transparencia y competitividad

Acciones al portador se definen en 2013

Bancos, fiduciarias, casas de valores y firmas de abogados podrán actuar como custodios autorizados de los títulos.

El debate sobre la conveniencia de inmovilizar las acciones al portador volverá a tomar protagonismo en los primeros meses de este año, cuando se espera que el Ministerio de Economía y Finanzas presente al Consejo de Gabinete y posteriormente a la Asamblea Nacional el proyecto de ley “que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador”.

La norma obligará a las sociedades que emitan certificados de acciones al portador a entregar tales documentos a un custodio autorizado. El objetivo último de la iniciativa es que se conozca el verdadero propietario de las acciones, elevando así la transparencia.

Bancos, fiduciarias, casas de valores y firmas de abogados podrán actuar como custodios autorizados.

En el caso de las acciones emitidas después de la entrada en vigor de la ley, las empresas tendrán un plazo de 30 días calendario para entregar los certificados de las mismas a quien designe como custodio.

Las sanciones por el incumplimiento de la ley ascienden hasta $25 mil para los custodios, quienes además podrán ser suspendidos de la actividad.

La medida responde a las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo que identificó en las acciones al portador un obstáculo en la lucha contra el lavado de capitales, la evasión fiscal y la financiación al terrorismo.

También se espera que el Foro Global de la OCDE examine la implementación de los estándares internacionales de transparencia de Panamá.

Panamá salió de las listas de paraísos fiscales del organismo en 2011, después de haber firmado 12 tratados que contemplan el intercambio de información fiscal con sendos países. En la actualidad entre convenios para evitar la doble tributación y acuerdos para el intercambio de información Panamá ha negociado más de 20 documentos de este tipo.

Uno de los argumentos de quienes se oponen a la inmovilización de acciones es que cuando los pequeños territorios como Panamá cumplen una meta, surgen nuevos requerimientos por parte de la OCDE. Abogados como Eduardo Morgan Jr. han calificado a este organismo como “un club de países ricos” que quiere “eliminar la competencia a sus socios en temas financieros. El tema no es el de las acciones al portador, sino el conocimiento del cliente o beneficiario”.

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