Cámara Baja de Estados Unidos da luz verde

Acuerdan ayudar a Puerto Rico

Un proyecto de ley crearía una junta de control para que ayude a administrar las obligaciones financieras del territorio estadounidense.
La isla tiene un déficit de más de $40 mil millones en el financiamiento de pensiones públicas. A los acreedores les inquieta quedar segundos en la lista de pagos. La isla tiene un déficit de más de $40 mil millones en el financiamiento de pensiones públicas. A los acreedores les inquieta quedar segundos en la lista de pagos.
La isla tiene un déficit de más de $40 mil millones en el financiamiento de pensiones públicas. A los acreedores les inquieta quedar segundos en la lista de pagos.

En un avance clave, los republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes llegaron a un acuerdo en principio con la Casa Blanca para ayudar a rescatar a Puerto Rico de su deuda de 70 mil millones de dólares.

Un proyecto de ley revisado y presentado la noche del miércoles crearía una junta de control para que ayude a administrar las obligaciones financieras del territorio estadounidense y que supervise la reestructuración de la deuda.

La iniciativa se alcanzó después de semanas de negociaciones. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan; la lideresa de los demócratas, Nancy Pelosi; y el secretario del Tesoro, Jacob Lew apoyaron ayer la iniciativa de ley.

Lew la calificó de “un compromiso bipartidista justo, aunque difícil”. Ryan, republicano por Wisconsin, dijo en un comunicado el jueves que la propuesta de ley podría evitar un rescate fiscal del territorio por parte de los contribuyentes estadounidenses.

El plan es “la solución más responsable de la crisis, porque da a Puerto Rico un camino hacia una reforma real, mientras al mismo tiempo protege a los contribuyentes”, aseguró.

La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes podría votar el proyecto de ley tan pronto como la próxima semana.

El presidente de la comisión, Rob Bishop, republicano por Utah, ha encabezado las negociaciones sobre la iniciativa y ha trabajado de cerca con Ryan, Pelosi y la Casa Blanca.

Bishop presentó una primera versión de la iniciativa el mes pasado, pero canceló una votación del comité ante las objeciones de ambos partidos. Desde entonces ha trabajado estrechamente con Ryan para ganarse a los conservadores, que temen que la medida siente un precedente ante los estados con problemas financieros, y a los demócratas a los que les preocupa que la junta de control sea demasiado poderosa y favorable a los acreedores.

El objetivo era redactar un texto que pueda aprobarse tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado antes de que Puerto Rico incumpla un plazo de deuda de 2 mil millones de dólares, que cumple el próximo 1 de julio. La nueva versión del texto incluye concesiones a republicanos, demócratas y miembros que quieren asegurarse de que el Congreso tiene la última palabra sobre quién se sienta en la junta.

Bishop esperaba presentar la propuesta la semana pasada, pero el miércoles informó que los retrasos se habían debido principalmente al nombramiento de los siete integrantes de la junta.

Según el nuevo texto, el presidente Obama escogería a todos menos uno de los miembros de listas proporcionadas por los cuatro líderes republicanos y demócratas de la Cámara y el Senado. Si Obama no elige de entre esas listas, los candidatos requerirán confirmación del Senado.

Los legisladores se han esforzado para que el texto de la ley impida que Obama pueda rechazar fácilmente a los nominados y la junta se elija con rapidez.

La última versión también elimina una polémica cláusula que habría transferido al Gobierno de Puerto Rico un terreno federal en la isla cercana de Vieques, una gran concesión a los demócratas, cuyos votos podrían hacer falta en la Cámara de Representantes.

El texto sí conserva una cláusula que permite al Gobierno puertorriqueño bajar los requisitos del salario mínimo federal para algunos trabajadores jóvenes, algo a lo que también se oponen los demócratas.

La junta de control exigiría al Gobierno de Puerto Rico la creación de un plan fiscal, lo que incluye orientar al territorio para proporcionar financiamiento adecuado para las pensiones.

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