VENTANA FISCAL

Adiós a la ANIP

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OPINIÓN

La Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), que nació en reemplazo de la Dirección General de Ingresos (DGI), tiene sus días contados, pues la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno recientemente declaró inconstitucional dos artículos de la Ley 24 de 2013, por la cual fue creada.

El primer artículo declarado inconstitucional es el número 1, mediante el cual nació la ANIP como una institución autónoma del Estado “con competencia nacional, personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, funcional y financiera.” Es decir, que tan pronto el fallo de la CSJ sea ley de la República, la ANIP dejará de existir y dará paso a la anterior DGI.

Aunque la DGI desapareció con la Ley 24 de 2013, y ésta a su vez pronto desaparecerá con el fallo de la CSJ, las actuaciones de una y de la otra siguen su curso normal como si nada hubiese pasado.

De lo que sí estoy seguro es de que la autoridad fiscal, cualquiera que sea su nombre o nivel, debe reforzar su personal en cuanto a cantidad y calidad.

Esto último requiere una pronta actualización de las normas fiscales y de las técnicas de las revisiones y auditorías fiscales. En otras jurisdicciones se ha utilizado la infiltración de investigadores como método para conocer las interioridades de las empresas cuando existen dudas razonables del cumplimiento de las obligaciones.

El segundo artículo de la referida ley al que pronto se le dirá adiós es el polémico número 14, con el cual se otorgaba al administrador de la ANIP un período de siete años, trascendiendo el período presidencial. Esto le echa tierra al nombramiento del 10 de mayo de 2013 realizado convenientemente por el Órgano Ejecutivo de ese entonces a favor de Luis Cucalón.

Además de los efectos del fallo de la CSJ sobre la Ley 24/2013, es necesario analizar las últimas actuaciones de la Anati por aquella perversa costumbre de “limpiar” las empresas que son propiedades del círculo cero del Ejecutivo que se fue el 30 de junio pasado, mediante resoluciones sustentadas con informes de auditoría que nacen en los escritorios sin una verdadera investigación fiscal.

Con la presunción de “cosa juzgada”, se expiden resoluciones amañadas y muy convenientes con el fin de que no haya lugar a verdaderas auditorías.

Así también se juega con los impuestos de quienes pagan sus obligaciones tributarias en debida forma.

Hemos entrado a una nueva era y se siente el optimismo. Todos esperamos que se elimine la mala utilización de nuestros impuestos, que haya más control en los gastos e inversiones del Estado (incluyendo las cuestionadas partidas circuitales), que se eliminen las trasnochadas adendas a contratos y concesiones de a dedo y que desaparezcan los “manzanillos” de todos los gobiernos.

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