CIUDAD DEL SABER

Incongruencias legales en las áreas revertidas

Javier Tejeira, director de Pandeportes, señaló que llevará el caso de Clayton a la Procuraduría de la Administración.

La destrucción de dos de los cuadros de béisbol que existen en la Ciudad del Saber para dar paso a dos escuela privadas podría violentar la legislación panameña, según dio a entender Javier Tejeira, director general de Pandeportes.

De acuerdo con el mandamás del deporte nacional, las funciones adoptadas por la Fundación de la Ciudad del Saber, creada por Decreto Ejecutivo en 1998, sobre las áreas deportivas contrastan con lo establecido en la ley 20 del 29 de enero de 2003.

Jorge Arosemena, director de la fundación, señaló, por su parte, desconocer esta legislación, la que repasará en los próximos días con su equipo de abogados. Además, señaló estar en la espera de una reunión con Tejeira para conversar sobre los reemplazos de las dos canchas afectadas.

PROTECCIÓN DEPORTIVA

“La Autoridad de la Región Interoceánica (Antigua ARI, hoy Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, la que es administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas) deberá preservar, mantener o destinar al uso público o al mismo fin para el que originalmente fueron construidos o utilizados, los bienes y áreas bajo su custodia, aprovechamiento y administración que, antes de su reversión a la República de Panamá, se utilizaron para actividades educativas, culturales, recreativas y/o deportivas”, señala esta ley en su primer artículo.

En su artículo 3, la legislación aclara que la ARI, “por razón de que los bienes revertidos y áreas construidas, utilizadas para actividades educativas, culturales, recreativas y/o deportivas que son parte de los bienes revertidos, no se pudieran mantener o destinar para el mismo fin, ya sea porque alguna ley o el Plan General de Uso, Desarrollo y Conservación del área del Canal la haya formalmente adjudicado o dedicado a otro fin, podrá destinar en reemplazo áreas adicionales dentro de los polígonos descritos en el artículo siguiente”.

En su artículo 4, la ley pone a disposición las siguientes zonas: Brazos Brooks, en Colón; Chilibre, Chivo Chivo y Arraiján. El área más cercana a la Ciudad del Saber sería la de Chivo Chivo, ya que la zona ofrecida es la antigua zona de antenas de Clayton. Sin embargo, la misma está siendo desarrollada para la construcción de la Ciudad Hospitalaria. Incluso, se designan patronatos que cuiden y protejan el desarrollo deportivo y cultural de estas zonas.

El artículo 10 también tiene gran importancia sobre las funciones ejercidas por la fundación, ya que expresa que la ARI “podrá traspasar el dominio de los bienes a que se refiere la presente Ley al Ministerio de Economía y Finanzas para que a su vez lo traspase, asigne o dé en concesión a Pandeportes, al Instituto Nacional de Cultura, a los municipios, a las juntas comunales o al Ministerio de Educación, o para que dé su concesión a personas jurídicas, tales como fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales o clubes cívicos, recreativos o deportivos. La ARI y el Ministerio de Economía y Finanzas cuidarán de que se incluya en la correspondiente resolución de asignación, concesión o traspaso, una cláusula condicional que garantice que las instalaciones o bienes se mantendrán abiertos para el beneficio del público y de la población interesada, según la capacidad de la instalación”. Es decir, que las zonas deportivas debieron ser cedidas a uno de los organismos arriba mencionados, para que estos, a su vez, garanticen su apertura al público en general.

Juan Carlos Orillac, secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, aclaró que si bien la Ciudad del Saber tiene sus propias leyes, la zona se incluye dentro de lo que se denomina como áreas revertidas. La ley, a su vez, no hace excepción a esta fundación.

“Está incumpliendo la Ley 20 y la ejecución del tratado Torrijos-Carter. Algo bien grave”, señaló Tejeira. “Eso viene gobierno tras gobierno, ya que las siete canchas (de Balboa) fueron eliminadas. Nosotros queremos ver cómo se nos resarce a los que tenemos que ver con el deporte. El que se va a beneficiar con el terreno debe hacernos la cancha en otro lugar. La ARI puede darnos la cancha, y el promotor de esta nueva obra debe hacer la cancha (nueva). Considero que es lo justo”.

El director de Pandeportes manifestó que se reunirán con Arosemena para llegar a un acuerdo sobre el futuro de estas áreas. “Vamos a conversar con ellos. Porque realmente he recibido muchas llamadas y un poco de presión sobre todo de los deportistas y la dirigencia deportiva por lo que ha pasado con las canchas de la Ciudad del Saber, ya que esas canchas eran utilizadas por ligas infantiles, categorías menores. Iremos a la Procuraduría de la Administración a ver quién tiene razón”, añadió.

Incluso, Tejeira informó que estudiarán la ley a ver si pueden actuar de forma retroactiva sobre los siete cuadros, destruidos por la empresa Panamá Ports hace más de una década para hacer espacio para una zona de almacenamiento de contenedores. “Hay que ver el marco legal hasta dónde nos permite actuar”.

LEY DESCONOCIDA

Por su parte, Arosemena señaló desconocer la ley, pero manifestó que la fundación tiene la base legal necesaria para llevar a cabo las nuevas obras, contenidas en un plan maestro elaborado por la institución. “Desconozco la ley, pero vamos a averiguar. Por decreto ley de 1998, se nos da el patrimonio a la Fundación Ciudad del Saber. La fundación es dueña de esa finca. Ahí están las exigencias y obligaciones, las que hemos cumplido. Viendo que teníamos espacio limitado, preparamos con expertos nacionales y de Europa un plan maestro, el que cumplió con todos los requisitos de la Autoridad Nacional del Ambiente y del Ministerio de Vivienda, y ese plan privilegia las áreas verdes. En el plan se previó la construcción de dos colegios, y hay dos canchas que se ven afectadas”.

El Decreto Ley 6 de 1998 aprueba un contrato entre el Estado y la fundación, en el que en su acápite cuatro afirma que “EL ESTADO garantiza a LA FUNDACIÓN, el uso pleno y pacífico (sic) de los terrenos, edificios, instalaciones y demás bienes que le traspasa mediante el presente contrato”.

Sobre las declaraciones de Tejeira, quien señaló que los beneficiados de la destrucción de la cancha deben correr con los costos de la construcción de un nuevo campo, Arosemena manifestó que conversará con el director del Metropolitan School, a quien le planteará la situación. “Voy a conversar con los directivos de la escuela. No he hablado con ellos, pero estoy seguro de que ellos van a estar anuentes a contribuir. Hay que saber el costo exacto de la cancha. Nosotros también tenemos el interés de resolverlo positivamente y ponemos a disposición la mejor área para reubicar la cancha”, dijo. “Nos alegra mucho saber que el director de Pandeportes manifestó querer comunicarse con nosotros, para unir esfuerzos. Nosotros no sabemos de hacer canchas; Pandeportes, sí”.

En declaraciones dadas a este diario el 17 de octubre de este año, Arosemena sustentó que la cancha nueva tendría un costo por alrededor de los 300 mil dólares.

FALLAS AMBIENTALES

Para el abogado ambientalista Giovanni Olmos, quien fungió por 21 años como fiscal en el Ministerio Público, los juicios utilizados en la elaboración del plan maestro de la Fundación de Ciudad del Saber no han sido adecuados.

“Se aprobó un estudio de impacto ambiental categoría II, no obstante, la técnica legal ambiental ha enseñado que los proyectos que se aprueban mediantes planes de desarrollo se hacen de forma específica y no genérica, donde se aplican los criterios del estudio de impacto ambiental según el tipo de proyecto y analizando los criterios de protección sobre dicha obra o proyecto”, apuntó Olmos. “A mi juicio, disponer del área de los campos de juego con este estudio de impacto ambiental no legitima ni otorga la licencia o el permiso para esa actividad, ya que, como sabemos, dicho proyecto va a conllevar destrucción de áreas verdes, zonas de juegos [y habrá] ruidos, emisión de polvo y gases”.

“El Código Penal castiga a los promotores que inician obras o construcciones sin el estudio de impacto ambiental, y el criterio que utiliza la Ciudad del Saber de que cuenta con un plan complementado con un estudio de impacto ambiental categoría II genérico, no alcanza esta obra o proyecto. El análisis de los impactos ambientales concebidos en un plan no puede entenderse que amparan una obra como esta que va a alterar un área de deportes y actividades recreativas como lo es el parque Clayton. Por otra parte, el Decreto Ley 6 (que instituye a la fundación) fue promulgado antes de la Ley 41 General del Ambiente, por lo tanto se debe revisar con más cuidado este tema”, agregó Olmos.

El jurista señaló que el próximo 17 de noviembre se estará realizando una congregación, con varias figuras deportivas nacionales, en la que protestarán por la eliminación de estos dos cuadros.

Arosemena manifestó que revisará el estudio de impacto ambiental utilizado para la elaboración del plan maestro de la Ciudad del Saber. “Tengo que consultar con mi abogado. Estoy seguro de que cumplimos con todo lo que la ley nos pedía, y por eso tenemos todas nuestras resoluciones en orden”.

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