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APP buscan atraer capital privado a inversiones públicas

Las empresas tienen apetito para hacer inversiones con el Estado, pero es necesario un marco jurídico robusto.

Una Ley que nos hará más competitivos

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APP buscan atraer capital privado a inversiones públicas

La capacidad de inversión del sector privado en Panamá sextuplica a la del sector público. Mientras el gasto de capital del Gobierno es de unos $4,000 millones anualmente, las empresas invierten unos $24,000 millones. Así lo afirmó José Ramón Icaza, representante de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en el primer debate del proyecto de ley que crea las Asociaciones Público Privadas (APP).

“Hay apetito del sector privado que redundará en beneficio de todos, pero no se concreta porque no existe un marco jurídico robusto”, señaló el ejecutivo.

Ese marco legal se está creando con el proyecto de Ley 12, que fue aprobado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas el pasado lunes.

El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, señaló que la iniciativa reglamenta, regula y crea las estructuras necesarias para fiscalizar los proyectos de APP”.

Habrá un ente rector para aprobar o rechazar las solicitudes de APP que gestionen las entidades públicas.

El ministro de la Presidencia liderará el ente, en el que también participarán los ministros de Economía y Finanzas, Obras Públicas, Comercio e Industrias, Relaciones Exteriores y el contralor general de la República, que solo tendrá derecho de voz.

Este organismo definirá las áreas prioritarias para la ejecución de proyectos, así como la conveniencia y oportunidad de la contratación bajo la modalidad APP.

También aprobarán los pliegos de condiciones de las licitaciones y el texto del contrato del proyecto a licitar, además de autorizar el inicio de proceso de licitación del proyecto.

Como unidad de apoyo técnico y operativo al ente rector, se creará una Secretaría Nacional de APP. Estará a cargo de la elaboración de los criterios de selección de proyectos, así como la estandarización de procesos y los protocolos de colaboración entre las distintas instituciones vinculadas a su desarrollo.

Dará opinión sobre la admisibilidad de proyectos a ser ejecutados bajo esta modalidad y deberá efectuar actividad de promoción para que haya mayor competencia en los procesos de licitación.

Antes de iniciar la licitación, tendrá que verificar si se cumplen los límites establecidos en la ley, y que existe la partida presupuestaria.

Solo se licitarán por esta vía proyectos con un monto superior a $15 millones y no se podrá comprometer más del 30% del presupuesto de inversión de las entidades contratantes en los siguientes cinco años.

La ley crea además un comité consultivo que estará conformado por cuatro representantes de la empresa privada, dos del sector académico y dos de grupos de trabajadores. Tendrá entre sus funciones promover mejores prácticas para la implementación de la ley y podrá proponer proyectos.

Una Ley que nos hará más competitivos

Las Asociaciones Público-Privadas son una herramienta de desarrollo, mejoramiento y/u operación de infraestructura pública, destinada a satisfacer necesidades de la población, integrando al sector privado en el desarrollo de proyectos necesarios para el Estado, aprovechando capacidades financieras, económicas, técnicas y administrativas del sector privado.

El Proyecto de Ley No.12, que crea el régimen de APP, establece principios sólidos de obligatorio cumplimiento, aplicables en todas las etapas de los proyectos APP.

Se establecen medidas sobre inhabilitación para contratar, principios de publicidad, transparencia, rendición de cuentas, entre otros. Se excluye a los servicios de educación oficial, salud, seguridad pública, minería de recursos metálicos, y no aplica a ciertas entidades.

Las entidades públicas contratantes dentro del ámbito de aplicación identifican y preparan proyectos a licitar bajo modalidad APP. El proceso de licitación se desarrolla bajo un sistema de cumple/no cumple, y posteriormente análisis de la mejor propuesta económica para determinar al adjudicatario.

El Estado mantiene en todo momento el rol de fiscalizador (midiendo el cumplimiento del contratista APP), y los bienes y derechos del contratista APP pasan a la entidad pública contratante al extinguirse el contrato APP.

El desarrollo de un país no debe depender exclusivamente de las capacidades del Estado. Adoptar una Ley APP nos hará más competitivos en cuanto a la atracción de inversión privada para el desarrollo de Panamá.

El autor es abogado

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