VENTANA FISCAL

Acciones al portador - Otra vez

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OPINIÓN

Nuevamente las acciones al portador (bearer shares) salen a la palestra pública, con sus defensores y sus detractores.

Quienes las defienden a ultranza se basan en el derecho de cada cual de realizar sus inversiones según los modelos legales existentes, incluyendo el anonimato y la privacidad de las acciones al portador, y en la defensa del sistema financiero de Panamá y de los servicios legales. Igual se alega el derecho a la soberanía que toda nación tiene, sin imposiciones e interferencias foráneas.

Los que las adversan, condenan el anonimato de las acciones al portador pues propicia el “blanqueo” de capitales y el fraude fiscal, identificados con otros colores. El “gris”, aplicado a fondos provenientes de negocios lícitos que no han cumplido con las regulaciones y/o controles fiscales de sus respectivos países, y el “negro” que tiene su origen en negocios ilícitos.

Cabe decir que ambos verdes necesitan el blanco.

La bandera de la condena la lleva hace tiempo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuestionando enérgicamente las acciones al portador y calificando de paraísos fiscales a las jurisdicciones que aún las permiten.

No faltan las advertencias de posibles sanciones.

La transparencia en las inversiones privadas en títulos o valores emitidos por personas jurídicas constituidas en Panamá empieza precisamente con la Ley 32 de 1927, que en su artículo 36 señala que la sociedad emisora deberá tener un Registro de Acciones el cual dará fe del titular de las acciones en circulación.

En dicho libro se asentarán los certificados en orden alfabético, el lugar del domicilio del tenedor, el número de acciones de cada certificado, la fecha de emisión y la suma pagada.

Esta transparencia se cumple a cabalidad cuando los certificados son nominativos, pero se tambalea cuando las acciones son emitidas al portador, pues solamente se anotará el número del certificado, la cantidad de acciones, la fecha de emisión y el valor pagado.

Las acciones al portador, por su propio anonimato, representan una clara oportunidad para jugar con la transparencia al dar cabida a ocultar, ante los ojos de la ley, fortunas no legítimas o que no se pueden comprobar legalmente.

También dan margen a evadir la aplicación de la Ley 18 de 2006, pues su traspaso o cesión se perfecciona “por la sola tradición del título” (artículo 30 de la Ley 32 de 1927) y ni siquiera requiere cambios en el libro de accionistas.

En conclusión, comprador, vendedor y hasta la misma sociedad emisora pueden pasar por alto la aplicación de la referida ley porque al “no documentarse la transferencia de los títulos, no se produce ninguna evidencia de su transmisión y por tanto no hay hecho imponible que se pueda gravar con impuestos”.

Aún así, debo advertir que las transferencias de valores al portador, aunque están fuera del alcance de la fiscalización de la Dirección General de Ingresos, no son transacciones exentas del impuesto sobre la renta. Y alguna señal puede quedar.

A favor del fisco está la tasa del 20% aplicable a las utilidades distribuidas a los dueños (poseedores) de acciones al portador, en lugar del 10% que se aplica sobre los dividendos pagados a los tenedores de acciones nominativas.

Tal parece que es el costo del anonimato, pero (siempre existe un pero) para escapar de ese 20% existen otras fórmulas sin salirse del marco de la ley.

A pesar de que debo aceptar que los títulos emitidos al portador tienen la ventaja de que su transferencia es simple, sencilla y sin mayores costos legales, también debo señalar que nacieron en una época donde la palabra valía más que una escritura pública.

Sin duda, tiempo y la gente han cambiado, y el paradigma tributario de entonces pasó a ser parte de la historia.

Termino recordando lo dicho por un excelente contador público autorizado, panameño defensor de la transparencia, que expresó lo siguiente: “si una persona no puede demostrar la legítima procedencia de su dinero que no lo traiga a Panamá”.

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