QUERELLA

ACP se remite a su regulación

La entidad señaló que la Ley 56 General de Puertos exceptúa a la Autoridad del Canal y áreas bajo su administración privada, que constituyen el Canal.

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El título constitucional del Canal se aprobó en 1994. El título constitucional del Canal se aprobó en 1994.
El título constitucional del Canal se aprobó en 1994. Archivo

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) afirmó que el Título XIV de la Constitución, además de la ley orgánica y los reglamentos, le facultan para desarrollar actividades complementarias o conexas al funcionamiento del Canal de Panamá.

La entidad respondió a una querella presentada por el abogado Guillermo Cochez en contra del administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, y algunos miembros de la junta directiva por supuestamente usurpar funciones de la Asamblea Nacional y de la Autoridad Marítima de Panamá, al promover el puerto de Corozal.

“Es totalmente falso que la actividad portuaria es una actividad privativa de la entidad denominada Autoridad Marítima de Panamá, ya que la propia Ley que crea la Autoridad Marítima de Panamá, y más importante aún, la ley de puertos, establece en su artículo 1, que la misma no le es aplicable a la Autoridad del Canal de Panamá”, indica la ACP en un comunicado.

Según el artículo 1 de la Ley 56 General de Puertos de Panamá, del 6 de agosto de 2008, esta regulación tiene por objeto establecer las normas rectoras de la actividad de los puertos y las instalaciones marítimas que existan o se construyan en la República de Panamá.

“Se exceptúan de la aplicación de esta ley la Autoridad del Canal de Panamá y las áreas bajo su administración privada, que constituyen el Canal de Panamá, las cuales están sujetas a su régimen especial, establecido en el Título XIV de la Constitución Política y en la Ley 19 de 1997 y sus reglamentos”.

Igualmente, indica que es falso que la Asamblea Nacional no haya dictado normas de carácter general para regular el desarrollo de actividades complementarias o conexas al funcionamiento del Canal de Panamá, ya que esta norma general está contenida en la Ley 19 de 1997, ley orgánica de la ACP, y faculta a la junta directiva del Canal para que apruebe tales actividades.

Sobre la facultad de la ACP para desarrollar actividades complementarias o conexas al funcionamiento del Canal de Panamá, indica la entidad que ya se ha referido la Corte Suprema de Justicia en el pasado en varias ocasiones, reconociendo que en el ejercicio de su facultad reglamentaria, la ACP no usurpa ninguna de las funciones de la Asamblea Nacional, ya que es por determinación de la propia Constitución que la facultad reglamentaria se delega en la junta directiva de la institución.

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