En defensa del periodismo investigativo

Es difícil entender que ha sufrido un ‘daño moral’ el sujeto que, en una conversación telefónica, calumnió a los reporteros investigativos, alegando que recibieron sobornos.

29 DE DICIEMBRE.

Escribo en nombre de quienes no lo han hecho por temor a represalias. Para la ciudadanía fue una sorpresa desagradable saber que en el juzgado Decimotercero de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial, se condenó a la Corporación La Prensa y a la Editorial por la Democracia a pagarle a David Ochy Diez y a Daniel Ochy Diez la suma de 600 mil dólares, en concepto del “daño moral” causado por las publicaciones de La Prensa los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2012. Sin embargo, quienes lean el extenso expediente del caso se enterarán de que los demandantes habían exigido la increíble suma de 6 millones de dólares (http://www.organojudicial.gob.pa/wp-content/uploads/2015/12/Sentenciajuzgadocivil13.pdf).

En cuanto a daños se refiere, por una parte recordemos que La Prensa sí sufrió daños por la inmediata represalia de la que fue objeto, el 3 de agosto de 2012, siendo rodeada por una veintena de camiones de remolque y articulados –propiedad de una empresa de los sujetos arriba mencionados– para impedir la normal distribución de los diarios La Prensa y Mi Diario. Más tarde, el mismo día, trabajadores de una empresa de los Ochy se concentraron en manifestación de protesta ante la sede de La Prensa.

Por otra parte, es difícil entender que ha sufrido un “daño moral” el sujeto que, en una conversación telefónica, calumnió a los reporteros investigativos, alegando que recibieron sobornos. Amenazando con demandar a los periodistas y a la editora de la sección de Economía, dijo: “Yolanda Sandoval, que vayan viendo qué hacen cuando les meta la denuncia... Me voy a encargar de ellos”. Aseverando que estaría presente en la manifestación de sus obreros que tuvo lugar el mismo día del asedio a La Prensa, comentó: “Ustedes no van a jugar conmigo ni me van a tocar la nalga tres veces y yo me voy a quedar callado” (http://www.prensa.com/uhora/locales/tct-sitia-%C2%B4la-prensa%C2%B4/112494).

En mi artículo, “Los agresores de La Prensa: juzgados y censurados”, publicado el 13 de agosto de 2012, observé que el bloqueo de este diario había sido rotundamente censurado. Como inicialmente la Policía Nacional no intervino y el entonces procurador de la Nación José Ayú Prado rehusó hacer una investigación, escribí: “Muy mal parados han quedado tanto el gobierno de Martinelli como los que perpetraron el asedio –al estilo Far west– a La Prensa. Si alguien todavía confiaba en la integridad de este régimen, se le ha caído la venda de los ojos ante un escándalo más” (http://impresa.prensa.com/opinion/Prensa-censurados-Brittmarie-Janson-Perez_0_3454904564.html).

Hoy, cuando Martinelli y sus compinches se encuentran en graves dificultades, comprobamos que, debido al amiguismo, el clientelismo o a las presiones políticas, las instituciones estatales no siempre cumplen con sus deberes ni responden a los justos clamores de los ciudadanos.

En consecuencia, es imprescindible que las autoridades del Gobierno y la ciudadanía aprecien el papel vital que desempeña el periodismo investigativo en un régimen democrático. Los reporteros investigativos son centinelas que responden al llamado de quienes sufren atropellos e injusticias. Guardianes de la comunidad, descubren lo que otros quieren tapar: los abusos de poder y la corrupción. El periodista investigativo, en cumplimiento de su noble misión de proteger el interés ciudadano, debe ser preciso y valiente porque el material que trata es candente. Tiene que estar siempre a la espera de la ponzoña del alacrán que ha incomodado. Lejos de censurar o condenar el trabajo de los periodistas investigativos, funcionarios del Gobierno deben prestarles atención, verificar sus denuncias, tomar la acción debida y protegerlos de represalias y venganzas.

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