hotels, el vía crucis comienza”, hace que nos solidaricemos con lo expresado allí y elaboramos comentarios en ese sentido.

Las expresiones del economista Rodolfo Barraza representan el común denominador de los inversionistas en bonos, por el deseo de obtener mejor rendimiento de intereses por su inversión, bajo el supuesto de que la inversión en bonos represente una mayor seguridad, que en acciones cuya confiabilidad es muy limitada, y nos hace recordar la quiebra de empresas como Worldcom y Enron, de supuesta gran solidez financiera.

Pero la inversión en bonos, puede ser también engañosa. Sobre todo, si únicamente la decisión de inversión se confía en los estados financieros de las empresas que desean recibir un préstamo de los tenedores de bonos y, lo que es peor, de la repetida ingenuidad y credibilidad en la calificación y honestidad de los estructuradores de las emisiones y de los vendedores de estos valores.

No obstante, bajo ciertas circunstancias, la extraordinaria solidez financiera de los entes emisores permite la confiabilidad total para la compra en sus valores emitidos.

Ahora resulta cuestionable lo expresado por la Superintendencia de Valores, la cual indica que “los inversionistas no leen los prospectos”, cuando la Superintendencia debe ser el ente que profundice en el análisis de las emisiones y debería certificarlas y minimizar el riesgo a los inversionistas en valores.

Esta aseveración pretende trasladar toda la responsabilidad a los compradores de bonos y deja a un lado a los estructuradores de las emisiones, a los vendedores y a la misma Superintendencia de Valores.

Según esto, habría que confiar ciegamente en los prospectos y luego que los inversionistas –a menos que se respalden en expertos– estén en condición de hacer una evaluación profunda de las emisiones.

Coincidimos, entonces, con lo expresado por Fernando Sucre, siendo necesario “revisar la ley de valores y darle un papel más relevante a la Superintendencia de Valores”.

Específicamente, nuestro aporte es que se exija para la emisión de valores –tal como en un préstamo bancario– la presentación de una evaluación de factibilidad financiera del proyecto, incluyendo lo relacionado con los costos inherentes a la emisión, al igual que todo el conglomerado de pasivos, que contemple el proyecto de emisión.

Así, debía verificarse la factibilidad del proyecto en función de las deudas vigentes con todos los bancos y otras instituciones de crédito, típico de esta tragedia financiera.

Estas evaluaciones de factibilidad financiera deberían ser pagadas por el emisor, pero coordinadas por la Superintendencia, seleccionando esta el equipo técnico de evaluación de factibilidad financiera global de proyectos.

Estos análisis serían complementarios a los estados financieros, que solo presentan un “retrato” instantáneo de la empresa prestamista vía bonos, pero no la dinámica global de ingresos y egresos futuros potenciales.

Definitivamente, que esta recomendación constituye una medida de “prevención” para reducir el riesgo de quiebra y la necesidad de disponer de las garantías de la emisión, que ahora vemos que se convierten en una “caja de Pandora”.

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