irlandeses condicionan aprobación

Acuerdo permitirá avanzar en negociación del ‘brexit’

Tras el acuerdo Londres deberá respetar las leyes europeas, los compromisos financieros y la supervisión de la justicia europea.

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Los negociadores acordaron que Londres deberá pagar unos 45 mil millones de dólares en concepto de multa por abandonar el bloque europeo. Los negociadores acordaron que Londres deberá pagar unos 45 mil millones de dólares en concepto de multa por abandonar el bloque europeo.
Los negociadores acordaron que Londres deberá pagar unos 45 mil millones de dólares en concepto de multa por abandonar el bloque europeo.

La Comisión Europea y Reino Unido franquearon en la madrugada del viernes una etapa clave en el brexit con el primer acuerdo sobre los términos de su divorcio, un pacto que abrirá las puertas próximamente a discutir la futura relación entre británicos y europeos.

“Hemos podido hacer los progresos suficientes para entrar en la segunda fase [de negociación] entre los 27 y Reino Unido”, indicó el titular del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, en Bruselas junto a la primera ministra británica, Theresa May.

El anuncio tras una noche de trabajo por parte de los negociadores de ambas partes, quienes buscaban un acuerdo antes del domingo para que los líderes europeos pudieran dar su visto bueno en una cumbre la próxima semana.

Los europeos querían avances suficientes en la negociación de las tres prioridades del divorcio -liquidación financiera, derechos de los ciudadanos expatriados y la situación en la frontera en la isla de Irlanda- para poder pasar a la segunda fase de negociación, como reclama Londres.

Todo apunta a que los mandatarios europeos validarán en la cumbre del 14 y 15 de diciembre en Bruselas el acuerdo preliminar alcanzado y darán su luz verde a empezar a discutir las futuras relaciones a ambos lados de canal de la Mancha, así como un eventual período de transición

A partir del documento cerrado este viernes, ambas partes iniciarán la elaboración de un acuerdo de retirada final mientras se resuelven otros aspectos del divorcio, precisó la Comisión, advirtiendo que el texto final debe estar listo para el otoño de 2018, para dar tiempo a su ratificación.

La frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte se ha convertido en el escollo más importante en la recta final de esta primera fase de negociación, que tomó 172 días desde la primera ronda celebrada el 19 de junio pasado.

Aunque la UE y Londres estuvieron cerca de alcanzar este primer acuerdo el lunes, los socios unionistas norirlandeses del DUP, sin cuyos diputados May perdería el gobierno, frenaron las negociaciones, por lo que la líder volvió con las manos vacías.

Bruselas apuntó que “Reino Unido reconoce las circunstancias excepcionales de la isla de Irlanda” y asumió importantes compromisos para evitar una frontera física.

“En Irlanda del Norte, garantizaremos que no haya frontera dura”, apuntó May.

Dublín, que había amenazado con bloquear el paso a la segunda fase de negociación, celebró el acuerdo anunciado que, en palabras de su canciller, Simon Coveney, protege completamente el Acuerdo de Viernes Santo que puso fin a décadas de conflicto en Irlanda del Norte entre nacionalistas y unionistas.

Respecto a los expatriados, tanto los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido como los británicos residentes en el resto de la UE antes del 29 de marzo de 2019, cuando está prevista la salida efectiva de los británicos, mantienen sus derechos sanitarios, sociales y laborales.

“Hemos avanzado y nos han dado concesiones, pero creo que May lo ha hecho solamente para pasar a la segunda fase”, asegura a la AFP Joan Pons, enfermero español residente en Reino Unido, quien teme que en ese momento queden enterrados los derechos.

El acuerdo estipula también, respecto a la espinosa cuestión de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que los tribunales europeos deberán tener en cuenta la jurisprudencia existente en el momento de la retirada.

Tras el brexit, los tribunales británicos podrán durante ocho años plantear al alto tribunal europeo cuestiones de interpretación de la legislación.

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