Prácticas Monopolísticas

Acuerdos judiciales, la carta de la Acodeco

En las últimas dos semanas se han llegado a acuerdos judiciales con empresas lácteas y azucareras con procesos pendientes.
Alcance. Los defensores de los consumidores plantean la necesidad de incorporar en los acuerdos indemnizaciones para los clientes que prueben ser afectados. LA PRENSA/ Archivo Alcance. Los defensores de los consumidores plantean la necesidad de incorporar en los acuerdos indemnizaciones para los clientes que prueben ser afectados. LA PRENSA/ Archivo
Alcance. Los defensores de los consumidores plantean la necesidad de incorporar en los acuerdos indemnizaciones para los clientes que prueben ser afectados. LA PRENSA/ Archivo

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha cerrado este año cuatro procesos que involucran a una veintena de empresas por supuestas prácticas monopolísticas.

Esta herramienta de negociación, que implica llegar a un acuerdo con las empresas demandadas, conlleva este año el pago de al menos 825 mil dólares en concepto de multas por parte de las compañías que eran señaladas por violar leyes de protección al consumidor o por desplazar a competidores.

Tan solo en las últimas dos semanas la Acodeco logró transacciones judiciales con empresas lácteas y azucareras que tenían demandas o procesos pendientes en los juzgados.

Luego de lograr los acuerdos, faltaría que un juez determine el pago de la multa.

La figura conocida como transacciones judiciales se viene ejecutando desde 2009, cuando se gestó por primera vez con la empresa Telered al ser demandada por modificar unilateralmente los contratos para el pago en los comercios a través de tarjetas de crédito.

Se pudo conocer que actualmente se gestionan otros tres casos de empresas que solicitaron acogerse a un proceso similar.

La Ley 45 de 31 de octubre de 2007 establece que las empresas pueden llegar a un acuerdo con Acodeco y el administrador tiene la potestad de resolver cualquier proceso, ya sea en su etapa judicial o incluso en investigación.

Óscar García, director nacional de Libre Competencia, explicó que la figura de transacciones judiciales permite poner bajo su inspección permanente durante los próximos cuatro años a las empresas con las que se ha logrado un pacto. De esta forma se vigila que no estén incurriendo nuevamente en prácticas ilegales de competencia y que afecten al consumidor.

Si las empresas incumplen el acuerdo durante ese período de cuatro años, serán penalizadas con un pago de 250 mil dólares.

Este tipo de pacto, además de lograr una celeridad en el proceso judicial, le permite a las empresas pagar una multa inferior a la sanción máxima imponible que podría llegar a un millón de dólares.

Este punto es cuestionado por algunos sectores, que alegan que la Acodeco debe seguir con los procesos judiciales e imponer las multas máximas que plantea la ley.

El presidente del Instituto Panameño de Derecho del Consumidor y el Usuario, Giovani Fletcher, indicó que entiende el espíritu de los pactos acordados por el Estado, ya que se tiene que enfrentar a “juicios altamente complicados y costosos” por la cantidad de peritajes y diligencias que se efectúan.

No obstante, Fletcher cree que debería haber algún tipo de resarcimiento económico para los consumidores, que integran mayoritariamente el mercado afectado por prácticas anticompetitivas.

No se abre en ningún caso “alguna clase de ventana, en donde las personas que se sientan sustentadamente afectadas puedan ser parte de la gratificación patrimonial directa que recibe el Estado”, planteó este abogado.

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